Esto podría ser la crónica de una muerte anunciada. Más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas con plomo, níquel y cadmio se verterán al Guadalquivir en los próximos años. Y mientras tanto, en la Catedral de Sevilla se celebra una misa para bendecir este desastre. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, celebró el pasado domingo una misa de acción de gracias en la Catedral por la reapertura de la mina de Aznalcóllar, 27 años después de que protagonizara uno de las mayores catástrofes medioambientales de Europa. En su homilía, el arzobispo afirmó “con alegría” que se han cumplido “todos los requisitos para garantizar un desarrollo sostenible” y que “no hay contradicción entre trabajo y ecología”, tomando partido por la coalición negacionista formada por los gobiernos de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Aznalcóllar.
No resulta sorprendente que Saiz Meneses, el mismo que puso el grito en el cielo por una estampita del Grand Prix, pero no por los abusos sexuales en la Iglesia, tome partido por posiciones políticas reaccionarias y contrarias a la ciencia. Lo que sorprende es que estas mismas posiciones sean compartidas por sindicatos y organizaciones supuestamente progresistas, y que celebren la reapertura de la mina de Aznalcóllar como si no fueran los mismos que dicen que quien pierde la memoria está condenado a repetir los mismos errores.
El desastre de Aznalcóllar en 1998 pudo haberse evitado si se hubiera escuchado al movimiento ecologista y la comunidad científica, que llevaba años denunciando el mal estado de la balsa de lodos y la contaminación que ya afectaba a los ríos Agrio y Guadiamar. Tanto la Junta de Andalucía como la empresa minera, la multinacional sueca Boliden, hicieron caso omiso a las evidencias científicas. Los denunciantes tuvieron que soportar una campaña de desprestigio por "defender a los patos antes que a las personas", acusándoles de ir en contra de la población de Aznalcóllar y poner en peligro sus puestos de trabajo. Poco después, la riada de lodos tóxicos no solo arrasó con los ríos Agrio y Guadiamar, arruinando 4.600 hectáreas de terreno y contaminando acuíferos subterráneos y marismas, también arrasó con el modo de vida de miles de personas y dejó estancada la economía de Aznalcóllar, demasiado dependiente de la actividad minera.
Parece mentira. Los mismos que entonces se encerraron en la Catedral pidiendo soluciones, hoy dan gracias por repetir la misma historia. Después de casi tres décadas de parálisis, de renunciar a buscar alternativas de empleo más sostenibles, el futuro de Aznalcóllar vuelve a depender de una multinacional minera, Grupo México, que, entre otras cosas, es responsable del vertido de más de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, y la ruina sanitaria de 22.000 personas, muchas de las cuales han muerto como consecuencia de la contaminación por metales pesados. Igual que Boliden en Aznalcóllar, Grupo México consiguió salir impune de un desastre cuyas consecuencias son todavía incalculables. Y es que cuando se trata de minería extractiva no solo existe contradicción entre trabajo y ecología, también existe un peligro para la vida.
En el nuevo proyecto minero de Aznalcóllar, la empresa vuelve a utilizar el factor empleo para mantener rehenes a las administraciones y organizaciones sindicales, consiguiendo no sólo su apoyo, también subvenciones públicas millonarias. En este caso, el proyecto conlleva el vertido al Guadalquivir de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas de metales pesados como níquel, plomo y cadmio, comprometiendo el futuro de Doñana y la viabilidad de todas las actividades económicas vinculadas al estuario. Estamos hablando del medio de vida de decenas de municipios, de miles de puestos de trabajo que están en riesgo, todos los asociados a la actividad arrocera, ganadera, pesca, marisquera, deportiva o turística.
¿Qué solución les daremos a todas estas personas si el vertido sigue adelante? ¿Un nuevo encierro en la Catedral y vuelta a empezar? Porque no, no se trata de agua “prácticamente potable” como dice la empresa minera, ni se podrá embotellar, como dice el alcalde de Aznalcóllar. Si fuera así, ¿por qué no usarla para regadío?, ¿por qué se construye una tubería de 30 km para verter al Guadalquivir en vez de al Guadiamar, que está mucho más cerca? Igual que entonces, intentan desprestigiar a todas las voces que intentamos avisar de la catástrofe, basándonos en las evidencias científicas y los datos, como los aportados por organizaciones como Ecologistas en Acción o el Catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, Jesús Castillo.
El subsuelo andaluz está atravesado por la Franja Pirítica Ibérica, rica en metales críticos que son fundamentales para la transición energética. En el actual contexto geopolítico de competencia por las tierras raras y la soberanía energética, la Unión Europea considera que Andalucía es una zona estratégica, una “tierra de sacrificio”. Es por esto que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha un plan estatal para explotar los yacimientos andaluces y el gobierno de Moreno Bonilla ha acelerado la autorización de nuevos proyectos mineros. ¿A quién beneficia entonces la reapertura de la mina de Aznalcóllar, al pueblo andaluz o a Von der Leyen? ¿Es el futuro de Andalucía otro precio a pagar para facilitar el rearme impuesto por Europa y EEUU?
No se puede defender Andalucía y justificar el modelo extractivista que está depredando nuestra tierra. No se puede ser andalucista y alinearse con los “señoritos que invocan la patria” para después venderla. Ser andalucista es estar con el pueblo que defiende su tierra, es trabajar por un futuro ecofeminista, por nuestros servicios públicos y en contra de los recortes y de la corrupción, vengan de donde vengan. Defender Andalucía es estar en contra de los vertidos de Aznalcóllar y de celebrar el requiem aeternam del Guadalquivir. Que nadie diga mañana que no lo sabíamos. Que nadie se atreva a rezar ante el cadáver del río cuando hoy bendicen su envenenamiento.