Un sintecho de Jerez, en una imagen de archivo.
Un sintecho de Jerez, en una imagen de archivo.

Mucho se lleva hablado de la propuesta estrella del Gobierno para “combatir”, lenguaje bélico que tanto me disgusta, la emergencia social producida por Covid-19. Esa “cooperación” (me gusta más este término) entre Estado y ciudadanía confinada sin acceso al empleo, bien por despidos y autónomos de baja previos al suceso, parados de larga duración, y otra infinidad de supuestos, se van a ver compensados por algo llamado ingreso mínimo vital.

¡Qué bien!... o quizás no tanto. Mucho llevo comentado en artículos previos, sobre las propuestas que desde Equo Verdes tenemos para hacer frente al colapso social que se intuye, y una de las que he repetido en varias ocasiones es la instauración de una renta básica universal incondicional.

Muchos autores llevan años explicando minuciosamente en qué consiste, cual sería su cuantía, cómo se abordaría el proceso y la cuantía de su puesta en marcha, pero en este artículo voy a intentar explicar sin profundizar, los conceptos de tal propuesta.

Renta, como bien indica la palabra, es una asignación dineraria que toda persona recibiría mensualmente. Básica, el objetivo es cubrir las necesidades primarias de toda persona, techo, suministro de agua, alimentación y energía. Universal, incluye a todas las personas que vivan en el lugar de su implantación. Incondicional, no tiene en cuenta parámetros económicos, familiares, ni de ningún otro tipo.

Llegados aquí el lector seguro tendrá preguntas, sobre su cuantía unitaria, su método de implantación, el coste presupuestario, etc, pero la pregunta clave es: ¿La renta básica universal incondicional es una prestación más? Y la respuesta clara es no, no se trata de las obligaciones que como país firmante de la Carta Social Europea tenemos adquiridas para erradicar la pobreza, y que sistemáticamente se están derivando hacia las comunidades autónomas para la gestión e implantación de la renta mínima, ni tampoco la propuesta del Gobierno atiende a dicho requisito con el ingreso mínimo vital, porque toda prestación no contributiva (como es el caso) contiene varios errores de concepto, no cubre el riesgo de pobreza, su gestión burocrática es interminable por adolecer el sistema de funcionariado suficiente para cumplir los plazos de respuesta que la propia administración regula por ley (en Andalucía se están gestionando ahora las solicitudes ¡de junio de 2019!), estigmatiza a quienes lo solicitan debiendo demostrar fehacientemente que son pobres dentro de los pobres, y excluye a los perceptores de los subsidios de la posibilidad de encontrar un empleo, precario y temporal en la mayoría de los casos, que les excluiría automáticamente de las ayudas concedidas sine die.

Entonces si la RBUI no es una prestación no contributiva,d ni un subsidio, ni una ayuda, ¿qué es? Es un derecho que como tal debe desarrollarse en ese entorno. Como renta que es debe abonarse mensualmente en la cuenta de la persona, como es básica debe establecerse una cuantía que podría ser la actual base que regula los subsidios (el 80% del congeladísimo IPREM) o bien un 75% del SMI (cifra que estaría más cercana al objetivo firmado en la Carta Social Europea), como es universal todas las personas tendrían el mismo derecho al igual que tenemos el derecho a una sanidad pública que nos atienda desde el nacimiento hasta el fallecimiento, y como es incondicional la cobrarían los ricos, los pobres, los de en medio, altos y bajos, rubios o morenos.

Al ser un derecho evitamos las situaciones antes mencionadas con el actual (y parece futuro cercano con el Ingreso Mínimo Vital) sistema de subsidios, nadie tiene que demostrar que es pobre, se acaban mecanismos clientelares desde los gobiernos, desaparecen las interminables jornadas y horas de trabajo de los funcionarios gestionando documentos que pueden aprovechar a realizar otras tareas necesarias en la administración, y termina la disyuntiva entre la búsqueda activa de empleo versus el cobro del subsidio porque ambos son compatibles y suman a la ecuación final generando una vida más digna.

Quizás si ha llegado el lector hasta aquí podrá seguir pensando que es inasumible para las arcas del Estado, para lo cual le conmino a leer cualquier artículo de Daniel Raventós, y verá que es económicamente posible, si lleva aparejado un profundo cambio en la fiscalidad claro, porque resulta evidente que el presupuesto asignado debe salir de algún lugar. 

Pero no se preocupe el lector, la RBUI es un factor positivo económicamente al 70% de la población, un 20% se quedaría igual y un 10% (todo ello cifras aproximadas leyendo a varios autores) son los que contribuirían más a su implantación, pero al fin y al cabo, ¿No nos dijeron que vivimos en una sociedad progresiva fiscalmente, y que el que más tiene más debe aportar? En mi opinión la voluntad política es la clave en la implantación de una renta básica universal incondicional, porque las partidas presupuestarias ¡están para hacer política, señoras y señores! 

No había dinero para Sanidad pero sí lo había para rescatar al sector financiero, hay dinero para comprar material bélico pero no para material sanitario, es falso, hay presupuesto para lo que se quiere desarrollar, y se demuestra en esta crisis, si hasta las reglas de gasto público ¡se han disuelto en el café de Bruselas!

Imaginen que la Sanidad no es un derecho, sino una prestación, usted llega al médico y en vez de preguntarle qué le ocurre empieza a preguntar si está activo laboralmente, si no lo está cual es su situación en el SAE, si está de alta en una prestación contributiva (cobrando paro o pensión), o bien en una asistencial (subsidio, renta mínima, renta activa de inserción, pensión no contributiva), o directamente no está (economía sumergida), y a partir de ahí, antes de atenderle le solicita documentación fehaciente de su “status”, para saber qué tipo de pruebas médicas tiene cubiertas y cuáles no, y además le invita a esperar en su domicilio la respuesta de la administración en un par de meses, para que dependiendo de su situación, le prescriba un analgésico, una radiografía, o un examen completo.

Esto es lo que ocurre cuando se convierte un derecho (vivir una vida digna) en una mercancía de clientelismo político.  Las grandes crisis como la actual son momentos de oportunidad, y son también momentos para las grandes decisiones. Implantar ahora un sistema de renta básica universal incondicional supondría completar el sistema de protección social en España, eliminando costes burocráticos, garantizando una renta para todos los hogares, y lo más importante, pensar que la protección social debe dejar de tener un enfoque asistencial y pasar al de los derechos, un salto cualitativo más que cuantitativo.

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