Un campamento refugiado en la frontera Este de Europa.
Un campamento refugiado en la frontera Este de Europa.

Esta semana, Grecia anunciaba la suspensión durante un mes del derecho a pedir asilo ante la situación de sus fronteras con el Estado turco. Este planteamiento no significa que antes existiese un camino fácil para la petición de asilo, los migrantes que huían del conflicto sirio desde la crisis de refugiados en 2016 se encontraron con impedimentos, desinformación y desbordamiento administrativo, pero, hasta ahora ningún país europeo se había atrevido a suprimir el derecho de asilo que no deja de ser un Derecho Humano como recoge la declaración universal de los derechos humanos ene su artículo 14.

La situación en Grecia era dramática, el Gobierno griego ha tolerado de facto que grupúsculos fascistas ataquen a refugiados, migrantes y hasta las propias ONGs que prestaron su apoyo. Ante este escenario y el trato inhumano que se está ofreciendo en las fronteras, el Gobierno griego ha optado por una medida drástica a golpe de decretazo, privando a los refugiados de la posibilidad de acogerse al Convenio de Ginebra. Cabría pensar que la Unión Europea de la Carta de los Derechos Fundamentales, la elaboradora del Sistema Europeo Común de Asilo, haría algo al respecto y, efectivamente, lo hizo. Los presidentes de las Instituciones de la UE han prestado su apoyo a la decisión tomada por Grecia, reduciendo el sistema de asilo a la utopía.

En realidad, este apoyo era previsible, en cierto modo Grecia ha actuado desde la desesperación porque desde la crisis de refugiados de 2016 antes mencionada no se ha gestionado este problema. Cuatro años que no se han seguido las directrices marcadas, no se han apoyado a los países limítrofes con la distribución de solicitudes de asilo, no se ha asumido el cupo correspondiente en el reparto realizado por el programa de reubicación y reasentamiento de la Unión Europea.

En su momento, se decidió por una solución que en España ya tenemos experiencia, externalizar el conflicto. En la frontera sur occidental es Marruecos, en el Mediterráneo central es Libia y en el este europeo es Turquía. A diferencia de la tranquilidad que intentan proyectar con estas medidas, el problema no desaparece, aumenta. Ahora mismo son Estados que defienden los Derechos Humanos los que tienen el poder para presionar, amenazar y chantajear.

De este modo, cada vez que Turquía quiera presionar solo tiene que levantar la protección y la vigilancia de sus fronteras y romper la burbuja en la que viven los Estados europeos. Porque se aprovechan del miedo, y para el ciudadano medio europeo parece que no hay mayor miedo que el migrante. Un migrante que huye de conflictos bélicos armados gracias a la aportación armamentística europea, entre otras. Pero Turquía posee otras armas que no requieren de elaboración y de metal: personas desesperadas huyendo de situaciones inhumanas. Y son las armas más eficaces para hacer perder la compostura a Europa.

Dévika Pérez Medina es doctoranda en derecho penal por la Universidad de Cádiz.

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