Que no te engañen: los okupas no son el principal problema de España

Francisco Romero

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Antes de terminar la carrera, empecé mi trayectoria, primero como becario y luego en plantilla, en Diario de Jerez. Con 25 años participé en la fundación de un periódico, El Independiente de Cádiz, que a pesar de su corta trayectoria obtuvo el Premio Andalucía de Periodismo en 2014 por la gran calidad de su suplemento dominical. Desde 2014 escribo en lavozdelsur.es, un periódico digital andaluz del que formé parte de su fundación, y con el que obtuve en 2019 una mención especial del Premio Cádiz de Periodismo.

Carteles de Stop Desahucios, en una imagen de archivo. FOTO: PAH
Carteles de Stop Desahucios, en una imagen de archivo. FOTO: PAH

¡Alerta! ¡Cuidado! ¡Los okupas están al acecho! El mensaje, con matices, copa tertulias de televisión, espacios radiofónicos y portadas de periódicos desde hace unas semanas. El peligro de que salgas de casa y a la vuelta esté viviendo otra familia que te deje en la calle es prácticamente nulo en España, pero los medios y políticos conservadores hablan del tema como si fuera el principal problema de los españoles. De las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad y de los “desahucios silenciosos” —los ejecutados por no poder pagar el alquiler—, que se han disparado durante los últimos años de crisis, ni una palabra.

La campaña está perfectamente orquestada. La crisis incipiente provocada por el coronavirus, que apenas ha enseñado la patita, y que traerá una bajada de las rentas y de los precios de los alquileres —inflados sobremanera—, provocará que entidades, bancos y fondos de inversión, principales propietarios de viviendas en España, vean reducidos sus ingresos y no puedan especular. Y ante esta situación, ¿qué queda? Meter el miedo en el cuerpo a la población y, de paso, vender las magníficas alarmas que comercializan empresas que insisten en el mensaje del peligro de la okupación, día sí y día también, en los medios de comunicación.

El horizonte es negro. Si ahora mismo hay 12,3 millones de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social —según datos del informe El Estado de la Pobreza. España 2019 IX Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión de la Red Europea Contra la Pobreza (EAPN por sus siglas en inglés)—, cuando pase el tsunami del coronavirus serán muchos más. Entre comer y pagar la vivienda, ya pueden imaginarse qué elegirán estas familias. De hecho, desde que empezó la crisis en 2008 se ha desahuciado a un millón de familias —unos 2,5 millones de personas se han visto en la calle—. Ahora, según la PAH, se produce un desalojo cada doce minutos, el 68% por no poder pagar el alquiler, pero ya nadie habla de eso, y mucho menos se solidariza con estas personas.

Los desahucios han pasado de indignar a no importar a la población. Hay tantos que ya ni se tienen en cuenta. Triste pero cierto. Y en los próximos años habrá muchos más. Ante eso, los grandes propietarios de viviendas han iniciado una campaña de criminalización del movimiento okupa —que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados para rehabilitarlos y usarlos con fines sociales, políticos y culturales— y de las personas que usurpan viviendas, que cada vez son más y que aumentarán previsiblemente en vista del profundo tajo en la economía que provocará la pandemia.

Pero, ¿es tan alto el peligro de que verse en la calle al salir a comprar el pan o irse de vacaciones? Hay pocos datos al respecto, y sobre todo no están actualizados, pero los que hay disponible no dicen eso. Durante 2019 se usurparon en España un total de 14.621 viviendas, según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, es decir, unas 40 cada día y 2.407 más que en 2018. De esas, unas 3.000 pertenecen a particulares. Los seis primeros meses de 2020, con el coronavirus invadiendo nuestras vidas y dejando sin sustento económico a muchas familias, se registraron 7.450 usurpaciones, por las 7.093 del mismo periodo del año anterior.

Pero, ¿cuántas viviendas hay ocupadas en todo el país? Es difícil calcularlo, pero se estima que rondan las 100.000. El Institut Cerdà elaboró en 2017 un estudio en el que estimaba que había 87.500 familias ocupando viviendas en España, principalmente “pisos vacíos pertenecientes a entidades bancarias o fondos de inversión, y pertenecientes a parques públicos de alquiler”, aunque tras estos tres últimos años eleva la cifra hasta el centenar de miles de viviendas, muy parecida a la que calcula la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la mayoría de ellas “de bancos y fondos buitre, que tienen viviendas vacías para especular”, explican en Verne. De esas 100.000 —aproximadamente—, unas 20.000 son de propietarios particulares. “Las familias vulnerables suponen el 90% de las ocupaciones”, insiste la PAH.

España cuenta con más de 25 millones de viviendas, 3,5 millones de las cuales están vacías —no tienen uso ni como segunda residencia ni están en alquiler—, según el último censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, en 2011, que volverá a actualizarse en 2021. Es decir, con estos datos se puede concluir que en torno al 0,4% de las viviendas del país están usurpadas. Cada día se interponen 41 denuncias por ocupación, cuando en 2018 eran 33 diarias. Bajo esa premisa llevan bombardeando a la población sobre lo peligroso que es dejar una casa vacía. Recuerda: ¡los okupas están al acecho!

La realidad es bien distinta. La mayoría de viviendas usurpadas son de fondos buitre, bancos y entidades financieras, quienes junto a grandes empresas aliadas con compañías de alarmas, están detrás de esta campaña. Es verdad que se ocupan viviendas, que hay particulares con casas usurpadas, pero no es ni mucho menos un problema mayoritario. En cualquier caso, si se sufre una okupación se puede optar por varias vías para solucionarlo.

Hay que distinguir entre vivienda habitual y segunda residencia: en el primer caso se trata de un delito de allanamiento de morada —se puede resolver en 24 horas— y en el segundo de usurpación —es lo que se conoce como okupación—, y que gracias a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil —conocida como Ley Antiokupa— aprobada en 2018 se puede desalojar a los ocupantes en cinco días si el propietario es un particular, aunque dependerá de la saturación del juzgado que se encargue. El primer delito puede ser castigado con penas de entre seis meses y dos años de cárcel y el segundo con multas de entre tres y seis meses.

En definitiva, las okupaciones existen y las denuncias por usurpación se han incrementado en los últimos años, pero ni son mayoritarias las ocupaciones de viviendas particulares, ni hay indefensión en caso de que se produzcan. De la falta de vivienda pública en alquiler a precios asequibles, de la burbuja inmobiliaria que infló —y apenas bajó durante la crisis— los precios de venta de inmuebles y alquileres, del millón de desahucios ejecutados o de las condenas de la ONU a España por violar el derecho a la vivienda, ya hablamos otro día. O lo mismo no.

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