El papel que juegan, o, mejor, que deben jugar, los partidos políticos en un Estado democrático, que ha de garantizar, para serlo realmente, la participación de la ciudadanía, es una cuestión básica que parece diluida en la realidad en que vivimos. Como sabemos, en la definición constitucional, esta participación se articula principalmente, aunque no únicamente, a través de los partidos, cuyo funcionamiento debe ser democrático, insiste la Carta Magna. De la misma forma, encomienda la defensa institucional de los derechos e intereses de trabajadores y empresarios a las organizaciones sindicales y empresariales.
Son (debieran ser) los partidos los primeros interesados en preservar este rol esencial que les atribuye la Constitución. Lejos de ser un mero texto declarativo, tiene, dentro de su Título Preliminar, carácter verdaderamente fundacional del Estado. Cómo se articula esa forma de participación corresponde a cada organización de acuerdo con sus estatutos, normas que han de respetar el referido mandato constitucional de garantizar su democracia interna. Deben, además, asegurar la posibilidad de articular propuestas políticas a la sociedad en el marco de los planteamientos ideológicos que correspondan.
Sin embargo, la ciudadanía no percibe esta función esencial y, lo que es seguramente más grave, tampoco parece que sea asumida como una cuestión principal por parte de la dirección de los partidos. Estos se están convirtiendo auténtica y casi exclusivamente en plataformas, basadas en el marketing y en la estrategia electoral, confundiendo el medio – conectar eficazmente con la ciudadanía, que es un objetivo legítimo – con el fin, que queda circunscrito a lograr o mantener el poder, sin otras consideraciones.
Se agota así la capacidad de propuesta en favor de la mera táctica oportunista, anteponiendo siempre lo inmediato y coyuntural a lo estructural. O lo que es peor, sacrificando aspectos determinantes del modelo de país y de la convivencia para simplemente satisfacer cuestiones o problemas de coyuntura. Cuando se confunden coyuntura y estructura se provocan distorsiones de hondo calado, en muchas ocasiones de difícil compostura.
La desaparición provocada de cualquier debate interno insiste en este aspecto. Se confunde intencionadamente el propio debate, o que se reclame, con indisciplina, y el culto a la dirección se exige en la misma proporción en que aumenta la desorientación de los participantes o militantes ante los cambios inesperados de estrategias y de postulados que “defiende” el partido.
Aunque pueda ser una dinámica silente – y muchas veces, no tan silente –, estamos en un momento de cuestionamiento real de la democracia y de favorecimiento de modelos populistas, autocráticos o directamente autoritarios, basados también en el culto al líder, aunque pretendan sustentarse en sistemas formalmente electivos. Así las cosas, fundamentar toda actuación programática en la mera táctica, siempre de corto alcance, es abandonar el sentido mismo del partido como instrumento de participación. De nuevo, las consecuencias son constitucionales.
La sublimación de la táctica –que, insistimos, es legítima siempre que no sea exclusiva y excluyente de la participación– supone que el cálculo electoral o la capacidad de influencia en la “opinión pública” (ese ente tan abstracto como relevante) se antepone siempre a la labor que debiera ser ineludible: atender a los problemas de país. Prospera de esta forma un ecosistema curioso, con gran capacidad de incidencia en la conformación actual de la vida pública. La creación de contenidos, su multiplicación a través de medios tradicionales y redes, y la colaboración de opinadores profesionalizados, se convierte en la forma en que se componen y determinan las cuestiones objeto de debate.
En un contexto de esta naturaleza, los profesionales que normalmente deberían, con un perfil técnico, ayudar a la dirección de los partidos, asumen nuevas funciones. Al liderazgo le resulta cómodo convertir a estos expertos en “gurús”, de sabiduría misteriosa e intuición afilada, que se sienten cómodos en la cultura del “culto al líder” porque simplifica su trabajo el responder sólo ante él, evitando otros órganos de participación y dirección del partido. Aislar y bunkerizar al propio líder, es una tentación demasiado sugestiva como para no considerarla una grave amenaza en determinadas manos.
El excesivo poder otorgado a estos “gurús” de la actividad política representa, en definitiva, tantos riesgos como supone la posible pérdida de confianza en el sistema democrático. Abandonar en tales manos la decisión de los temas de debate a considerar implica, además, una concepción infantilizada de la ciudadanía que no se corresponde ni con la realidad ni con el respeto que esta merece.
El perfil de los “gurús” es variado. Los hay que basan y justifican la actuación política exclusivamente en el “resultadismo” electoral para la suma de mayorías parlamentarias; también los que pretenden manejar la opinión pública en base a informaciones, contrastadas o no, para condicionar o directamente desprestigiar al adversario y a las instituciones, en muchas ocasiones en favor de intereses personales no explicitados; a algunos se confía la gestión controlada de daños reputacionales, y no dudan en incumplir o tergiversar el deber de transparencia, etc. Pero, como ejemplo más actual y más sofisticado, hay “gurús” con poder auténtico de acceder y manejar nuestros datos para conformar perfiles que les permite interferir directamente en la construcción de nuestra posición política.
Los partidos con auténtica vocación de gobierno deberían responder a esta realidad reforzando la construcción orgánica y la capacidad de elaborar proyectos compartidos, anteponiendo el interés general a los intereses particulares, con la voluntad de crear consensos en un mundo con grandes incertidumbres y en clara transformación. En este mundo actual, donde la gestión de datos que define los nuevos sistemas inteligentes puede afectar a la conformación de la propia voluntad individual y colectiva, los partidos no deberían olvidar su función fundacional. Lo contrario supone ceder a riesgo de crear una auténtica crisis del modelo democrático. Ello supondría su propia acta de defunción y, como también les puede ocurrir a sus propios “gurús” tradicionales, ser sustituidos por el algoritmo.