Bajo la denominación, con no pocas dosis de eufemismo, de “reto demográfico” se alude a uno de los más importantes procesos de transformación social, económica, pero, sobre todo, humana, que estamos viviendo a escala global. El análisis que requiere una cuestión como esta, considerando la entidad e intensidad de los movimientos migratorios, sus distintas perspectivas y, sobre todo, su complejidad, contrasta con una recurrente simpleza de argumentos.
Esta simplicidad es patente, de manera muy destacada, en quienes azuzan el odio y el miedo al otro como auténtico leit motiv de sus postulados, centrando la esencia de su programa político, que se autodenomina transformador, en el rechazo a la inmigración. Más correctamente, abominan selectivamente de determinados tipos de inmigrantes, los más desfavorecidos. Nada nuevo; es algo propio del populismo: aportar soluciones aparentemente simples, pero irreales, a problemas complejos y reales.
Por otra parte, y sin colocarlos en un mismo plano, quienes tienen el deber político de abordar responsablemente la cuestión han de plantear soluciones consensuadas y transversales, considerando todos los elementos y perspectivas de un tema que se encuentra dentro de los ocho principales problemas de percepción por parte de los españoles a nivel global (encuesta del CIS 2024 sobre Tendencias Sociales).
Y son justamente las percepciones individuales las que impulsan las dinámicas migratorias. Las personas migran buscando unas mejores condiciones de vida propias o para su familia. Entre esas percepciones fundamentales se encuentran los desequilibrios asociados a la renta, a la natalidad, a la esperanza de vida y a la falta total de expectativas frente al modelo ideal que exportan los países desarrollados –que, por otro lado, se afanan en replicar “urbi et orbe” sus estereotipos culturales. Y, por supuesto, también se encuentra la expansión de conflictos —algunos tristemente silenciados— de los que las personas quieren huir para sobrevivir.
Ante situaciones como las descritas, pensar que levantar “muros” físicos o normativos pueda ser otra cosa que una solución coyuntural, es un acto de infantilismo. Estos días la sucesión de borrascas que han azotado a Andalucía han llenado nuestros pantanos y nos han enseñado la “física” del problema. ¿Qué sucede cuando los embalses están completamente llenos? Que el caudal del río continúa como si no hubiera presa.
Pero veamos algunos datos significativos. La franja de edad de personas hasta 25 años es claramente mayoritaria en los países con bajo nivel de renta (un 61.4% en cifras de 2024, conforme los datos de la OIT). Mientras, en los países de alto nivel de renta, este porcentaje es sólo del 27,1%. En estos, la población con más de 65 años representa algo más del 20% y tienen un buen nivel de cobertura prestacional; en aquéllos, el porcentaje de población de dicho rango de edad es sólo del 3,2%, reflejando una menor esperanza de vida consecuencia de la pobreza estructural. El denominado “efecto llamada” está originado en la constatación de esta realidad.
La cuestión demográfica no solo tiene este componente externo. Hay elementos internos que se deben incluir en la ecuación. En los países de alto nivel de renta, el envejecimiento de la sociedad y el descenso de la natalidad invierten la pirámide de población y requieren la presencia de personas jóvenes de otros países para cubrir necesidades de mano de obra. Esto pese a la progresiva prolongación voluntaria de la actividad laboral. Los inmigrantes vienen a ocupar trabajos necesarios en sectores de la producción o de servicios que no son apetecibles para los ciudadanos de origen. La pandemia nos situó ante la realidad de qué actividades eran realmente esenciales. Aunque se den tasas formales de desempleo importantes —como ocurre en nuestra tierra—, se demanda mano de obra extranjera para actividades que todos vemos hoy como fundamentales.
En un reciente documento de la OIT (“Cambio demográfico en Europa y Asia Central: abordar el problema de una fuerza laboral que envejece y se reduce”), se aporta una serie de claves a considerar que nos devuelven a la necesidad de plantear unos “primeros principios” de actuación.
Partiendo de la connatural complejidad del tema, remite a la necesidad de abordar “un proceso de reflexión y compromiso”, de forma que, solo a través del diálogo social, gobiernos, empleadores y trabajadores “pueden identificar soluciones adaptadas a cada contexto nacional, al tiempo que abordan las presiones comunes del cambio demográfico”. En este proceso de reflexión, que se reclama abierto, la “inclusión” se plantea como objetivo y como “respuesta práctica” a la reducción del número de personas en edad de trabajar que se da, sobre todo, en países de Europa occidental.
La demografía es un aspecto esencial a considerar en la conformación de cualquier modelo de estado; y, por supuesto, de un modelo de estado social como el que mandata nuestra Constitución. Valorar la incidencia de un crecimiento de la población basado en personas que no han nacido en el país, pero, también, considerar la estructura de la propia población, son aspectos necesarios.
Para algunos esto significa que las personas inmigrantes “no caben”, como si el país fuera un cajón, porque asocian su integración con un incremento de gasto que solo los nacidos en el país de origen contribuyen a sostener (sin incluir el necesario debate sobre el modelo fiscal, que también habría que tener en cuenta). La propia sostenibilidad del sistema de protección —empezando por el sistema de Seguridad Social— requiere la incorporación de personas de otras nacionalidades a un mercado laboral de cuya actividad (y de cuyas aportaciones fiscales) termina por depender.
El reto demográfico presenta otras variables a considerar. La tendencia a la despoblación en el ámbito rural y los saldos migratorios internos, no siempre favorables en nuestros territorios, afectan también a su conformación y requieren de medidas para evitar la decadencia poblacional y los riesgos de desprotección asociados.
Por todo ello, el abordaje de la cuestión migratoria desde la referida simpleza de argumentos, claramente intencionados en muchos casos, es terrible, demostrando unas dosis de cinismo e hipocresía sonrojantes y peligrosas, por las consecuencias que podrían provocar. Por ejemplo, se presenta como un debate cultural del que depende la “pureza de la raza” —no otro es el tipo de argumentos que rezuman determinados postulados—. Así lo reflejan las alusiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos con respecto a Europa, con la importante significación que tiene; así se muestra en las acciones de su administración y así se ve en las declaraciones e intenciones de determinados líderes políticos. Es la denominada teoría del “gran reemplazo”.
Tristemente, los postulados racistas —cuyos efectos parece que sólo percibimos con claridad cuando tocan a personas cercanas— impiden, entre otras cosas, una aproximación serena a una cuestión compleja; a los problemas lógicos que derivan de la integración de personas de otros países en los modelos democráticos occidentales, cuyo estatuto de derechos y deberes deben (debemos) respetar todos; al no siempre fácil equilibrio entre los derechos personales a la identidad cultural o religiosa con la necesaria observancia de los principios de convivencia de los países de acogida; y, también, a los problemas asociados a la delincuencia, que se quiere ligar indefectiblemente a la inmigración como si los que tenemos edad y memoria no recordáramos una España sin inmigrantes, con más delincuencia que hoy, protagonizada por españoles.
La marginación y la pobreza eran y son las verdaderas causas. Antes y ahora, el Estado de derecho siempre debe dar respuesta a la delincuencia cualquiera sea la nacionalidad o el lugar de origen del presunto delincuente, que no lo será por el solo motivo de su nacionalidad, sino por la comisión de un delito. Por cierto, nadie se preocupa de la procedencia de las grandes organizaciones criminales que actúan con relativa impunidad en nuestras fronteras, y en algunos casos desde la propia capital del reino.
La evitación de guetos, el poder de las mafias en origen y, no lo olvidemos, en destino, que se aprovechan de la debilidad y situación de necesidad de las personas migrantes y de su anhelo de una vida simplemente soportable, es otro deber que hay que atender, que requiere de los mayores consensos y de una actuación transnacional que hoy en día parece una quimera.
Y con todos estos aspectos, hay uno que es básico, previo y que trasciende a cualquier planteamiento sobre la cuestión. Nos referimos a la humanidad y fraternidad que requiere el tratamiento de cualquier tema que afecta a personas, a seres humanos que deberían mantener intactos sus derechos básicos a la vida, a la integridad física y a la dignidad personal. En este punto, la Iglesia Católica mantiene una posición clara y firme desde la encíclica que publica Francisco y que, como corresponde, sigue defendiendo León XIV. “Fratelli Tutti” es una lectura muy recomendable, casi obligada, para los católicos y para los que no profesan su fe.
De base, hay una gran cuestión pendiente: qué hay detrás del odio al extranjero, a la actuación exacerbada y violenta contra los inmigrantes y por qué personas a las que se presume una formación adecuada insisten en este tema. Posiblemente, como en otras épocas, la respuesta esté en la pretensión de buscar un enemigo común sencillo de señalar como culpable de “todos los males”, con la que conseguir la conexión de las clases populares con las nuevas oligarquías. Pero esto requiere otro análisis.