En la vida política española existe una anomalía sistémica que, por cotidiana, hemos dejado de cuestionar con la gravedad que merece: la asimetría de la justicia y el blindaje mediático. Mientras formaciones políticas como Podemos, independentistas y líderes como Mónica Oltra han sido objeto de un asedio judicial constante, ahora también, Begoña Gómez, pareja del presidente del gobierno y el ex Fiscal General del Estado, el Partido Popular (PP) habita en una realidad paralela. Es imperativo desmontar una falacia: el PP no tiene ningún caso de lawfare porque no es la víctima, es el arquitecto.
La "policía patriótica" nunca busca en los cajones de Génova porque no se investiga a quien se protege, ni se ataca a quien tiene como encargo dirigir la orquesta. El PP no se mancha las manos directamente; subcontrata la guerra sucia a una red de actores instrumentales que operan a la orden. El lawfare del PP se fabrica a través de pseudo asociaciones satélites como Abogados Cristianos o Manos Limpias actúan como brazo armado judicial interponiendo denuncias falsas y querellas temerarias.
Resulta pasmoso observar cómo un sector de la judicatura inicia procesos judiciales basándose en la nada. Un ejemplo paradigmático es el caso Neurona que afectó a Podemos, una macrocausa mediática iniciada con gran estruendo y que, tras años de instrucción, acabó en un goteo de archivamientos sin encontrar el sustento de la corrupción. Para sostener estas mentiras, necesitan tipos tétricos como MAR y una camarilla de falsos periodistas como Inda o Negre, instrumentalizando incluso a migrantes como Ndongo o hijos de migrantes como Quiles para amplificar el odio.
¿Cómo es posible que los dirigentes del PP tengan noticias previas a las actuaciones judiciales? Porque el sistema trabaja para ellos. Es una simbiosis perfecta: los agitadores lanzan el bulo, las pseudo-asociaciones ponen la denuncia y el juez afín abre la causa.
La corrupción del PP no es solo económica; es moral y letal. Detrás de cada sobrecoste y de cada privatización se esconde una vida desatendida. A sus dirigentes, sencillamente, no les importa la vida de las personas si interfiere con el negocio. Ejemplos paradigmáticos de esta frialdad son las 7291 víctimas de las residencias en Madrid durante la pandemia, abandonadas a su suerte mediante protocolos sanitarios que negaron la atención hospitalaria. Esta política de muerte se replica en la lógica de convertir la sanidad en un mero negocio, es el modelo impulsado por el PP y lo vemos en el HU de Torrejón gestionado por el grupo Ribera. Se reproduce con el programa de mamografías en Andalucía, un ejemplo de cómo los recortes en los cribados preventivos se traducen en un riesgo directo para la vida de las mujeres. Es la misma ausencia de empatía respecto de las víctimas de la DANA en Valencia, donde primó favorecer al sector turístico y a empresas amigas, como Mercadona, que envió a sus trabajadores a repartir en plena tormenta, lo que se tradujo en una gestión nefasta de la crisis que acabó con 230 vidas humanas. La corrupción no es solo robar; es gestionar la crisis con una calculadora en la mano.
¿Cómo es posible que un partido podrido por tramas, condenado, se atreva a denunciar corrupción ajena? Porque el PP es el instrumento político de una estructura de poder empresarial y mediática que lo blinda. Determinados grandes medios y empresarios no son espectadores; son los corruptores originales que usan al PP como gestor, cuyo electorado, es una mezcla de lealtad tribal, ingenuidad ante la manipulación y, sí, una validación implícita de la corrupción. Son electores influenciables, víctimas de esa burbuja mediática infecta.
Y aquí entra el PSOE. Su inacción es la consecuencia directa del pacto de la Transición, que dejó intacta la estructura empresarial y judicial que sostuvo al franquismo. Los mismos jueces que sentenciaban a muerte en el Tribunal de Orden Público amanecieron al día siguiente como demócratas en la Audiencia Nacional. El Estado profundo nunca se depuró, y el PSOE ha preferido convivir con él antes que sanearlo.
El escenario actual es crítico. Es necesario que el Estado de derecho y democrático reaccione y haga cirugía a fondo contra la corrupción para detener a la ultraderecha, que está fagotizando al PP. Por otro lado, fuerzas políticas de izquierda que han sufrido este lawfare fabricado por mantenerse incorruptibles, tienen el reto de hacer valer su resistencia ética.
Para evitar el colapso democrático, necesitamos unas medidas imprescindibles, como la reforma Integral del Poder Judicial, democratizando el acceso a la judicatura y renovar el CGPJ sin bloqueos partidistas; promulgar una Ley contra el Lawfare y la desinformación, sancionar penalmente la fabricación de pruebas falsas y el uso de litigación maliciosa por parte de asociaciones pantalla. El endurecimiento de las incompatibilidades (puertas giratorias) es otra medida eficaz, rompiendo el vínculo entre grandes empresas corruptoras y política. Establecer la responsabilidad patrimonial de los Partidos, esto es, que las organizaciones políticas respondan con su patrimonio ante la corrupción y, por supuesto, desarrollar una Pedagogía Democrática, fomentando una educación crítica que permita a la ciudadanía identificar a los intoxicadores mediáticos y penalizar la corrupción en las urnas.
No es admisible que el futuro de nuestros hijos esté hipotecado por una élite empresarial y política que ha convertido a España en su cortijo particular. La corrupción no es un error, es un modelo de negocio. Por eso, además, de votar por la decencia, el trabajo honesto y por una política como servicio público, hay que invertir por la vida, la dignidad de la vida y el fin de la impunidad.