Estamos viviendo temporalmente una experiencia de confinamiento obligatorio (y necesario) que nos puede servir, además de para frenar la curva de contagios y proteger a la población, para aumentar nuestra sensibilidad con respecto a la situación de las personas que se encuentran internadas en las prisiones de nuestro país.
Durante el estado de alarma decretado por el Gobierno nadie ha puesto en duda que el hecho de tener restringida la libertad de circulación de toda la población deba llevar aparejada la suspensión otros derechos fundamentales, especialmente el derecho a la salud o a comunicarnos con nuestras familias.
Sin embargo, esta misma lógica no se aplica en el interior de nuestras prisiones. Lamentablemente en la Apdha conocemos bien las carencias que existen en materia de salud (y otras) en el ámbito penitenciario. Es por esto por lo que una de las primeras acciones que se ha desarrollado desde nuestra entidad y otras más de 50 organizaciones de defensa de derechos humanos ha sido reclamar medidas adecuadas para paliar los efectos del coronavirus en el interior de prisión.
La propia OMS y el Consejo de Europa han recomendado a los Estados medias alternativas a la privación de libertad para las personas más vulnerables al virus y con un perfil de bajo riesgo delictivo (personas mayores de 70 años, mujeres embarazadas y con hijos/as dependientes, enfermos graves con patologías previas), proponiendo medidas asequibles como la conmutación de sentencias, libertad anticipada, libertad condicional, etc. Al mismo tiempo es urgente que se refuercen las plantillas médicas disponibles en todos los espacios privativos de libertad y que se faciliten las comunicaciones entre aquellas personas que están encarceladas y sus familias.
El martes pasado falleció por coronavirus la primera persona presa en nuestro Estado, una mujer de 78 años de la cárcel de Estremera, donde han aparecido dos personas más diagnosticas con el virus. Urgen medidas para la protección de estas personas y una atención médica adecuada en todas las prisiones. Estas medidas de carácter humanitario son imprescindibles para contener los efectos de la propagación del coronavirus así como la angustia creciente de las personas internas y sus familiares.
Otros efectos no víricos, pero aún más perjudiciales son por ejemplo el comportamiento autoritario e improcedente del director de la prisión de Botafuegos en Algeciras, quien ha emitido una circular con contenido amenazante, advirtiendo que en caso de altercados “cuando acabe esta situación que cada palo aguante su vela y que quien avisa no es traidor”. Esto constituye un trato inhumano intolerable dentro de nuestro ordenamiento jurídico denunciado por la Apdha y que debe ser sancionado para evitar un deterioro aún mayor de los Derechos Humanos de las personas presas.
Los funcionarios de prisiones y los familiares de los presos han advertido de que las cárceles se pueden convertir en un refugio para el virus, poniendo en peligro no sólo a los reclusos, sino también al personal que trabaja en ellas.
Hasta en el represivo y siniestro sistema carcelario estadounidense han percibido la gravedad de la situación: los estados están liberando a miles de reclusos, y el sistema penitenciario federal está recibiendo enromes presiones para que haga lo mismo. En España vamos lentos. Es urgente la adopción de medidas alternativas para las personas enfermas en prisión y particularmente de aquellas que pertenecen a grupos de riesgo
Hoy podemos comprender un poquito mejor cómo se siente una familia que no puede abrazarse, o lo difícil que es ver pasar del tiempo dentro de un recinto a la espera de retomar la vida plena y libre, o cómo nos alivia el confiar en que volveremos a ver a las personas a quienes queremos porque disponemos de derechos que lo harán posible. El coronavirus nos está dando muchas lecciones, ojalá no suspendamos la materia porque no habrá recuperación posible.
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