EDITORIAL. La alcaldesa y candidata del PP exprime el Gran Premio, celebrado en el fin de semana con masivo éxito de público llegado hasta Jerez y la provincia, como plataforma de campaña política: por un lado, apretando a la Junta para que pague más por la celebración del evento; y por otro, regalando a capricho pases gratuitos a colectivos de la ciudad.
Jerez ha vivido un nuevo y exitoso largo fin de semana de Gran Premio de Motociclismo en su circuito (y ya son 28 ediciones consecutivas), sin incidentes graves que reseñar y con una respuesta motera inmejorable en cuanto a entrada en las instalaciones públicas. Las altas temperaturas han invitado a disfrutar también de nuestro litoral, por lo que de seguro los visitantes no han podido exprimir mejor la experiencia. Otra cosa es lo que haya dado de sí la presencia de moteros en el casco urbano, cada vez más competido y exigido por otras poblaciones de la provincia con fuerte tirón en lo que a la motorada respecta.
Es evidente que la desproporción entre lo que aportan la ciudad y los jerezanos, y los que se benefician en el entorno de la dimensión de uno de los mayores eventos deportivos del país es abismal.
Independientemente de la valoración en cuanto a impacto económico y ambiente para Jerez, que cada cual saque sus propias conclusiones, es evidente que la desproporción entre lo que aportan la ciudad y los jerezanos (hagan negocio o no, les gusten las motos o no), y los que se benefician en el entorno de la dimensión de uno de los mayores eventos deportivos del país es abismal. Hasta esta edición, en virtud del convenio cerrado a finales de 2011, la Junta de Andalucía aporta algo más de 3 millones y medio de euros de los alrededor de 6 millones que cuesta el canon para la celebración de la prueba, que como se sabe explota la empresa Dorna. Menos de lo que aportaba tras entrar en el accionariado de Cirjesa, la empresa pública que gestiona el trazado, en 2008, pero mucho más de lo que vino aportando en las casi primeras dos décadas de celebración de la prueba, que era poco o nada.
La alcaldesa, María José García-Pelayo, exige contenida al Gobierno andaluz que redoble su contribución a un evento que, más allá de lo deportivo, revierte de una manera o de otra en beneficio de toda la comunidad autonómica. Ahora toca renegociar el convenio con Dorna, con la gran ventaja de que el patrón de las dos ruedas, Carmelo Ezpeleta, sabe que la presencia de Jerez en su calendario mundial es insustituible. No en vano, es el que más dinero genera de los cuatro grandes premios en territorio nacional.
El reparto de entradas gratuitas (a 55 euros en taquilla) para asistir a la celebración de la prueba motociclista es del todo una práctica reprobable en cualquier contexto pero más aún a las puertas de una campaña electoral
El reparto de entradas gratuitas (a 55 euros en taquilla) para asistir a la celebración de la prueba motociclista es del todo una práctica reprobable en cualquier contexto pero más aún a las puertas de una campaña para las elecciones municipales que ella rogó que fuese “limpia”. Y aquí no vale la socorrida y perezosa excusa de que ‘eso lo han hecho todos’ porque significa aceptar que como se hacía muy mal en el pasado no importa que se siga haciendo peor hoy. Y supone, en la práctica, aceptar que como nos llevan años administrando el dinero público a capricho (por no decir otra cosa), poco importa o poco se puede hacer ante la imposibilidad de que lo sigan haciendo.
El reparto ha sido masivo y más pronto que tarde se conocerá la cifra exacta de entradas distribuidas arbitrariamente (se habla de unas 400) entre asociaciones y una hermandad del mundo rural. También está por confirmar ese ágape en el OVNI del Circuito a numerosos representantes del mundo vecinal, pero se da el caso que incluso algunas de esas entradas gratuitas han sido revendidas por sus beneficiarios para sacar algún dinero, lo que forma parte ya de una perversión aún mayor pero que, en parte, demuestra la crisis social y económica que sufre Jerez y que ni García-Pelayo, ni su partido, el PP, han sido capaces de contener y aliviar en cuatro años de mandato. Pensando siempre que el ciudadano es bobo o que se compra con cuatro regalitos, los políticos no podrán inaugurar obras en períodos preelectorales (tampoco había gran cosa que inaugurar), pero nadie dijo que estaban prohibidas fórmulas aún más burdas de, al menos tratar, de condicionar el voto.Y no pasa absolutamente nada. De momento. Porque ¡ay! del jerezano que haya abonado religiosamente sus 55 euros para acceder a la zona de Pelousse del circuito (el monte, como se le conoce) y le dé por poner una denuncia contra el Ayuntamiento por haber regalado invitaciones bajo el estricto criterio de la total y absoluta arbitrariedad, sin libre concurrencia. Que todo puede ocurrir.