Las patentes de las vacunas, ese negocio

Cristóbal Orellana.

Cristóbal Orellana

Licenciado en Filosofía (US), Diplomado en Geografía e Historia (UNED), Máster en Archivística (US), Máster en Cultura de Paz y Conflictos (UCA), de profesión archivero, de militancia pacifista, de vocación libertario, pasajero de un mundo a la deriva.

Una enfermera prepara una vacuna.
Una enfermera prepara una vacuna.

Lo más incomprensible de esta crisis, aparte de la devastación económica y social, derivada de la pandemia del coronavirus es que no se hayan liberado inmediatamente las patentes de las vacunas, así como el hecho de que los estados no hayan puesto en marcha, a mucha más velocidad, vacunas a millones de dosis cada mes que puedan inyectarse en la población y así salvar muchos miles de vidas.

Que el criterio comercial y de lucro de las empresas privadas esté primando por encima del criterio público y de beneficio sanitario colectivo de la sociedad es algo que debe hacernos pensar mucho. Debe hacernos pensar, debe obligarnos al debate y debe traducirse en medidas políticas concretas que, para la próxima pandemia, eviten las devastadoras consecuencias que hemos visto en estos meses atrás. Seamos claros: ante la pandemia y la crisis a ella aparejada, de grandes dimensiones, los estados han debido actuar con otros criterios, no plegándose a los intereses económicos de las farmacéuticas y productores privados de vacunas. Plegarse a ellos ha provocado retrasos, ineficacia, lentitud, gasto público, muertes…

Así que para la próxima pandemia es normal que los ciudadanos, que al principio de esta crisis no teníamos ni mascarillas, veamos como un error peor que intolerable que el estado español no actúe con más racionalidad previsora. Porque además es bien sabido que el estado español, a través de sus redes de hospitales y de investigación científica, posee capacidad sobrada para fabricar vacunas y salvar decenas de miles de personas.

Igual que otras pandemias, como la del sida o la del ébola, deberían recibir tratamientos políticos y técnicos internacionales mucho más eficaces, mucho más basados en la acción publica. ¿Y la ONU?, ¿no debería estar la capacidad política y técnica de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, para arrimar el hombro y actuar a tiempo?. ¿No hay medidas de prevención contra estas pandemias?, ¿qué se puede y se debe hacer al respecto?.

Aparte de pasar algunas vacunas a los países más pobres del mundo, ¿no ha llegado la hora de evitar gastar miles de millones de euros y de dólares en gastos militares y dedicarlos a infraestructuras sanitarias estables en todos esos países que las necesitan?. En vez de despilfarrar el dinero en las guerras y en la fabricación de arsenales de destrucción, ¿no ha llegado la hora de dotar a esos países pobres -porque otros los han empobrecidos- de las ayudas necesarias para evitar tantas y tantas muertes?. Los estados pueden hacer mucho más de lo que hacen.

Parece que la degradación ambiental y el cambio climático, así como cuestiones como el modelo industrial de fabricación de carnes o productos derivados de la cría masiva de animales en grandes granjas de producción, son dos de las causas de esta pandemia. No sabemos, y es difícil imaginar tal hipótesis, si en la raíz de esta pandemia hay algo que ver con los gabinetes de investigación de armas biológicas de los distintos ejércitos del mundo. Pero esta sería una hipótesis conspiranoica, lo reconozco.

Infografía.
Infografía.

El caso es que esta pandemia nos ha abierto a todos los ojos respecto a asuntos como la necesidad incuestionable de la liberación de las patentes en función de criterios sanitarios públicos indiscutibles. ¿O puede entenderse y admitirse de algún modo que el estado y sus autoridades sanitarias no tengan a la población debidamente protegida cuando el gasto militar crece año a año?. Recortar o desatender las necesidades en infraestructuras hospitalarias, o personal médico o capacidad tecnológica o de investigación sanitaria cuesta, según estamos viendo, demasiadas vidas. Esta es la cuestión.

Las patentes, en casos de excepcionalidad como el que vivimos, no pueden ser más que asumidas inmediatamente por el estado y, en todo caso, compensadas económicamente en la medida en que se considere proporcionado, justo. No es que se esté en contra del derecho de las personas y las empresas a lucrarse con sus iniciativas económicas particulares, es que es obvio que en estas circunstancias tan graves no hay modo de mantener la dignidad social y los intereses de la mayoría sin liberar las patentes. ¿O hemos de seguir admitiendo, como de hecho está ocurriendo, que las empresas que fabrican las vacunas se enriquezcan con dinero público mientras se aplican lentos programas de vacunación que dejan por el camino tantas y tantas víctimas?.

El estado y el gobierno no son responsables de la pandemia, evidentemente, pero sí lo son de las medidas que se toman para atajar sus efectos, las consecuencias humanas. No querer actuar en orden a liberar las patentes (y tomar otras medidas similares que protejan sanitariamente a la población) atenta, además, por razones obvias, contra los fundamentos del sistema político democrático en que vivimos (no debe gobernar el capital privado y los intereses particulares de algunos).

El estado tiene capacidad científica y tecnológica para fabricar vacunas y salvar, antes de verse obligado a padecer planes de vacunación tan lentos, muchas vidas. El estado tiene capacidad científica y tecnológica para afrontar preventivamente otras pandemias que, parece, podrían originarse en adelante. Cruzarse de brazos los gobiernos, sin construir laboratorios y plantas de fabricación de vacunas a millones de dosis, y trasvasando ingentes sumas de dinero público a las farmacéuticas, son vías de solución de esta crisis que no son de recibo porque, como se está viendo, los ciudadanos podemos morir a decenas de miles.

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