Lo que paso en Cataluña hasta el 1 de octubre del 2017, inclusive, contuvo actos ilícitos pero no hubo ningún delito colectivo. La acción colectiva indistinta o informe nunca puede ser responsable penalmente. Puede haber coaliciones para el crimen (banda u organización criminal) o actos criminales de una persona jurídica (partidos o empresas) pero no hay un pueblo criminal. Tampoco existe una responsabilidad penal vicaria que recaería en asociaciones o instituciones públicas representativas o dirigentes de las acciones colectiva multitudinarias. Presuponer la validez de cualesquiera de estas posibilidades implica negar las bases del Estado de derecho (niega la naturaleza individual de los derechos) y la democracia (niega la autonomía de la voluntad colectiva) .
Mas allá del debate jurídico sobre la adecuación procesal del juicio a los líderes nacionalistas catalanes del cual se derivan las condenas a los presos y la polémica actual sobre los indultos: La sentencia del TS condenatoria es una sentencia jurídica y por tanto discutible dentro del campo normativo, aunque roce peligrosamente lo político. Pero la resolución denegatoria de los indultos es claramente una acción política camuflada como jurídica y esto es lo grave. Por eso la inquisitorial exigencia de arrepentimiento y no reincidencia como si de un de un delito se tratara toda la acción colectiva que conduce al 1 de octubre del 2017. Pues aunque se considere que estos individuos cometieron los delitos por el que fueron condenados, lo que exige el TS, como condición reglada y jurídica, es un arrepentimiento político. Las decisiones políticas colectivas pueden ser criticadas, y así lo ha hecho Oriol Junqueras en su conocida carta o no lo han hecho otros dirigentes catalanes presos.
El arrepentimiento implica una dimensión ética y/o moral que comporta el reconocimiento público e íntimo de la perversidad o maldad de la intencionalidad de la acción y no ya, y sólo, de sus resultados. La independencia de Cataluña como la unidad de España no son bienes intrínsecamente valiosos. El derecho a decidir sí. ¿De cualquier manera? No. El problema político está en que el Estado español no solo no permite sino que obstaculiza de todos los modos un ejercicio ordenado y democrático de este derecho. El error político de las nacionalista catalanes después del 1 de octubre es no haber sido coherente con aquello que denunciaban y que no era otra cosa que los obstáculos antidemocráticos al ejercicio del derecho a decidir. Es un disparate lógico deducir del no ejercicio del derecho a decidir uno de los posibles resultados del ejercicio efectivo de tal derecho: la declaración unilateral de independencia, una DUI meramente retórica como en la sentencia el propio TS reconoce.
Los procesos políticos y sociales no son sólo, ni fundamentalmente, el producto de la intencionalidad de unos pocos, ni de la decisiones individuales agregadas de muchos, y por ello, su tratamiento penal forma parte de la ilusión jurídica que reduce la democracia al derecho y la sociedad a la norma.
No hay nada de lo que arrepentirse. De lo único que debíamos arrepentirnos es de ese afán inquisitorial de arrepentimiento. No hay nada de lo que arrepentirse pero sí mucho que corregir y en este camino los indultos son un instrumento valioso para que el derecho a decidir, la democracia, sea posible. Esto lo saben muy bien los que se oponen a los indultos porque ellos lo que no quieren es una solución democrática. Los empecinados de Colón son el mayor peligro para la unidad de España que tiene este país.
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