La reciente autorización por parte de la Mesa del Congreso de unas jornadas negacionistas de la violencia machista que tendrán lugar el 4 de septiembre en el sala Ernst Lluch del Congreso de los Diputados, bajo el título “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina”, evidencia no sólo una flagrante irresponsabilidad política de los grupos parlamentarios que la han autorizado (PSOE y PP; con el voto en contra de Sumar) y que el Gobierno avala; sino también configura una forma de violencia institucional que socava la credibilidad del Estado de Derecho y sus leyes, especialmente las normas de igualdad y protección contra la violencia estructural que se ejerce sobre las mujeres; vaciando la lucha contra la misma y desafiando al movimiento feminista.
La violencia de género es un ataque a los derechos fundamentales
Desde el mismo Preámbulo, la Ley Orgánica 1/2004, declara que la violencia de género es un grave ataque a los derechos fundamentales de las mujeres, tales como la dignidad, la vida, la integridad física y moral, la igualdad, la libertad, el respeto y la capacidad de decisión, entre otros. En una democracia consolidada, como se supone que es España, las instituciones públicas tienen la obligación constitucional y legal de garantizar los derechos fundamentales y proteger a las poblaciones más vulnerables a través de medidas de acción positiva, como lo es la Ley Orgánica de Violencia de Género, que prevé medidas tendentes a revertir las situaciones de desigualdad estructural y promover un trato equitativo mediante acciones específicas en ámbitos como la prevención, la asistencia y la protección integral de las mujeres víctimas y sus hijos e hijas.
El Congreso, como máximo órgano de representación popular, debe materializar este deber de forma ejemplar; por ello, resulta inconcebible que se permita utilizar esta alta tribuna para cuestionar infundadamente el sentido y alcance de la ley de Violencia de Género, el Pacto de Estado contra la violencia de género y la misma existencia de la violencia machista, un problema estructural y global que en España se cobra la vida de unas sesenta mujeres al año y destruye a muchas familias, y que en el mundo acaba con la vida de unas 85.000 mujeres y niñas al año, según ONU Mujeres y UNODC. Pero de estos datos fácticos no se hablará en dichas jornadas, pues éstas versarán sobre el relato que victimiza a los perpetradores de la violencia machista y donde seguramente se seguirá equiparando a las feministas con el nazismo, como se hizo en las anteriores jornadas que el partido misógino ya organizó en 2022 con el aval del Gobierno.
Aun así, el Gobierno ha dicho que avala las jornadas a menos que se contravenga la Constitución y se difunda discursos de odio, como si no resultara razonablemente previsible que ese será el objetivo de dichas jornadas, porque la postura negacionista, misógina, hostil y antifeminista del partido de ultraderecha comporta el discurso de odio prohibido por las leyes, y constituye una infracción de la ley de Violencia de Género que vincula a los poderes públicos, estableciendo que no pueden ser ajenos a la violencia de género, al constituir uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Por lo tanto, resulta inconstitucional que el Congreso permita en su seno un acto que infringe la ley de violencia machista, al cuestionar infundadamente la palmaria existencia de la misma.
La violencia machista: una realidad probada y documentada
Los datos son irrefutables, ostensibles y proceden de fuentes oficiales rigurosas. La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 reveló que el 57,3% de las mujeres españolas ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, principalmente perpetrada por hombres de su entorno cercano, en particular en casos de violencia física y sexual. En 2024 se registraron 199.094 denuncias por violencia de género, equivalentes a 545 denuncias diarias. Pese a ello, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado (2022), sólo el 28,1% de los condenados por violencia de género con penas de prisión ingresaron en un centro penitenciario, ya que las suspensiones y sustituciones permiten eludir la cárcel, especialmente en casos de condenas inferiores a dos años y sin antecedentes penales, con el agravante que el 41% de los hombres condenados a prisión por violencia machista es reincidente. Por su parte, las agresiones sexuales denunciadas alcanzan aproximadamente 69 al día, una cada dos horas, aunque se estima que sólo entre el 8% y el 11% de estos casos llegan a denunciarse, según datos del Ministerio del Interior.
La infradenuncia, motivada por la vergüenza, el miedo y la falta de apoyo del entorno y de garantías efectivas, continúa siendo un obstáculo significativo para visibilizar la magnitud real del problema. Un dato especialmente escalofriante y significativo sobre el argumento falaz de la tendencia a las denuncias falsas, es que las mujeres tardan una media de nueve años en denunciar la violencia que sufren, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Así que, pese al intento de la ultraderecha de construir un relato falso al respecto, los datos son inequívocos: en la violencia machista el único factor de riesgo para sufrirla es ser mujer, y el victimario siempre es un hombre.
La violencia machista: una cuestión de Estado
Hasta 2004, la violencia contra las mujeres se consideraba, erróneamente, un asunto privado. Se la catalogaba como "crímenes pasionales", "conflictos domésticos" y, en el mejor de los casos, “violencia doméstica”. Expresiones con las que se minimizaba su gravedad y se relegaba a la intimidad de los hogares. Con este enfoque, la sociedad y el Estado se mantenían al margen, sin asumir su responsabilidad en su prevención, erradicación y atención a las víctimas.
El cambio de paradigma que se produjo con la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en España, donde se reconoció que la violencia machista no es un fenómeno puntual ni un caso aislado, sino un problema estructural, una cuestión de Estado, que concierne a toda la sociedad y vincula de forma especial a los poderes públicos, que están en el deber de visibilizar lo sistemático y estructural del problema y adoptar medidas eficaces para prevenir, combatir, castigar y reparar la violencia contra las mujeres y proteger a las víctimas y sus hijas e hijos.
Las instituciones deben ser garantes, no cómplices
La Ley Integral contra la Violencia de Género no ha fracasado por ser ineficaz. Su limitada efectividad se debe, en gran parte, a las fallas y puntos ciegos en su implementación, a la falta de control de los recursos destinados a combatir la violencia contra las mujeres y a la persistencia del machismo en la sociedad y las instituciones. La realidad es que el machismo se ha intensificado en los últimos años, ante la lentitud y debilidad en la aplicación de medidas preventivas. Las políticas de prevención, la coeducación y la formación especializada en igualdad para el personal de los ámbitos judicial, sanitario, social y educativo son herramientas fundamentales que siguen sin aplicarse de forma suficiente. Los protocolos de detección temprana y de intervención también lo son, por lo que requieren de un compromiso político firme que no termina de consolidarse. Las jornadas antifeministas autorizadas en el Congreso minan directamente este compromiso, contraviniendo la ley y la Constitución y traicionando a las mujeres.
El negacionismo institucional no sólo constituye un incumplimiento del deber estatal de combatir la violencia machista, sino que se convierte en un factor que la perpetúa y legitima. El Congreso de los Diputados, sede donde se debaten y aprueban las leyes de protección a las mujeres, no puede transformarse en el espacio donde se cuestione su propia razón de ser. Eventos como éste no sólo representa máxima deslealtad, sino que constituye una forma de violencia institucional, intolerable en un Estado de Derecho, que la Mesa del Congreso debe impedir por infringir la ley de violencia de género y la misma Constitución, pues la igualdad y no discriminación y la vida libre de violencias son derechos fundamentales de las mujeres que el Estado debe garantizar.