Este artículo se basa en datos reales procedentes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Nada mejor que los datos para conocer el estado real de la sanidad andaluza a comienzos del año 2022, año electoral. Conviene saber con cifras qué significa, en materia de salud, la moderación del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Para que el voto se ejerza sobre la base de la experiencia pasada instalando en la papeleta una aspiración vital de futuro, es imprescindible que las y los andaluces conozcan la evolución de su sistema sanitario en el último decenio. Contra la ocultación, hechos, con la salud no se juega.
El recorte del presupuesto sanitario en Andalucía arranca desde 2010. Es lo único en lo que tiene razón el presidente andaluz, parte del daño arranca de la herencia recibida. La herencia de una etapa en que se sacrificó el bien común para rescatar los desmanes de la banca española y del sector de la construcción y las obras; recordemos los aeropuertos sin aviones, las radiales madrileñas sin coches y el almacenamiento de gas Castor.
La pandemia enseña de modo radical que no se pueden abandonar los sistemas públicos de salud, pues son lo únicos que permiten afrontar con justicia y equidad, no solo la normalidad de la salud ciudadana, sino las situaciones de emergencia. Pero el Gobierno andaluz no quiere aprender porque tiene otros intereses. El presupuesto sanitario para 2022 del gobierno andaluz es 1.539 millones de euros menor que el del 2009, si se tienen en cuenta las subidas del IPC entre ese año y 2021 (el 19,5%). La pérdida de inversión sanitaria en términos netos en Andalucía desde 2009 ha sido del 12,5%. Si a ello se añade que la población ha aumentado en 161.488 personas y al mismo tiempo el grupo mayor de 64 años, el que más necesidades de atención sanitaria tiene, ha aumentado en 276.422 personas, el panorama es aún más grave que el de los fríos números. Andalucía es la antepenúltima comunidad autónoma en gasto sanitario, solo por delante de Madrid o Murcia.
La política sanitaria del Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos no piensa en las necesidades de las y los andaluces. El deterioro de la atención sanitaria busca transferir dinero, de quien aún puede, a la sanidad privada. Lo hace de una manera directa mediante convenios y conciertos externalizando servicios a empresas privadas, y de una manera indirecta deteriorando la calidad del sistema, aumentando indiscriminadamente las listas de espera y reduciendo la atención primaria al teléfono y las colas en las puertas de los centros de salud.
Si la pobreza, la precariedad y las bajas rentas matan, y en eso Andalucía también está entre las comunidades más desfavorecidas, un sistema sanitario como el actual andaluz remata. Andalucía es la última comunidad autónoma en esperanza de vida libre de discapacidad. Las listas de espera en Andalucía son superiores a las 850.000 personas. Tenemos 1,62 médicas o médicos por cada 1.000 habitantes, penúltima después de Ceuta, la media de España es de 3,4. Somos la penúltima comunidad autónoma en enfermería, solo por delante de Ceuta, con 2,89 profesionales por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media española 5,2 o de la media europea 8,2. Andalucía tiene 0,76 profesionales de atención primaria por cada 1.000 habitantes, la peor después de Baleares o Madrid, porque se ha expulsado a 474 profesionales de la medicina a otras comunidades o al extranjero. La política de precariedad, malos salarios y jornadas laborales extenuantes están expulsando a profesionales de la sanidad a otros territorios donde son mejor valorados. Esto conlleva que Andalucía esté entre las comunidades autónomas con perores servicios sanitarios, la penúltima sólo superada por Murcia.
Es evidente que el presidente andaluz no gobierna para el interés de las y los andaluces, ni para el interés del tejido empresarial y profesional implantado en Andalucía, gobierna para los intereses de fondos de inversión en cuyas manos están los servicios y los seguros sanitarios privados. Si en Andalucía se ha pasado de 997.000 seguros privados a 1.244.000, entre 2007 y 2017, subiendo el gasto de las y los andaluces en sanidad privada un 40%, es de prever que en los últimos años haya seguido aumentando indiscriminadamente. En los últimos tres años el gobierno andaluz ha pasado de transferir directamente mediante externalizaciones a los servicios privados 400 M€ a transferir 650 millones de M€. Por contra, cuando las compañías privadas envían a sus asegurados a la sanidad pública para tratamientos o pruebas que no pueden asumir, la sanidad pública les factura la mitad que hace tres años a precios de 2005. Dos verdaderos regalos para entidades de capital agenas a los intereses de Andalucía.
La transferencia de recursos de la sanidad pública y de los bolsillos de las y los andaluces a la sanidad privada y los seguros no ha evitado que nuestra tasa de mortalidad sea un 38% superior a la media del estado. Lo dicho, si la pobreza, la precariedad, los bajos salarios y el desempleo, en lo que Andalucía es campeona con el actual gobierno, matan, el abandono y la baja calidad de la sanidad pública remata. Esta es la moderación del actual presidente andaluz.
Elisa Maria Cabrerizo Medina es médica forense. Mario Ortega Rodríguez es químico doctor en ciencias medioambientales.
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