El tiempo no siempre cura las heridas; a veces, solo pone de manifiesto la profundidad de una injusticia. El caso de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado por la policía franquista el 4 de diciembre de 1977, mientras participaba, en la gran manifestación por una autonomía plena para Andalucía, sigue siendo un simbólico "asunto pendiente" para nuestra nacionalidad histórica de lo que se llamó la transición.
A pesar del tiempo transcurrido, la negativa del Ministro del Interior a reconocerlo como víctima del terrorismo de Estado es un insulto a Andalucía. Un nuevo acto de cinismo del PSOE que gobierna España, que se suma a la retórica infame de no remover el pasado que usa habitualmente la derecha cuando se trata de activar la memoria democrática.
Para entender por qué García Caparrós merece ese reconocimiento y para no entrar en el debate del asno al que nos induce el ministro Marlaska, vamos a ceñirnos a los hechos técnicos y jurídicos que, según él mismo, no concurren en el caso. Debemos partir, por tanto, de la premisa de que el terrorismo de Estado no siempre se manifiesta a través de tramas complejas o siglas clandestinas; se define por el uso ilegítimo de la fuerza por parte de agentes de la autoridad con el fin de reprimir derechos fundamentales.
En el caso de Manuel José, concurren los tres requisitos esenciales para este reconocimiento:
1. Contexto de represión política: La movilización de aquel 4 de diciembre no fue un altercado de orden público, sino un ejercicio legítimo de derechos civiles. La respuesta armada no fue una negligencia aislada, sino parte de una estrategia de contención violenta contra el anhelo autonómico.
2. Autoría estatal: Está acreditado que el disparo que acabó con su vida provino de las filas de las Fuerzas de supuesto Orden Público. Cuando un policía utilizó su arma reglamentaria contra un civil desarmado en una manifestación pacífica, la responsabilidad es institucional.
3. La "verdad" secuestrada: Durante décadas, el acceso a las actas de la comisión de investigación ha estado restringido. El ocultamiento de la información es, en sí mismo, una prolongación del daño causado por el aparato estatal. Resulta doloroso e indignante observar cómo otras víctimas de sucesos similares han sido, con justicia, integradas en los marcos de protección y memoria, mientras que el nombre de Manuel José García Caparrós queda relegado a la categoría de "accidente" o "suceso desafortunado". No fue ni una cosa ni la otra. Fue el resultado de una instrucción de fuego en un momento donde la democracia aún no había permeado ni mínimamente en las estructuras policiales.
4. El reconocimiento como víctima del terrorismo de Estado no es un capricho semántico. Es la llave para que la memoria de Andalucía y las hermanas de asesinado reciban la reparación integral que se le ha negado durante casi medio siglo. Significa admitir que el Estado falló en su deber de proteger la vida y que, por el contrario, fue el agente agresor.
Andalucía no puede cerrar la historia de su autonómica mientras uno de sus símbolos permanezca en el limbo jurídico. Mantener a Manuel José fuera del censo de víctimas del terrorismo es perpetuar la impunidad de la dictadura, aún presente en nuestra democracia.
La democracia española no puede cerrar los ojos a su propio pasado, debe reconocer sus sombras y otorgar, de una vez por todas, el estatus que la historia y la justicia social reclaman para el joven malagueño. Es una cuestión de reconocimiento, dignidad y memoria democrática.