A más de 80 años del golpe de Estado de julio de 1936, muchos de los acontecimientos que se produjeron siguen necesitados de investigación histórica. Sobre todo, los de ámbito local. Un buen número de ellos siguen ocultos bajo el manto de la propaganda franquista. Es lo que ocurre en Cádiz con la resistencia gubernamental. En especial con uno de sus episodios más destacados: la emisión por Radio Cádiz de una proclama del Gobernador Civil llamando a la población a oponerse al golpe en marcha.
La versión golpista dice que el gobernador llamó al incendio y al asesinato. Hoy sigue campando a sus anchas y sus mentiras han adquirido categoría de verdad. Según ella, en Cádiz, no hubo resistencia sino una orgía de incendios y saqueos por parte de una masa descerebrada que obedecía las órdenes de las autoridades. Esta es la versión difundida por propagandistas como Patrón de Sopranis, Juliá Téllez, Garrachón Cuesta y Mora Figueroa.
También es la que creen una mayoría de gaditanos y que convierte en traidores y rebeldes a quienes encarnaban la legalidad y ejercieron el derecho de defensa contra quienes sí que fueron traidores, ni tuvieron honor, ni fueron un grupo de audaces que se enfrentaron a fuerzas superiores y vencieron. Fue todo lo contrario.
A pocas horas de sublevarse, el general López Pinto, comandante militar de la plaza, todavía aseguraba al Gobernador Civil Mariano Zapico, militar también, que era leal al gobierno. Aunque hacía semanas que se había incorporado a la conspiración. Como la mayoría de los jefes y oficiales de los dos regimientos de la ciudad. Fueron ellos quienes rodearon y tirotearon con ametralladoras y artillería los edificios oficiales. Mientras que grupos de soldados, guardias civiles y algunos paisanos atacaron a la población causando una veintena de víctimas.
Los concejales protagonistas
Las proclamas llamando a la resistencia de la población las leyó el concejal socialista Antonio Martínez Jurado. Había nacido en Córdoba y tenía 31 años. Oficial del cuerpo de Telégrafos, estaba soltero y vivía en Cádiz en la calle Cervantes. Fue nombrado concejal en junio de 1936.
Le acompañó Servando López de Soria, otra persona de la que tampoco ha quedado mucho recuerdo en la ciudad. Tenía 47 años, era natural de Cádiz y vivía en la calle del Arco de Garaicoechea. Militaba en Izquierda Republicana. Fue elegido concejal en mayo de 1931. En octubre de 1934 ocupaba la tercera tenencia de alcaldía cuando el ayuntamiento fue suspendido por las autoridades gubernativas derechistas. Recuperó su puesto en febrero de 1936 pero presentó su dimisión por considerar ser concejal incompatible con su trabajo.
La mentira
El primero que utilizó el argumento del llamamiento al incendio y pillaje, fue Joaquín Camarero Arrieta, instructor golpista del procedimiento abierto contra las autoridades capturadas en el edificio del Gobierno Civil. Le preguntó al gobernador civil Mariano Zapico si era cierto que había ordenado a la población hacer «toda clase de barbaridades». Éste dijo que la nota que mandó radiar no decía esas cosas y aseguró que había luchado contra una ilegalidad.
De todas formas, los golpistas se encargaron de difundir todo cuanto pudieron esa idea. Ese era el objetivo del libelo que, en 1938, publicó un periodista ultraconservador del diario gaditano La Información, Antonio Garrachón Cuesta. Un texto de dudosa fidelidad histórica y cuyo principal mérito consiste en justificar la sublevación.
Garrachón recreó lo ocurrido a modo de conversación con un testigo presencial, el director técnico de la emisora, Julio García Muñoz, cercano a los golpistas. García afirmó que todo lo que hizo lo fue por órdenes del gobernador civil Zapico. Es decir, interferir las emisoras norteafricanas ya en poder de los golpistas, conectar con Radio Madrid para transmitir las notas del gobierno y autorizar al concejal Martínez Jurado que lanzara la proclama de Zapico. Por menos, los golpistas ya habían asesinado a otros.
La recreación de Garrachón asegura que los concejales se presentaron en la estación de forma extraordinariamente violenta, pistola en mano. García quiso negarse, pero como alegasen que tenían órdenes de la primera autoridad civil de la provincia y además le amenazaban con sus pistolas, se prestó a su pretensión. Martínez Jurado y López de Soria dijeron que el pueblo debía lanzarse a la calle para incendiar y saquear y matar a los militares facciosos.
Este texto fijó la versión golpista de lo ocurrido en el estudio de Radio Cádiz. Un relato que ha pervivido hasta hoy día. Sin embargo, hoy disponemos de un documento que desmonta la versión golpista. Una vez más, la distancia entre lo que contaron y lo que ocurrió es sideral. Se trata de la Causa 91/36 abierta 1 de agosto de 1936 por «un presunto delito de obra a fuerza armada» archivada en el Archivo Histórico del Tribunal Territorial Militar Segundo en Sevilla.
La Causa 91/1936
El primer instructor golpista, Cipriano Briz González, buscaba poner en claro qué había ocurrido en el interior del Gobierno Civil hasta su rendición. Uno de los acusados dijo que el 18 de julio, sobre las cuatro de la tarde, se presentó en la piscina del hotel Playa un señor que le entregó al portero unos documentos para que se los guardase. Sería el hilo que terminó llevando hasta lo ocurrido en Radio Cádiz.
Martínez Jurado había estado la madrugada del 18 en el Gobierno Civil. Durante la mañana, volvió al edificio y allí estaba hacia las 14 horas. Fue entonces cuando Mariano Zapico le llamó y le ordenó que fuera a Radio Cádiz y radiara la nota que le entregó. Una de las medidas adoptadas para oponerse al golpe.
Las autoridades republicanas sí habían tomado medidas ante una posible sublevación. El gobernador civil activó redes de confidentes y escuchas en los cuarteles y organizó una red telegráfica paralela con el fin de contar con medios de comunicación si las oficinas eran ocupadas, En el Campo de Gibraltar, nombró un nuevo delegado gubernativo. En Cádiz ordenó la detención de Enrique Varela, considerado el más peligroso de los conspiradores. Por último, mantuvo contactos con jefes leales en África que le permitieron conocer, hacia las diez de la noche del 17 de julio, que el golpe de Estado se había puesto en marcha y estaba triunfando.
Fue en el contexto de estas medidas cuando Mariano Zapico decidió controlar a Radio Cádiz. El objetivo era doble: tener a su disposición un medio de comunicación e interferir las emisiones desde Melilla y Ceuta que difundían noticias de los éxitos del golpe y podían enviar mensajes cifrados a los conspiradores gaditanos.
A las cinco de la madrugada el director de la emisora, Julio García, fue llamado para que se presentara en el Gobierno Civil. Zapico le ordenó que pusieran en marcha la emisora para transmitir música y conectar con Madrid cuando se le ordenara. El estudio estaba instalado en la venta Guerrero, en las cercanías del fuerte de Cortadura. El emisor estaba unos dos kilómetros más allá, cerca de la venta de El Chato. Amanecía cuando , un coche de la Guardia de Asalto enfiló el paseo de Canalejas hacia la Puerta de Tierra llevando al director técnico de la emisora, al concejal, a dos telegrafistas y a un policía.
El automóvil paró primero en el estudio. Allí se quedaron el director, el concejal y los telegrafistas. Después continuó unos dos kilómetros más hasta el transmisor que lo vigilaba una pareja de guardias civiles desde el asalto de un grupo de Falange a una emisora en Valencia. Dejaron al mecánico. Después, el coche recogió a Jurado y volvió a Cádiz.
Durante la mañana la emisora transmitió música y conectó con Madrid para emitir los comunicados gubernamentales. Sobre la una de la tarde, el Gobernador Civil pidió un receptor radiofónico. Llamó a la dirección de la estación de Puntales para que se lo enviaran. Allí estaba de servicio López de Soria que se ofreció para llevar el aparato a la inspección radiotelegráfica para que lo revisaran. Mientras, él mismo se presentó en el edificio para informar. Allí se encontró con Martínez Jurado. eran las dos.
Queipo de Llano ya había comenzado el golpe en Sevilla. Llamó a López Pinto para pedirle que hiciera lo mismo. Éste activó los mecanismos conspirativos previstos. Entre ellos la declaración del Estado de Guerra. Unas noticias que llegaron también al Gobierno Civil. Entonces Zapico redactó la nota para que fuera radiada. Se la entregó a Martínez Jurado quien se dispuso ir hacia Cortadura. Se encontró con López Soria quien se disponía a regresar a Puntales en su auto y le pidió que lo llevara.
Serían entre las tres y tres y media de la tarde cuando llegaron Martínez Jurado y López Soria. Fue el primero quien leyó la proclama de Zapico. Advertía que unos jefes del Ejército iban a declarar un Estado de Guerra ilegal al que ni militares ni civiles debían hacer caso y que los ciudadanos que quisieran defender la legalidad podían dirigirse al Gobierno Civil donde se les darían armas. Lo hizo por dos veces y después se marcharon.
En ninguna de las primeras declaraciones del sumario aparece ni la violenta entrada pistola en mano, ni los llamamientos al incendio y el asesinato.
¿Qué declararon los otros dos testigos presentes cuando entraron los concejales? Uno de los telegrafistas aseguró que no estaba presente en el momento de la emisión. Se había ido a comer. Sólo que oyó hablar al director con el capitán de Artillería golpista que ocupó la emisora que lo que se había dicho era que el Estado de Guerra era faccioso y que sólo se habían sublevado cuatro militares. El otro radiotelegrafista insistió en que el estado de guerra era faccioso e incitaba al pueblo de Cádiz para que empuñara las armas contra los militares. Ni siquiera los guardias civiles que vigilaban el emisor escucharon las incitaciones al incendio y al asesinato.
La declaración de Julio García Muñoz dista mucho de la recreación de Garrachón. Por supuesto, no hay ningún atisbo de resistencia a las órdenes de la autoridad legal. Como tampoco a que pusiera el menor impedimento a la emisión de música para interferir a las emisoras golpistas o de los partes del gobierno en Madrid. Mucho menos, que la llegada a López de Soria y Martínez Jurado contara con ninguna dosis de violencia e intimidación. Como, por supuesto, tampoco hizo referencia a llamamiento alguno al incendio y el asesinato. Se limitó a decir que la nota que leyó el concejal pedía a la población que saliera a las calles y que si necesitaban armas fueran al Gobierno Civil. Había que abortar un golpe de Estado de un grupo de militares que iban instaurar una dictadura.
Por último, tenemos el testimonio del capitán de Artillería que ocupó el estudio para los golpistas. Su declaración tampoco deja en buen lugar el relato heroico y colaborador que García transmitió o creó el propio Garrachón. No había recibido el aviso del director. Había sido su coronel, Pedro Jevenois, golpista también, quien lo había llamado para ordenarle ir a la emisora de Radio Cádiz y ocuparla. En el estudio sólo se encontró al director y a los dos jóvenes telegrafistas que colaboraron para desconectar la emisora de la que se llevaron los micrófonos.
Fue la versión que hizo suya el instructor golpista Ángel Fernández Morejón en el auto resumen que, el 26 de octubre, envió a las autoridades judiciales golpistas en Sevilla. En él afirmaba que Martínez Jurado hizo un llamamiento a las masas obreras para que se lanzaran con armas a las calles a fin de impedir el levantamiento de las tropas; que la proclamación del Estado de Guerra era faccioso y había que evitar la tiranía militar. Nada de asaltos, incendios ni asesinatos.
Terminaba de esta manera el episodio de Radio Cádiz y los llamamientos a la resistencia por las autoridades legítimas. Hasta las propias autoridades judiciales golpistas no veían incitación a la violencia. Cuando sí la habría, y hasta sus últimas consecuencias, fue cuando la ciudad quedó en manos de los golpistas.
Los asesinatos
López de Soria acudió a su trabajo en la estación de Puntales el domingo 19. El lunes, cuando iba a entrar en su turno a las ocho de la tarde fue detenido por unos falangistas que le llevaron al edificio del Gobierno Militar y de allí a la prisión. Casi un mes pasó antes de que el instructor le tomara declaración el 14 de agosto. Ratificó que había acudido al Gobierno Civil para informar sobre las gestiones del receptor y que, de vuelta a Puntales, había llevado a Martínez Jurado a Radio Cádiz. A la pregunta de si sabía por qué estaba detenido, respondió por pertenecer a Izquierda Republicana.
A Martínez Jurado, como otros muchos gaditanos se había escondido tras el triunfo golpista huyendo de la constante de detenciones y asesinatos. Tras su detención dijo que había estado escondido por la playa y otros lugares hasta que decidió presentarse en el cuartel de San Roque y pedir su incorporación, con nombre falso, en el Regimiento de Infantería. Allí estuvo hasta que fue descubierta su auténtica personalidad y detenido el 24 de septiembre.
Ambos estaban bajo custodia de las autoridades golpistas y ellas eran las responsables de lo que les ocurriera. El cadáver de Martínez Jurado fue encontrado en la playa de la Victoria y el 30 de septiembre enterrado en el cementerio de Cádiz. Su compañero Servando López de Soria le sobrevivió unos días, fue asesinado el 16 de octubre. En este caso no figura su inhumación en el cementerio gaditano. Estaba bajo custodia militar golpista en el castillo de Santa Catalina, de donde fue sacado.
En los dos casos queda de manifiesto la responsabilidad directa en los asesinatos de los jefes golpistas. No hubo ningún descontrol. Su destino siempre dependió de las autoridades. Tanto es así que tenían su propia clave para indicar que habían sido "condenadas" a muerte: «X-2» que colocaban junto al nombre del asesinado.
Estas líneas pretenden, hasta donde es posible, reparar las personalidades de quienes no hicieron sino defender al régimen legítimo; hacer justicia con las mentiras que de ellos se dijeron y todavía perduran y, finalmente, restablecer la verdad de lo ocurrido.
Es inaceptable que el relato histórico, continue siendo el de los propagandistas golpistas.