Aunque la emergencia extrema en el plano de los derechos humanos sigue siendo hoy la guerra de Siria y los refugiados, no hay que olvidar que también en otras partes del mundo se conculcan los derechos fundamentales.
Aunque la emergencia extrema en el plano de los derechos humanos sigue siendo hoy la guerra de Siria y los refugiados, no hay que olvidar que también en otras partes del mundo se conculcan los derechos fundamentales, aunque no sean el centro de la atención mediática. Es el caso de un país, México, unido a España por lazos seculares y por la generosidad de un presidente que supo acoger e integrar a miles de republicanos vencidos en nuestra guerra “incivil”. Sin embargo, en este país la violencia es algo institucional. El uso de la tortura a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y de la policía federal, estatal y municipal está generalizado. Es una práctica que se utiliza a menudo para arrancar “confesiones” en el marco de investigaciones penales, o también, por ejemplo, para extorsionar.
El número de denuncias ha ido en aumento, pero las autoridades niegan la magnitud del problema, siendo así que los registros sobre tortura y malos tratos en todo el país son inexactos, incompletos y contradictorios. Resultado: una impunidad casi total para los autores de estos abusos y un auténtico temor entre la población a que cualquier detención pueda desembocar en tortura.
En 2015 se llegó a presentar una Ley contra la tortura en el Parlamento pero esto no se ha traducido en la protección efectiva de las personas afectadas ni en el castigo de los responsables. De cara al exterior se promueve una imagen de defensa de los derechos humanos y se firman tratados y acuerdos internacionales, pero el Gobierno es el primero en violarlos. Irene Khan, ex secretaria General de Amnistía Internacional (AI), ha calificado esta incongruencia como “política esquizofrénica”. En efecto, AI ha documentado cantidad de violaciones de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil, sobre todo en comunidades indígenas. Muchos abogados, periodistas y activistas de derechos humanos han sido hostigados, amenazados o asesinados, disfrazándolo a veces de “suicidios”.
Podemos remontarnos a la matanza de estudiantes -más de 200- a manos del ejército en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968, o a las masacres de Acteal, El Charco, El Bosque, Aguas Blancas o Oaxaca en 2006, todos ellos casos no resueltos e impunes, impunidad que se perpetúa hace décadas entre el PRI (Partido Revolucionario Institucional, al que pertenece Enrique Peña Nieto, actual presidente mexicano) y el PAN (Partido de Acción Nacional, que ejerció el poder en el país azteca del 2000 al 2012 y tiene actualmente el gobierno local en varios estados, entre ellos Sinaloa y Baja California).
Sin ir más lejos, el 26 de septiembre de 2015, se produjo la matanza de Iguala en el estado de Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Habían ido a Iguala con la intención de recaudar fondos para sus actividades y de tomar cuatro autobuses para asistir a la conmemoración de Tlatelolco en Ciudad de México. Según la versión oficial, los sicarios de Guerreros Unidos, cartel de la droga a cuyo imperio está sometida la localidad, incluidos el propio alcalde y su esposa, les tomaron por integrantes de un cartel rival, Los Rojos, y por eso los detuvieron, los asesinaron y los incineraron en un basurero del vecino municipio de Colcula, para borrar huellas. No se ha detenido a todos los implicados en el caso, y los jefes policiales de Iguala y Colcula siguen huidos, así como los lugartenientes de Guerreros Unidos que dieron la orden de matar. El caso sigue abierto y persisten muchas dudas. Los familiares reclaman todavía verdad y justicia y las protestas continúan en todo el país por esta masacre. Algunos medios han apuntado a la responsabilidad en ella del ejército y la Policía Federal. La popularidad de los “narcocorridos”-canciones relacionadas con la droga y sus sicarios- nos indica lo acostumbrada que está la sociedad mexicana al ejercicio de la violencia.
Por otra parte, esta violencia tiene un marcado carácter de género. En México, como en otros países, hay una arraigada discriminación contra las mujeres. En la famosa canción El preso número 9 que cantaban Chavela Vargas o Joan Báez se justificaba como lo más natural del mundo el asesinato de una esposa y su amante sorprendidos en adulterio por el marido. Que la violencia contra la mujer está a la orden del día lo demuestra el incidente del pasado febrero en un concierto de Alejandro Sanz en Rosarito (estado de Baja California), en el que el cantante defendió a una mujer que estaba siendo atacada en las primeras filas, bajándose del escenario y encarándose con el agresor.
Y no olvidemos los terribles feminicidios de Ciudad Juárez, en la frontera entre México y EEUU, donde desde 1993 han sido secuestradas, violadas en grupo, torturadas y asesinadas de forma atroz más de 600 niñas y mujeres entre cinco y 35 años. Las víctimas suelen ser de escasos recursos, estudiantes, obreras, empleadas de maquiladoras o migrantes de otros estados que buscan una vida mejor. Hasta la fecha no se ha resuelto satisfactoriamente ni uno sólo de los más de 600 crímenes, ya que los que están en la cárcel han sido obligados a firmar declaraciones incriminatorias bajo coacción y tortura.
En este fenómeno están involucrados tanto el crimen organizado como la Policía y el aparato del estado, los medios de comunicación y los empresarios juarenses, así como los propios jueces o fiscales, que desprestigian a las víctimas diciendo que son prostitutas, drogadictas, que visten minifalda o que salen a altas horas de la noche (¿nos suena de algo?). Ante las reclamaciones y denuncias de las familias, de asociaciones del país como Nuestras hijas de regreso a casa, de ONGs como AI, de conocidas artistas como Jane Fonda, Sally Field, Jennifer López o Salma Hayek, las autoridades son ineficaces, negligentes e insensibles, lo que favorece la impunidad. Esto hace que los crímenes se hayan extendido a otras zonas del país como Morales (84 feminicidios en un año), Sinaloa (31 asesinatos en 2009) o 672 crímenes en el estado de México en los últimos 4 años, de los cuales el 89% permanece impune. En México mueren anualmente unas 1200 mujeres.
En este contexto, son ellas las más vulnerables a la tortura sexual cuando están bajo custodia, y sin embargo las detenidas son recluidas en bases militares e instalaciones policiales a cargo de agentes varones sin que existan medidas efectivas que garanticen su seguridad física. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a México que elabore protocolos y procedimientos sensibles al género para investigar la violencia sexual, algo que no se ha hecho.
En julio de 2012, Yecenia Armenta llevaba en coche a unos familiares al aeropuerto cuando la policía secreta le ordenó detenerse al borde de la carretera. La obligaron a bajarse, le vendaron los ojos y se la llevaron. La acusaron de ordenar el asesinato de su esposo y no pararon hasta obligarla a confesar.La colgaron boca abajo de los tobillos, la asfixiaron y le pegaron. Le dijeron que iban a traer a sus hijos, que los iban a violar y que los iban a hacer pedazos. La violaron a ella y, después de muchas horas, dijo que firmaría lo que hubiera que firmar. Firmó, incluso vendada, sin leer lo que estaba firmando. Esta pesadilla duró 15 horas. Los médicos mexicanos la examinaron y concluyeron que no había sido torturada, pero otros médicos independientes la examinaron después dos veces y concluyeron que sí lo había sido.
Yecenia ha pasado los tres últimos años en prisión pendiente de juicio en el estado de Sinaloa. El procurador de este estado, Marco Antonio Higuera Gómez, que tiene en sus manos su libertad y es el jefe de sus torturadores, no ha movido un dedo por ella. La única prueba en su contra es su propia confesión, no hay ninguna otra evidencia de su participación en el crimen. Por tanto, los cargos en su contra han de ser retirados y debe ser liberada.
Salvemos a Yecenia porque, como ha dicho el famoso director de cine mejicano Alejandro González Iñárritu, “los gobiernos ya no son parte de la corrupción, el Estado es la corrupción”.
Artículo de Leonor de Bock Cano, activista del grupo local de Amnistía Internacional.
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