Un año más llega el 4 de diciembre, el día nacional de Andalucía. Así lo llamamos porque ese mismo día, en 1977, el pueblo andaluz salió a las calles masivamente en las principales ciudades y pueblos para denunciar la situación de subdesarrollo de Andalucía, que es el producto de la explotación sistemática que sufre nuestra tierra desde hace siglos.
Eran los primeros años de la Transición, en la que organizaciones sindicales, formaciones políticas, movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil lucharon por construir un nuevo modelo político basado en el respeto a la democracia, a los derechos humanos y a la realidad de los diferentes pueblos integrados en el Estado español, entre ellos, el andaluz.
El éxito de las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977 condujo a la consecución de la autonomía política en el marco del Estado de las Autonomías configurado en la Constitución Española aprobada en 1978, constituyéndose Andalucía como una comunidad autónoma con amplias competencias, comparable, aunque con notables salvedades, con las de Cataluña, Galicia o País Vasco.
Desde entonces, la autonomía política ha supuesto el desarrollo de diferentes servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, etc.) y otras políticas públicas, pero no se han afrontado los problemas estructurales que padece Andalucía.
Lideramos índices de exclusión social y accidentes laborales
Seguimos liderando los principales indicadores sobre pobreza infantil, población en riesgo de exclusión social o accidentes de trabajo. El pueblo andaluz continúa sometido a un estigma que no solo ridiculiza sus costumbres y su acento, sino que es visto como una masa de trabajadores de segunda, que se somete a unas precarísimas condiciones laborales (trabajadores sin contrato, remuneraciones por debajo del salario mínimo, horas extra sin pagar, falta de medidas de prevención de riesgos laborales, etc.), que sobre todo sufren las mujeres, los trabajadores de mayor edad y los de origen migrante.
Por otra parte, los recursos de nuestra tierra siguen siendo expoliados (minería, agricultura superintensiva, grandes plantas fotovoltaicas...) por capitales privados, habitualmente extranjeros, que se encuentran con todo tipo de facilidades frente a las enormes dificultades a las que se enfrentan las iniciativas de economía social, los trabajadores autónomos y las actividades económicas social y ambientalmente sostenibles.
Igualmente, se nos ha impuesto un modelo económico basado en el turismo, que es una gran fuente de precariedad laboral y que está poniendo en riesgo las actividades tradicionales y la vida en nuestros pueblos y ciudades. También han aparecido o se han agravado otros fenómenos, como las dificultades de acceso a una vivienda asequible o el aumento del precio de la energía y de los alimentos, que hacen que hoy en día tener un trabajo no garantice tener unas condiciones mínimas de vida, creciendo cada vez más el porcentaje de trabajadores andaluces en riesgo de exclusión social. Finalmente, estamos sufriendo un desmantelamiento sistemático de los servicios públicos, cuyos recursos se están desviando hacia las empresas privadas (centros diagnósticos, hospitales privados, formación profesional, universidades privadas...).
Sin embargo, a pesar de que seguimos siendo un pueblo subalterno y marginado dentro del Estado español, no hemos vuelto a salir a las calles como aquel 4 de diciembre. Hemos vivido grandes movilizaciones sociales, como las manifestaciones contra la OTAN, las Marchas por la Dignidad, las Mareas Blancas o los movimientos a favor de Palestina, pero no se ha repetido una fuerza popular semejante por una causa propiamente andaluza, que reclame la emancipación social, cultural y económica de Andalucía.
Alcanzar la autonomía política fue una de las consignas de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Haberla alcanzado puede ser una de las causas que expliquen la desmovilización progresiva que se ha vivido desde entonces, pero las reivindicaciones del pueblo andaluz no se han agotado con la autonomía, que no ha resuelto nuestros problemas. Por ello, Andalucía debe levantarse de nuevo para reclamar soberanía.
Soberanía es la capacidad de gestionar sus recursos de forma racional y social y ambientalmente sostenible, diversificando nuestra economía y recuperando las actividades respetuosas con el medio y vinculadas al territorio, que permitan a los andaluces tener opciones de vida en sus pueblos y ciudades. Supone crear oportunidades para que la gente pueda desarrollar sus proyectos vitales sin depender de nadie (cooperativas, trabajo autónomo, etc.).
Exige dar voz a la ciudadanía (asociaciones vecinales, movimientos sociales, políticos, sindicales, etc.) de forma efectiva, superando las rígidas barreras de los criterios de representatividad y garantizando una participación plena en la toma de las principales decisiones que nos afectan. Implica reclamar la paz y la solución diplomática de los conflictos, mostrando un contundente rechazo hacia la guerra y hacia cualquier tipo de violencia. Consiste también en prestar servicios públicos de calidad para asegurar el bienestar de la población y la igualdad de oportunidades, y gestionar directamente los recursos públicos, acabando con las concesiones y conciertos con empresas privadas, que solo deberían caber en situaciones excepcionales y de forma exclusivamente temporal. Es, en definitiva, sentirnos orgullosos de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad como pueblo.
Por ello, pedimos al pueblo andaluz que se levante, que deje a un lado a sus diferencias y que camine unido para reclamar todo lo necesario para alcanzar las condiciones de vida que exigimos aquel 4 de diciembre.