Son las cuatro de la tarde de un día de julio de 2018. Fuera del Parlamento andaluz hace una calor infernal y dentro está a punto de comenzar una comisión de Empleo en la que intervendrá Javier Carnero, consejero del ramo, tras el escándalo de las tarjetas de una fundación de la Junta que han sido usadas para pagar con dinero público el consumo de prostitución; en explotar sexualmente a mujeres, que a veces se nos olvida lo que ocurre dentro de los prostíbulos.
Yo había empezado hacía poco a cubrir el Parlamento andaluz para este periódico. Entré en la comisión con la inseguridad de quien entra en un sitio nuevo, desconocido, y lleno de boato que te indica a cada momento que no es un lugar apto para la gente normal. Entro y me siento atrás, en la zona habilitada para la prensa, y empiezo a tomar nota de todo lo que cuenta el consejero.
En un receso de la comisión, una señora de poco más de 30 años con la estética de Susana Díaz, que ahora sé cómo se llama pero que entonces no sabía ni quién era, se me acerca y me pregunta quién soy, que le enseñe la credencial de periodista. Se la enseño y sigo tomando notas, aunque absorto por la soberbia con la que esa señora se ha dirigido a mí. Pregunté a un compañero que estaba al lado si eso era lo normal y me dijo que, claramente, no. “A mí nunca me ha pedido ningún diputado que me acredite”, me confesó.
Yo llevaba tiempo escribiendo crónicas, reportajes y artículos muy duros y que se habían viralizado contra el poder absolutista del PSOE andaluz, en muchas ocasiones sintiendo el aire de su soberbia en mi cogote y también notando que colegas de profesión, los cobardes que ponían el cazo antes que la ética, me miraban como si fuese un loco atrevido.
Esa señora se llama Noelia Ruiz Castro, es diputada del PSOE por Cádiz en el Parlamento andaluz desde 2015 y, a pesar de su corta edad, 38 años, ya ha sido también alcaldesa de su pueblo y en su currículum acumula varios cargos orgánicos más que en su declaración de bienes le habían supuesto unos ahorros de 65.000 euros. Lo normal para la gente de su edad en una tierra como Andalucía. Curiosamente, nada se sabe de si ha trabajado fuera de la política, al menos en su curriculum publicado no lo especifica.
Cuento todo esto porque tras la sentencia de los ERE ha sido esta mujer la primera imagen que se me ha venido a la cabeza. La condena de los ERE no es una sentencia judicial, sino la impugnación a un modelo autoritario, soberbio, abusón y decadente que se ha nutrido de una sociedad silente que condenaba al ostracismo, al desprecio y a la muerte civil a quienes se atrevían a mirar de tú a tú al PSOE andaluz y a su borrachera de poder.
El PSOE andaluz es un partido construido y entendido como una empresa de control de la sociedad andaluza en su conjunto, a través de asociaciones de mujeres, LGTBI, sindicatos, entidades vecinales, ONG de cooperación al desarrollo, oficinas de desarrollo rural, mancomunidades, ayuntamientos, empresas públicas y privadas, universidades, gerencias hospitalarias, institutos y colegios públicos, delegaciones provinciales de la Junta… El PSOE andaluz lo controlaba todo. Absolutamente todo. Desde la Fundación Cajasol, presidida por un íntimo amigo de Susana Díaz que financiaba las ínfulas pseudoculturales del PSOE andaluz, hasta una cofradía de 300 hermanos en un pequeño pueblo de Almería.
Ir en contra del PSOE andaluz significaba no pisar Canal Sur como tertuliano, empresa pública que se ha nutrido de una red de opinadores no periodistas que, a cambio de 400 euros al mes, replicaban el argumentario que recibían cada mañana del PSOE.
Nos equivocaríamos si pensamos que la sentencia de los ERE es contra el PSOE andaluz. Sobre todo, la sentencia que condena 20 años de gobiernos socialistas es una enmienda a la totalidad a una forma de entender el poder pero también a un pueblo que entendió que ser gobernado era mirar para otro lado, señalar al valiente y poner la mano sin mirar de dónde venía el cazo.
No he podido decir nada de la sentencia hasta ahora porque me duele en el alma, porque la sentencia es contra una sociedad, contra mi sociedad, contra mí mismo, contra nosotros, contra los compañeros de la profesión periodística que renunciaron a ejercer el oficio a cambio de aceptar jugosas subvenciones o de ser candidatos a ocupar una jefatura de prensa en cualquier consejería de la Junta.
La sentencia es contra los funcionarios que señalaron a los trabajadores públicos que levantaban la voz a costa de poner en riesgo su felicidad en el trabajo; la sentencia es también contra gente que aceptó incluirse en un ERE con 48 años, en una empresa pública solvente y viable como Mercasevilla.
La sentencia es contra unos sindicatos y sus líderes, CCOO y UGT, que aceptaron que el PSOE financiase la desindustrialización del tejido productivo andaluz a cambio de buenas jubilaciones para sus afiliados, olvidando que el sindicalismo de clase no es de clase si se olvida de defender el empleo y prioriza el futuro de unos cuantos por encima del de todos.
La sentencia es también contra la soberbia de aquella tarde de julio en la que la diputada Noelia Ruiz, sin ser ella ninguna autoridad del gabinete de prensa del Parlamento andaluz, se creyó con la potestad suficiente como para actuar como una portera de discoteca, solamente porque no le gustaba la línea editorial de este periódico ni que yo, un outsider, me atreviera a mirar de tú a tú a un PSOE andaluz que, en su borrachera de poder, se creía impune.
Es una sentencia contra el abuso de poder de quienes se creyeron tan impunes que llegaron a firmar ayudas públicas en una servilleta de una cafetería enfrente de la Consejería de Empleo. Es una sentencia contra el pueblo andaluz, que ojalá aprendamos de este varapalo y nunca más un partido político, ninguno, se sienta tan impune como para ser capaz de comprar nuestra necesidad por silencio.
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