El Estatuto de los Trabajadores establece que todo trabajador tiene derecho a desarrollar su labor de forma segura y saludable, a día de hoy estos derechos se ven relegados a un segundo plano debido a la precariedad laboral y especialmente a la dejadez de las empresas que anteponen los rendimientos productivos.
El año pasado las cifras de siniestralidad en nuestra comarca se elevaron a 3.252 accidentes laborales declarados, dentro de los cuales dos fueron mortales y once graves. Datos muy preocupantes teniendo en cuenta que en nuestra región existe el segundo polo industrial del país, cualquier siniestro que ocurra tiene una repercusión directa en la población que lo rodea.
No podemos olvidar el incidente ocurrido este verano en una empresa auxiliar ubicada en el Campo de Gibraltar que generó una gran nube negra que se pudo ver a varios kilómetros de distancia, o más recientemente el producido en otra región española que provocó la muerte de varias personas incluyendo un jubilado que descansaba en su piso situado a más de dos kilómetros del lugar del accidente.
Además de las administraciones y los sindicatos, son los propios trabajadores los que tienen que exigir mayor rigurosidad a la empresa que los contrata y no deben dejarse amedrentar por jefes que antepongan los beneficios económicos a la seguridad. No se puede mirar para otro lado, encogerse de hombros y justificarlo diciendo que son cosas del trabajo.
Parece mentira que en pleno siglo XXI sigamos viviendo situaciones precarias donde la muerte de un trabajador sean una mera cifra estadística que se olvida con el tiempo y se le dé más importancia a la rentabilidad de las empresas que a las vidas humanas.
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