El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en una imagen reciente.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en una imagen reciente.

Ha vuelto a pasar. La última apertura de la bolsa de trabajo de la Junta de Andalucía ha dado mucho de lo que hablar. Como ya se sabe, estuvo abierta 24 horas con una pésima difusión inicial que puede hasta considerarse falta de transparencia, ya que no se publicó ni en el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas ni en el SAE. Luego, la Junta rectificó ampliando el plazo 24 horas más, bien por calmar protestas o bien porque de verdad fue insuficiente el tiempo como para reunir a 131 candidatos.

En mi caso, me enteré la última hora antes de que cerrara la convocatoria por primera vez. Es curioso cómo estas cosas siempre me pasan los miércoles cuando menos me lo espero. El procedimiento era el más cutre que jamás he visto. Había que mandar un correo electrónico con fotocopias del DNI y el título más una declaración responsable, que por si fuera poco, el pdf modelo de ésta no era rellenable. Conseguí tenerlo todo listo los 15 minutos antes de que terminara el plazo, lo que me convierte seguramente en uno de los últimos indignos en presentar candidatura.

¿Por qué indigno? Es aquí cuando empieza la mejor parte. Como también se sabe, las plazas se adjudicaban en orden de llegada de la solicitud. Este vago criterio, tratándose de una convocatoria de urgencia podría ser mínimamente justificable si tuviera como objetivo cubrir otras plazas como las de control de aforo en las playas. Sin embargo, se trataban de plazas de Administrador General, funcionario nivel A1, a la misma altura que un inspector de Hacienda.

Ya no solo por los cerca de 40.000 euros al año, sino por la importancia de un trabajo así para el funcionamiento de la Administración, tenía que haberse utilizado otro criterio. En circunstancias normales, para cubrir esas plazas se convocan unas oposiciones tremendamente duras. Las oposiciones a Administrador General de la Junta son populares por ser hasta más difíciles que las de Administrador General del Estado. Qué mínimo que hubiera sido por lo menos un concurso de méritos, donde se pueda comparar la cualificación de los candidatos para el puesto. Sin embargo, las 131 plazas irán a parar a los ratones y teclados más rápidos a este lado de Despeñaperros.

Este proceso opaco y exprés hace que me pregunte cosas. ¿Y si lo de esta convocatoria se hubiera filtrado días antes, llegando a parar a los afiliados y afines del PP y Cs? Les habría dado tiempo de sobra para preparar la documentación, tenerla lista y hacer clic en enviar correo justo en el primer minuto del plazo. La propia convocatoria dictaba que se desestimarían todas las solicitudes recibidas antes del plazo, una puntilla interesante dadas las circunstancias de esta publicación. Esto haría que de indigno se pasara al título de la 6ª película de Quentin Tarantino: Inglourious B*******.

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