La idea que desarrolló Platón de la justicia partía de la siguiente cuestión: ¿Qué es la justicia y si merece la pena practicarla? Su principal preocupación se centraba en cuál era la mejor manera en que podía vivir el ser humano. Su creencia era que el estado equivalía a una reproducción ampliada del individuo. Afirmaba que la mejor forma de proceder consistía en estudiar la justicia en el estado y desde ahí trasladar los descubrimientos a la persona, es decir, llegó a la conclusión de que era más sencillo examinar la justicia en el estado que en el individuo. Así planteada la forma, el estado ideal es el que reunía las cualidades de sabiduría, valor, autodisciplina y justicia y esta era cierta en el estado cuando cada cual se ocupaba de lo suyo, que no era otra cosa que hacer aquello que por naturaleza tenía asignado y era apto, atendiendo que el estado en la forma ideada en la República de Platón estaba distribuido entre gobernantes (poder político ejercido por los sabios), los auxiliares que ayudaban a los primeros para eliminar toda amenaza externa y, finalmente, los trabajadores que no importaban mucho y que tenían como única función el abastecimiento de las necesidades de todos los ciudadanos y todo aquel que pretendiera alterar la estructura de la sociedad constituía una potencial amenaza para la estabilidad del estado. Gobernantes y auxiliares, por tanto, son los guardianes del estado y obtenían esa categoría tras una rigurosa criba eugenésica.
Pues bien, Podemos nació como consecuencia de la explosión de hartazgo e indignación masiva de la ciudadanía española contra la corrupción política, económica e institucional, de tal manera que se impugnó lo que se ha conocido como el régimen del 78. Se podría afirmar que Podemos vino a alterar aquella estructura de poder y de hecho lo consiguió, pues el bipartidismo terminó y el mapa político se reconfiguró. Desde ese mismo momento los gobernantes (los sabios del 78) pusieron a funcionar a los auxiliares en la finalidad de poner en su sitio a los de abajo, que habían osado salirse del tiesto y devolver las cosas al lugar de donde no debieron haber salido, incluso, crearon nuevos partidos, dos en concreto, uno nuevo, que algunos definían como el Podemos de derechas y otro supuestamente nuevo, pero en realidad son los herederos del antiguo régimen, ese que formó parte del pacto del 78 que dio paso a la transición democrática y que a su consecuencia siguieron disfrutando de sus privilegios quedando a salvo de dar cuentas gracias a la ley de punto final que significó la ley de amnistía, mientras, la otra parte quedó enterrada en las cunetas, en las fosas y ahí siguen, y el juez que intentó abrir una investigación sobre la barbarie fascista que asoló España, inhabilitado.
Platón, en realidad, no defendía la democracia a la que calificaba como estado gobernado por el conjunto de la población, cuyo único requisito de preparación que exige para gobernar es que el gobernante sea amigo del pueblo, considerando al individuo democrático con falta de armonía psíquica que no permite que se imponga la razón a los caprichos vanos y, a su resultado, la injusticia es inevitable. Por tanto, si se quiere justicia esta solo es posible si el que la dispone muestra total lealtad al estado gobernado por los guardianes que, como estado que son, se inmiscuyen en todas las esferas de la vida de los individuos (los de abajo) que deben someterse a las exigencias del estado, sacrificando la libertad personal, lo que nos lleva a un modelo de totalitarismo guardián que permite, por un lado perseguir hasta el escarmiento a los roba gallinas (expresión utilizada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo) al tiempo que se justifican los negocios turbulentos de Juan Carlos de Borbón y su salida de España a paradero desconocido, en plena investigación.
Así las cosas, si ponemos en relación el nacimiento y desarrollo de Podemos con la prohibición de alterar el estatus quo se puede comprender la voracidad con la que los auxiliares atacan utilizando cualquier medio, justificándolo, para alcanzar el fin: la eliminación a cualquier precio de Podemos, más ahora que ha llegado al gobierno, situación que sí altera la estructura del estado y el reparto de funciones asignado, considerando, utilizando palabras de Platón, que la actual composición del estado (gobierno) es como un navío que da bandazos en manos de una tripulación incompetente.
Atendiendo a lo anterior, la justicia auxiliar (no es toda la justicia, afortunadamente) ha abierto causa penal a Podemos por presunta financiación ilegal a raíz de una denuncia interpuesta por José Manuel Calvente, un ex abogado de esa formación política que fue despedido por acoso a una compañera de su mismo partido. El citado denunciante declaró en calidad de testigo durante casi tres horas ante el juez instructor que, según se ha sabido después, estuvo llena de imprecisiones, sospechas infundadas, comentarios de segunda mano, sin indicios relevantes. Respecto de los cinco contratos entregados al Juzgado, supuestamente ficticios, el abogado tuvo que frenar al juez instructor en cuanto a la consideración artificiosa que este hacía de esos documentos, ya que él no podía afirmar categóricamente que fueran simulados y que reservadamente le habían llegado a través de terceras personas confidentes insistiendo que es lo que le habían dicho a él, pero que no ha visto nada, como tampoco le constaba que los desplazamientos a países como Brasil tuvieran relación con esos contratos. De nuevo el abogado denunciante tuvo que salir al paso cuando el Juez instructor quiso relacionar la utilización de fondos del partido para beneficio personal de determinados dirigentes o empleados de Podemos, en este caso, dejó por tres veces más que claro que no, que no lo sabía, añadiendo que no sabía si se llegaron a pagar, que igual se bloquearon y no se llegaron a pagar. Lo mismo respecto de la reforma de la sede del partido.
De toda esa conversación de casi tres horas entre Juez y denunciante solo se pone a disposición de la defensa unos cuarenta minutos mas o menos, del resto en ese momento no se sabe nada, sin que tampoco constara que se hiciera transcripción de la declaración, lo que es del todo irregular y cuestiona seriamente la validez de la prueba así entregada, de hecho, invalida toda esa prueba pues la cadena de custodia se ha roto y ha habido alguien que ha cortado por donde ha querido, fabricando así una prueba a la medida e impidiendo que sea vista y oída en todo su contexto, desde el principio hasta el final. El hecho de parcelar la declaración contraviene la jurisprudencia penal española e internacional que tiene sentado que las pruebas que se graban en soporte magnético, sea el que sea, deben estar íntegras, sin cortes, en original y deben quedar custodiadas en sede judicial y en estas condiciones deben ser entregadas a las partes, en la que está la defensa, cuyo derecho a obtener todas las pruebas tal y como se han obtenido es de especial relevancia constitucional y su manipulación afecta con gravedad al principio de presunción de inocencia y crea material, efectiva y muy grave indefensión con transgresión al derecho a tener un juicio justo con total respeto a las garantías procesales que regulan el procedimiento penal. Que luego aparezca la prueba y se entregue a las partes no la valida ni corrige la manipulación, pero sí la hace nula de pleno derecho, mucho más cuando se ha entregado a la defensa después de haber hecho el escrito que solicitaba esa nulidad, quedando, así, además, acreditada la indefensión a la parte imputada.
La imparcialidad del Juez instructor es de tal relevancia constitucional que su toma de contacto con el material probatorio no puede ser en el sentido de intervenir en su elaboración, sino la de asegurar que la práctica de las diligencias de investigación se hagan conforme al procedimiento legalmente establecido, lo que incluye la efectiva participación de la defensa al momento de su realización para que la pueda contradecir y presentar en su descargo, también en la fase de investigación, todas aquellas pruebas que refuten la acusación. Si esto no es lo que ocurre resulta que esa declaración testifical de cargo realizada ante el instructor y luego entregada parcialmente lo único que persigue es crear una ficción probatoria contra la parte acusada, pero también contra la realidad queriendo evitar el conocimiento verdadero sobre los hechos. Esta forma de proceder es consustancial con el proscrito derecho penal de autor (como eres de Podemos eres culpable).
El espacio jurídico de la imparcialidad del Juez desdobla sus efectos tanto en el terreno de las relaciones del Juez con las partes y de estas entre sí, como en la práctica de las pruebas y el uso de los medios probatorios sobre los cuales el instructor tiene asignada la función de velar por la legitimidad constitucional de la producción probatoria que debe respetar el principio de buena fe, sin que tenga cabida el abuso de derecho, el fraude procesal, sin que pueda tener efecto la prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales de toda persona acusada, ya sea física o jurídica. Y esto precisamente es lo que ocurre cuando se entrega una prueba a la defensa degradada y separada de su contenido real.
La justicia de los guardianes se opone a la justicia democrática. El procedimiento penal que emana de nuestra Constitución cuando procura todos los poderes a la defensa, lo hace en el sentido que expresaba Carrara, esto es, que no solo lo concibe porque este derecho es sagrado, también para que sirva de contrapeso necesario para moderar los poderes de los acusadores y eso es precisamente lo que no ha quedado evidenciado cuando se entrega una prueba adulterada en la misma sede judicial, comprometiendo así a la imparcialidad judicial, vulnera el derecho de defensa y hace nula la prueba, por tanto, de justicia no va la cosa, va de recomponer las cosas al sitio del que nunca debieron salir y de eliminar a aquel que ha alterado la estructura de la sociedad ideada por los guardianes y, de paso, derribar al gobierno progresista de coalición.