El Gabinete de Comunicación del Gobierno de España detalló el pasado 1 de octubre algunas cifras relevantes referentes a la prestación del Ingreso Mínimo Vital a partir de datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al cumplirse 15 meses de la puesta en marcha esa asignación.
En todo el Estado, de los 1.322.904 expedientes válidos presentados hay 336.933 aprobados -con un total de 799.203 personas beneficiarias- y 888.458 denegados y 97.513 sin resolver. O sea, un 25,5% de los presentados válidos están aprobados. “La cuantía media de la prestación por hogar es de 436 euros mensuales y por beneficiario, de 172 euros”.
En Andalucía, de los 330.561 expedientes válidos presentados hay 99.415 aprobados-con un total de 247.554 personas beneficiarias- y 218.660 denegados y 12.418 sin resolver. O sea, un 30,1% de los presentados válidos están aprobados.
Además, entre los aprobados hay algunos beneficiarios que aún no han podido percibirlo por las demoras existentes en la gestión de su pago.
España se encuentra sumida en una crisis profunda que responde a causas estructurales, acentuada con la aplicación de políticas económicas neoliberales -con su cadena de privatizaciones de servicios y recursos- con un crecimiento sustancial de las desigualdades sociales. El IMV surge como una medida muy urgente para afrontar esa situación de empobrecimiento agudizado e incrementado con la pandemia de la Covid 19.
En la propia exposición de Motivos del Real Decreto-Ley sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se reconoce que “en España 9,9 millones de personas (21 por ciento) en 4 millones de hogares se encuentran en riesgo de pobreza”. Pese a estos datos, desde inicio en su Art. 1 sólo se plantea atender a una parte de esa población, “a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas… cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad”, pero asignándole para ello presupuestos y medios a todas luces insuficientes.
Dados los terribles niveles de pobreza existentes y la urgencia de una solución, nos indigna aunque no nos sorprende que hoy, 15 meses después, se esté todavía muy lejos de las 850.000 prestaciones presupuestadas y de las 2,3 millones de personas beneficiarias estimadas cuando se anunció el lanzamiento del IMV.
Los pobres resultados ofrecidos (336 mil ayudas aprobadas, el 25,5% de las presentadas en 15 meses y la elevada cantidad de expedientes rechazados) son en buena medida consecuencia de la burocratización del modelo de concesión, de la complejidad del trámite, de la inoperancia y falta de agilidad del mismo, de la falta de recursos propios previstos para su gestión y de no tener en cuenta las características de las personas a las que supuestamente van dirigidas estas.
Vista la documentación exigida y que en buena parte ya está en poder de la propia Administración, la puesta en marcha de la ventanilla única eliminaría en gran medida esa presentación a las personas usuarias.
La falta de acceso a la atención presencial en la Seguridad Social deja a numerosas personas fuera del IMV y en el más absoluto abandono
Parece no haber sido entendida como relevante la situación de precariedad de muchas de las personas demandantes: se producen cambios en los ingresos de las y los demandantes dada la demora en resolver las solicitudes, lo que motiva que se desestimen los expedientes no resueltos en corto plazo; la brecha digital existente -por la falta de medios o conocimientos de buena parte de las personas objetivo de IMV les dificulta iniciar el trámite o aportar la documentación que ayude a subsanar los posibles cambios o errores. El artículo 41 de la Constitución, que las ampara como derecho subjetivo, queda con ello olvidado.
Consideramos un avance la medida de complementar el IMV en 100 €/mes por hijo menor de tres años, de 70 € a los menores de seis y 50 € a los menores de 18 contenida en la propuesta de presupuestos de 2022.
Deseamos que las enmiendas pendientes de aprobar mejoren los importes percibidos como renta garantizada y que aceleren el acceso al IMV. No son aceptables ayudas medias de poco más de 400 euros mensuales por unidad familiar que no permiten totalizar unos ingresos que cubran las necesidades básicas ni que en total sólo se conceda una de cada cuatro solicitudes presentadas después de largos meses de espera.
Son necesarias modificaciones que mejoren las ayudas previstas para las personas afectadas por una discapacidad, que faciliten el acceso a las personas que agoten subsidios por desempleo o que sufran una repentina pérdida sustancial de ingresos, que permitan acceder directamente a los que comparten vivienda por una situación de pobreza sobrevenida y que se contabilicen para acceder a la prestación sólo los ingresos del último trimestre concluido y no los el año completo anterior. También que se perciba automáticamente la Renta Mínima de Inserción andaluza si se dispone ya del IMV y viceversa, evitando así duplicar gestiones.
La pobreza y marginación social no pueden esperar. El enriquecimiento desorbitado de unos pocos está llevando al empobrecimiento de una mayoría, acelerado por la falta de un sistema de protección que pueda resolver estas situaciones. Son conocidas las limitaciones que presentan las ayudas sociales condicionadas, del tipo que sean. Por ello, seguimos reivindicando la Renta Básica Universal como el mecanismo más económico, eficaz y sencillo de ejecutar para abrir al 37,3% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social la puerta de los derechos humanos y a una vida digna. Su aplicación depende de la voluntad política de quienes mandan. La presión social en todos los espacios posibles será fundamental para que las correcciones en el IMV vayan en la dirección correcta: reducir la pobreza y el abandono en que se ven sumidas hoy día millones de personas.
Hablamos de Derechos y Justicia, no de caridad.
Óscar Mitillo. Coordinador del Área de Marginación de la APDHA
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