Pocos aspectos de la vida social, económica y cultural podrían concebirse en la actualidad sin el importante soporte que representan los recursos de diferentes ámbitos del dominio público. Sobre el espacio urbano, interurbano y ultraterrestre se planifican y desarrollan todo tipo de actividades que, junto al aprovechamiento del acervo de conocimientos debido a los avances científico-técnicos de la humanidad en su conjunto, utilizan bienes limitados y a veces escasos como el agua, el aire, los minerales y el petróleo, el espectro de frecuencias, etc., etc.
El uso de estos bienes materiales que, por su actual deterioro, precisan cada vez más de especial protección, o al menos de un empleo racional para su disfrute social justo y equilibrado, debe planificarse cuidadosamente para no alterar sus ciclos de recuperación y con miras a la necesidad que de ellos tendrán las futuras generaciones. De ahí que su carácter comunitario sea aún ineludible.
Igualmente muchas de las industrias y empresas que se establecen, no podrían funcionar, si para la producción y distribución para el consumo, de las mercancías que fabrican o servicios que suministran, no se sirvieran del dilatado espacio de lo público, como son las infraestructuras de transportes y comunicaciones, los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica, los acopios de grandes volúmenes de agua, o bien los valores añadidos que suponen las concentraciones urbanas y las redes culturales, educativas y de salud.
El cibernético, sesudo y prepotente capitalismo de nuestro tiempo se encuentra ahora que no sabe avanzar sin el fácil concurso masivo de estos bienes de capital, de trabajo y de relación humana de propiedad colectiva. Para seguir desviando hacia grupos minoritarios la mayor parte de los beneficios a escala nacional o de un grupo de países, no le basta con adquirir a menor precio cada día las mejores habilidades y aptitudes, ¿competitividad?, sino que se fundamenta primordialmente en poner a su servicio aquella otra habilidad llamada "ingeniería financiera", a cuyas órdenes se disponen las técnicas de la sociología de masas y, no muy distante, la técnica militar en su caso.
Pero la novedad del capitalismo de masas, hoy día imperante, no es solo que tiene que ocupar, dominar y hasta esquilmar más amplios espacios del patrimonio comunitario en diversos países bajo su mega estrategia de mundialización; además de ello, necesita requisar aquella parcela del espacio-tiempo reservada hasta ahora para el desarrollo personal del ciudadano en sus facetas creativas y recreativas, de reflexión y de relajo. Esta intromisión, proyectada para invadir los microámbitos individuales de grandes extensiones de población e integrarlos en los actuales mecanismos productivos, se apoya en los medios de comunicación de masas y las técnicas del multimedia hoy tan en boga. En este sentido, tanto la riqueza histórico-artística como la lengua hablada y escrita y el resto de los sistemas socioculturales de un país, sobre los que se conforma su identidad, que con la inteligencia y el trabajo del hombre como ser social han ido decantándose a lo largo de muchos siglos, suponen la delicada oblea simbólica sobre la que actúan sin recato las modernas industrias culturales para obtener sus plusvalías.
Las llamadas autopistas de la información y los nuevos servicios, que según nos anuncian van a revolucionar nuestros modos de trabajo y comportamiento en el siglo XXI, al igual que la radio, la televisión o el teléfono, tienen que recurrir para su funcionamiento a muchos medios adscritos hasta ahora a la esfera de lo público. Así, las frecuencias hertzianas y el segmento espacial de las orbitas geoestacionarias para los satélites de comunicaciones, asignados a cada país por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); la servidumbre de paso urbana e interurbana de que gozan los cables y sistemas de comunicaciones que representan un bien esencial por su carácter estratégico, de seguridad, económico y de articulación del estado; y las infraestructuras de transporte de señales de telecomunicaciones, que como las redes de Telégrafos, Telefónica, RTVE e Hispasat en España, se deben a las grandes inversiones de billones de pesetas realizadas por el propio Estado o las Empresas Públicas.
En su desarrollo han gozado del amparo de la Ley de Expropiación Forzosa, fundamentado en el servicio público que debían prestar, y ahora constituyen un atractivo territorio para las multinacionales del sector. Para ello, y arguyendo las ventajas de la globalización del mercado, las nuevas corrientes liberalizadoras justifican en pos de la modernidad, la competitividad y la eficacia, la total desregulación de estas redes y servicios, al objeto de que nuevos operadores encuentren un terreno abonado en nuestro país y entren en el negocio, tanto de los clásicos como de los servicios avanzados de telecomunicación y el multimedia.
En estos proyectos, que derivan en pérdida de soberanía de los estados, la colaboración de los gobiernos nacionales está siendo fundamental al objeto de romper el llamado "proteccionismo", pero puede suceder -como ocurrió tras la aparición de la televisión privada en España, que para dar más de lo mismo, o peor, se facilitó la venta de la Red de Transporte y Difusión de RTVE a precio de saldo- que estos nuevos sistemas de telecomunicación accedan a las infraestructuras de red existente y/o instalen otras, al serle concedido todo o parte del patrimonio público en esta materia, solo con el objetivo económico.
Muchas preguntas se nos plantean al respecto, como por ejemplo: ¿Se va a incrementar sustancialmente con estas medidas el empleo en nuestro país en los sectores de las telecomunicaciones y el audiovisual? ¿Redundarán estas redes en beneficio de la colectividad, garantizándose la universalidad de los servicios a prestar? ¿Se va a definir de forma plural la prioridad en cuanto a servicios y contenidos a producir? ¿Quiénes podrán producir contenidos, cómo serán estos y quién controlará que sus fines sean pacíficos, solidarios y democráticos? ¿O lo que se pretende, con el argumento de la pluralidad, es generar ruido para dificultar la libre percepción y elección de los ciudadanos ante las ofertas económicas y políticas que se les presentan? Este tipo de cuestiones deben ser planteadas y solventadas desde el mayor conocimiento posible de los ciudadanos y sus organizaciones. Si es que tenemos que ceder para el mercado nuestro pecunio social, habrá que sopesar los pros y los contras y valorar, si como generalmente sucede, lo que interesa a pocos nos pueda costar muy caro a la mayoría.