"Eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no remunerado"
Silvia Federici
He participado como encuestado en la séptima, octava y novena edición de esta encuesta. Sé, por tanto, lo que se pregunta y lo que no. Cuando el Banco de España presentó en mes de abril los resultados de su novena Encuesta Financiera de las Familias, los titulares celebraron, con razón, que la renta mediana de los hogares españoles había recuperado por fin los niveles de 2001. Era una buena noticia. El problema es que esa noticia, como todas las que se construyen sobre el hogar como unidad de análisis,lleva incorporado un supuesto invisible que rara vez se discute: que dentro de cada hogar los recursos se distribuyen de manera equitativa, que lo que entra por la puerta se reparte de forma justa entre quienes viven detrás. Pero a pesar que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Concretamente, su artículo 20 establece la obligación de desagregar por sexo todas las estadísticas públicas española el Banco de España no acaba de adaptarse a este norma. La economía feminista lleva al menos cuatro décadas demostrando que ese supuesto es, en el mejor de los casos, una simplificación técnica; en el peor, una ficción políticamente conveniente. La Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España mide la riqueza como si dentro de cada hogar todos ganaran, gastaran y acumularan por igual. La economía feminista lleva décadas advirtiendo que esa ficción estadística tiene consecuencias muy reales sobre las políticas públicas.
La elección del hogar o la familia como unidad de cuenta no es inocente. Tiene historia. Procede de una tradición económica que, durante siglos, trató la familia como una entidad unificada con preferencias y objetivos comunes, representada en los modelos por un agente único ,el famoso pater familias, que tomaba decisiones racionales en nombre de todos. Gary Becker, Nobel de Economía en 1992, es la figura más influyente de esta tradición: su teoría del hogar como empresa doméstica asumía que el cabeza de familia maximizaba el bienestar conjunto, distribuyendo recursos de manera altruista entre sus miembros. La crítica feminista, articulada con particular agudeza por economistas como Nancy Folbre, Diane Elson o la española Cristina Carrasco, desmanteló ese edificio pieza a pieza. El hogar no es una empresa armónica. Es un espacio atravesado por relaciones de poder, negociación y, con demasiada frecuencia, conflicto. Y en ese espacio, el género importa, y mucho.
Lo que la EFF mide cuando habla de "renta del hogar" es la suma de todos los ingresos que entran en esa unidad doméstica, atribuidos al conjunto y desagregados solo por la edad o el nivel de riqueza del denominado "cabeza de familia". Pero ¿quién es el cabeza de familia? La encuesta no lo dice con transparencia, aunque en la práctica estadística española este concepto ha tendido históricamente a designar al miembro de mayor ingreso, que en la mayoría de los hogares de pareja heterosexual sigue siendo el hombre. El resultado es que la fotografía que ofrece la encuesta sobre la mejora de las rentas en la mitad inferior de la distribución —ese dato tan celebrado del 7% de crecimiento anual para el 20% más pobre— es en realidad una fotografía del hogar como caja negra. No nos dice si ese aumento de ingresos llegó a las mujeres que viven en esos hogares, ni en qué proporción, ni con qué grado de autonomía.
Esta opacidad no es un detalle técnico menor. Es estructural. Y sus consecuencias se revelan en cuanto se cruzan los datos con lo que sí sabemos por otras fuentes. Sabemos, por la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que los hogares monoparentales ,de los cuales más del 80% están encabezados por mujeres, tienen tasas de riesgo de pobreza que duplican la media. Sabemos que la brecha salarial de género en España se sitúa en torno al 20% en términos de ganancia anual, según la Encuesta de Estructura Salarial. Sabemos que las mujeres realizan aproximadamente el doble de trabajo no remunerado que los hombres —cuidado de hijos, personas mayores, tareas domésticas—, trabajo que la EFF no computa como riqueza aunque sostenga literalmente la vida económica del país. Y sabemos, por la investigación de Shelly Lundberg y Robert Pollak, que cuando el ingreso entra en manos de la mujer —por ejemplo, a través de transferencias directas como el ingreso mínimo vital— se destina en mayor proporción al consumo de los hijos que cuando entra en manos del hombre. El dinero no es fungible dentro del hogar. Tiene género.
La EFF 2024 celebra que el crédito personal ha crecido especialmente entre los hogares más vulnerables. Pero no nos dice si ese crédito —más caro que la hipoteca, más expuesto a tipos variables— lo contratan en mayor medida las mujeres que encabezan hogares monoparentales para cubrir gastos de crianza que el mercado laboral y el Estado no cubren suficientemente. La economía feminista tiene un nombre para esta dinámica: la financiarización del cuidado. Y es uno de los vectores más silenciosos de reproducción de la desigualdad de género.
Hay además una ausencia especialmente reveladora en los datos de riqueza. La EFF muestra que la proporción de hogares propietarios de su vivienda principal ha caído ininterrumpidamente desde 2011, hasta situarse en el 70,6%. Pero no desglosa si esa caída afecta de manera diferenciada a los hogares encabezados por mujeres. La propiedad inmobiliaria es, en España, la principal fuente de riqueza familiar. Y el acceso a esa propiedad —a través de hipotecas que requieren ingresos estables y suficientes— está condicionado por una trayectoria laboral que el mercado sigue penalizando más a las mujeres: mayor prevalencia del trabajo a tiempo parcial, interrupciones por maternidad, segregación sectorial en ramas con menores salarios. La invisibilidad estadística del género en la EFF hace imposible cuantificar con precisión esta brecha patrimonial, pero no hace que deje de existir.
La economía feminista no pide que se destruya la encuesta. Pide que se abra la caja negra. Pide que se midan los ingresos y activos de manera individualizada dentro del hogar, que se compute el trabajo de cuidados como producción económica —algo que la Contabilidad Nacional ya hace parcialmente con la "cuenta satélite del trabajo no remunerado"—, y que se cruce sistemáticamente cualquier variable de renta o riqueza con el sexo de quien la detenta y gestiona, no del hogar en abstracto.
No es una exigencia ideológica. Es una exigencia de rigor. Porque una estadística que no ve a la mitad de la población con precisión suficiente no está midiendo la realidad: está reproduciendo, con la autoridad del número, el viejo supuesto de que lo que ocurre dentro del hogar no es asunto de la economía. Y ese supuesto, como la EFF nos recuerda con cada edición que pasa sin desglose de género, tiene un coste que siguen pagando, fundamentalmente, las mujeres.