Hoy se cumplen 40 años de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Nuestra norma institucional básica. Un documento del que debemos sentirnos muy orgullosos en varios sentidos. Por un lado, porque se ha convertido en un magnífico marco de regulación y convivencia durante cuatro décadas. También, tenemos que seguirlo teniendo presente, porque fue posible gracias a la movilización y compromiso de todo el pueblo andaluz y las fuerzas políticas que lo representaban.
Este aniversario es una buena oportunidad para felicitarnos, mucho ha progresado Andalucía en estas cuatro décadas, y se ha evidenciado que las reivindicaciones de aquellos momentos de transición democrática fueron lícitos y justos.
En estos últimos cuarenta años, a pesar de haber cambiado de forma muy sustancial la realidad andaluza, nuestro estatuto de autonomía ha sufrido una única modificación, en 2007. Es nuestra obligación velar por que validez, su reflejo de los retos de convivencia actuales y futuros, su bondad para dar respuesta a nuestros desafíos y los de nuestros hijos y nietos.
Queremos, como miembros de la sociedad civil, compartir esta reflexión y trasladar una propuesta, extensiva a todos los grupos parlamentarios, para estudiar la idoneidad y revisar el texto de nuestra norma básica autonómica para que siga siendo el vehículo de progreso social, económico y ambiental que todos deseamos.
En estos últimos 40 años han cambiado muchas cosas, y problemas que aparecían incipientes hace décadas, hoy es necesario prestarles la máxima atención. El despoblamiento de nuestras áreas rurales y la necesidad de articular políticas territoriales transversales, el calentamiento global que afecta especialmente a Andalucía, la emergencia climática en la que nos encontramos. La política forestal y la gestión de nuestros recursos hídricos, cada día más escasos. La transición ecológica y energética, de tanta noticia en estos días pero que ha llegado para reconfigurar cientos de miles de hectáreas de nuestro territorio y reorganizar muchos sectores productivos.
Nuestro sistema fiscal que no debe permanecer más tiempo ajeno a una implantación de una verdadera fiscalidad verde, justa, progresiva y redistributiva. Sectores económicos con criterios netamente extractivos que deben reconfigurar su actividad a criterios de sostenibilidad acordes con el siglo XXI. Políticas transversales vinculadas al bienestar y la salud cotidiana de los andaluces vinculadas a la alimentación, la movilidad. Nuevos modelos de gestión sanitaria que se han evidenciado como imprescindibles con la dura pandemia sanitaria de los últimos meses. Un sistema educativo inclusivo, equitativo. La burocracia, las nuevas tecnologías y su marco regulatorio, la globalización. Realidades sustancialmente distintas hoy a las existentes en 1981.
Lograr un marco de convivencia basado en unas normas que promuevan y protejan los deberes y derechos de las futuras generaciones, los que van a tener que afrontar las consecuencias de las decisiones que tomamos hoy, sería, en nuestra opinión, un objetivo compartido que renovaría las ilusiones de muchas personas y organizaciones.
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