Una migrante, en las protestas realizadas en Lepe tras los incendios en asentamientos. FOTO: ASNUCI
Una migrante, en las protestas realizadas en Lepe tras los incendios en asentamientos. FOTO: ASNUCI

Arde Huelva, pero no se espera que Gene Hackman y Willem Dafoe acudan prestos a sofocar la mecha del racismo y la xenofobia. Arde Huelva y las llamas convierten en cenizas los asentamientos chabolistas donde miles de personas sobreviven en condiciones infrahumanas, sin luz ni electricidad ni saneamiento. Jornaleros migrantes tratados como esclavos en un mar de plásticos donde se vuelven invisibles. Son igual de negros que cuando les aplaudimos desde los balcones, mientras ellos y ellas ponían el cuerpo para garantizar el funcionamiento de la cadena de suministros, pero ahora que la pandemia ya no mata por centenares, parece que su piel se haya ennegrecido al mismo ritmo que nuestra solidaridad ha vuelto a transmutar en prejuicios.

El pasado mes de febrero,el relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos visitó estos asentamientos a los que comparó con los campos de refugiados en Grecia, y en 2018, la organización alemana Correctiv destapó los abusos físicos y sexuales que sufren las temporeras africanas. Noticias de impacto, que sin embargo, en la sociedad de la instantaneidad y el flujo constante de información se disuelven como un azucarillo.

Arde Huelva y lo hace sobre tierra quemada, porque el campo andaluz lleva décadas explotando las vidas de seres humanos como si fueran mercancía de usar y tirar. Pudiera parecer que se trata de un fenómeno coyuntural a estos tiempos de excepción, pero la realidad es que la tierra cultivable de Andalucía está abonada por la sangre reseca de generaciones de inmigrantes que huyeron de la pobreza material de sus países para toparse, al otro lado del Estrecho, con la miseria moral del nuestro. Pudiera parecer que la extrema derecha que sostiene el Gobierno de Andalucía disfruta como gorrino en cochiquera del olor a quemado, y a buen seguro que así sea, pero el Palacio de San Telmo ha estado ocupado durante lustros por políticos que se dicen socialistas y que han hecho la vista gorda para no perturbar el sueño de los grandes propietarios.

"Hemos mantenido un encuentro con representantes de los afectados por los incendios en asentamientos con el objetivo de buscar soluciones habitacionales. Pedimos la implicación del resto de las administraciones", dice el Ayuntamiento de Lepe es un escueto comunicado donde resume la maraña burocrática a la que se tienen que enfrentar los recolectores extranjeros. Los consistorios remiten a la Junta y la Junta remite al Gobierno. Y así gira la rueda de hámster de la que nadie se hace responsable. Entre tanto, cientos de personas pasarán hoy otra noche al raso, con las pocas pertenencias que han podido salvar de las llamas, porque un país con más de tres millones de viviendas vacías se muestra incapaz de encontrar alojamiento para unos cientos de personas.

En realidad, el problema no es tanto de capacidad sino de voluntad. El alcalde de Lucena del Puerto, una de las localidades de la provincia de Huelva donde se han producido los incendios, intervino en un programa de radio local en el que acusó a los inmigrantes de vivir en condiciones de miseria para "ahorrarse el alquiler", y en un alarde solidaridad solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias para que procediera a su desalojo. El regidor olvidó mencionar que los colectivos de trabajadores africanos han reiterado en múltiples ocasiones la voluntad de costearse un alojamiento digno, pero, o los propietarios de viviendas en alquiler no están dispuestas a arrendarlas, o muchos de los inmigrantes se encuentran en situación irregular, y por tanto, no disponen de una nómina con la que demostrar los ingresos que perciben. Hace unas semanas, el futbolista Keita Baldé logró alquilar un edificio para que 90 temporeros de Lleida tuvieran un lugar donde descansar, pasar la noche y asearse. El jugador, natural de Girona y de padres senegaleses, denunció que se había ofrecido a costear la estancia de los jornaleros en varios hoteles de la ciudad, pero que todos ellos se negaron, sin alegar motivo alguno y a pesar de contar con habitaciones disponibles. A fecha de hoy, el Ayuntamiento de Lleida no ha puesto en marcha investigación alguna para dilucidar lo que parece un caso de discriminación racial.

A este clima de exclusión y xenofobia contribuyen ciertos medios de comunicación que azuzan las brasas del odio con titulares sensacionalistas y desinformantes. Y no me refiero a esos panfletos digitales de extrema derecha, que también, sino a cabeceras que presumen de lustrar cada noticia con un barniz de ética profesional, pero que llevan meses cargando las tintas contra colectivos tan vulnerables como los menores migrantes no acompañados.

El verdadero problema de la inmigración es que ha sacado a la luz las costuras de un sistema que se está deshaciendo a jirones. La crisis sanitaria ha abierto los armarios donde el capitalismo tenía escondidos los cadáveres, y ahora que las puertas dejan entrever los rincones más oscuros, se afanan en colocar una mordaza a todos aquellos que no están dispuestos a malvivir más tiempo entre las sombras. Los inmigrantes en situación irregular nunca habían sido un problema para los grandes propietarios. Más bien al revés, eran la mano de obra barata con la que podían ensanchar su margen de beneficios. Las asociaciones de agricultores nunca habían tenido un discurso tan beligerante, pero las inspecciones de trabajo parecen haberles amargado la bilis. Acostumbrados a hacer y deshacer a su antojo, esta nueva corriente de trabajadores en lucha y de un ministerio dispuesto a hacer cumplir la legislación, les ha colocado en un escenario insólito donde el látigo y la fusta con la que solían marcar el paso comienzan a temblarles entre las manos.

Los temporeros africanos se están organizando y lo hacen al margen de la tutela de los grandes sindicatos, aquellos que han sido cómplices, por acción u omisión, del mantenimiento de las redes esclavistas sobre las que ha germinado el lucrativo negocio de las explotaciones agrarias por todo el país. La solución a eso que llaman "el problema migratorio" pasa por la regularización de los inmigrantes sin papeles que contribuyen con su trabajo a las arcas del Estado, pero que están condenados a sobrevivir en un limbo legal donde cumplen con todas las obligaciones sin disfrutar de ninguno de los derechos. Sin un marco jurídico que les proteja y les otorgue la categoría de ciudadanos, de las llamas de los asentamientos chabolistas surgirán revueltas cada vez más virulentas. Y recuerden que en los bolsillos vacíos caben muchas piedras.

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