El Gobierno ha aprobado una quita de 83.000 millones de euros de la deuda autonómica, con el argumento de aliviar la carga financiera de las comunidades y garantizar que los recursos liberados se destinen a sanidad, educación o dependencia. Una medida sin duda ambiciosa, pero profundamente incompleta e injusta, porque deja fuera a quienes más cerca están de los ciudadanos: los ayuntamientos.
Las corporaciones locales son la primera puerta de entrada de los vecinos al Estado. Son los ayuntamientos quienes mantienen los servicios básicos del día a día: limpieza, transporte urbano, seguridad, cultura, deporte, mantenimiento de calles y plazas. Además, durante la última década han asumido competencias impropias, es decir, servicios que legalmente no les corresponden —como programas de empleo, servicios sociales avanzados, apoyo a la dependencia o vivienda— pero que han sostenido porque la ciudadanía no puede esperar a complejos debates de competencias.
Y sin embargo, cuando se diseñan grandes operaciones financieras de alivio de deuda, como esta quita autonómica, los ayuntamientos vuelven a ser los grandes olvidados.
Una injusticia con los más cumplidores
Según datos oficiales, la quita de deuda aprobada —más de 83 000 millones de euros— equivale a casi cuatro o cinco veces la deuda viva acumulada por los ayuntamientos (que en 2024 fue de aproximadamente 18.000 millones). Sin embargo, solo las comunidades autónomas recibirán este alivio, dejando fuera de esta política redistributiva a las corporaciones locales, pese a ser las más cercanas al ciudadano y haber demostrado, incluso en la pospandemia, una senda de consolidación fiscal.
La paradoja es que los ayuntamientos han sido, con diferencia, las administraciones más responsables en la gestión económica. Tras la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, fueron los consistorios quienes redujeron déficit y deuda con mayor rapidez, a costa de planes de ajuste y de renunciar a inversiones necesarias en barrios y servicios. Mientras otras administraciones multiplicaban su deuda, los municipios hacían los deberes.
Hoy muchos de ellos siguen arrastrando cargas financieras importantes, especialmente los de mayor tamaño y los que sufrieron rescates bancarios que les obligaron a refinanciar operaciones a largo plazo. Y, sin embargo, el Estado les niega la posibilidad de beneficiarse de una condonación que sí reciben las autonomías.
Un mecanismo incompleto
El Gobierno defiende que la quita autonómica permitirá destinar más recursos a mejorar los servicios públicos. Pero esa mejora será siempre parcial si no se incorporan los ayuntamientos al proceso. Son estos quienes garantizan el funcionamiento de los servicios cotidianos y quienes, en muchos casos, sostienen programas sociales sin financiación suficiente.
Si los municipios siguen asfixiados financieramente, no habrá margen para reforzar la atención primaria en los barrios, ampliar la oferta cultural y deportiva, mejorar el transporte urbano o invertir en vivienda social. En otras palabras: la ciudadanía no percibirá la mejora en su vida diaria.
Una cuestión de justicia territorial y democrática
Excluir a los ayuntamientos de esta operación no es solo un error económico, sino una injusticia política y democrática. Son la administración más cercana y más expuesta a la presión ciudadana, la que escucha directamente las quejas en los plenos municipales o en la ventanilla del registro. Negarles el alivio de deuda es castigar a quienes han cumplido, han hecho más con menos y han sostenido el Estado de bienestar desde la proximidad.
Conclusión
La quita de deuda autonómica, sin duda, abre un debate necesario sobre la financiación territorial. Pero sin incorporar a los ayuntamientos, este mecanismo será una oportunidad perdida. No se trata solo de equidad financiera: se trata de garantizar que el esfuerzo de miles de funcionarios, concejales/a y alcaldes/as, y el derecho de millones de vecinos, no quede invisibilizado.
Si de verdad queremos mejorar los servicios públicos, la quita debe ser también para los municipios. Todo lo demás es injusto.