El euro digital como dique democrático

"El dinero es una institución pública y su diseño tiene consecuencias políticas", Christine Lagarde

Christine Lagarde, en una imagen reciente.
29 de enero de 2026 a las 09:23h

En la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE, en Davos, anunció que se acaba de aprobar un paso más hacia la emisión del euro digital, que podría ver su nacimiento en el mercado monetario en 2027. Esta afirmación, formulada en un contexto de máxima visibilidad global, no es un mero anuncio técnico ni una actualización administrativa del sistema de pagos europeo. Constituye, por el contrario, un hito político de primer orden que invita a repensar la naturaleza del dinero, el papel de los bancos centrales y la capacidad de las instituciones públicas para intervenir activamente en la reducción del desorden social generado por el capitalismo financiero contemporáneo.

El euro digital debe entenderse, ante todo, como una respuesta institucional a la expansión descontrolada del dinero privado, la financiarización extrema, la opacidad de los flujos monetarios y la irrupción masiva de monedas digitales privadas. Frente a esta situación evanescencia de la moneda real, la propuesta de una moneda digital pública reabre una pregunta fundamental que había sido deliberadamente desplazada del debate público, ¿qué es realmente el dinero y para qué sirve?

Desde la perspectiva desarrollada por la Teoría Monetaria Moderna (TMM), el dinero no es un objeto neutro ni una mercancía surgida espontáneamente del mercado, sino un producto político. Su existencia, su valor y su circulación dependen de decisiones institucionales y normativas. En este sentido, el anuncio de Lagarde puede leerse como la reafirmación de una verdad incómoda para el discurso neoliberal, la soberanía monetaria es, ante todo, una cuestión política. Los bancos centrales no son meros árbitros técnicos, sino productores normativos de dinero, responsables de la arquitectura básica sobre la que se organiza la vida económica y social.

El euro digital facilita, además, un giro decisivo en la comprensión del dinero como información. Mientras que el dinero tratado como mercancía tiende a comportarse de manera entrópica, acumulándose, concentrándose y generando desorden social, el dinero concebido como información puede desempeñar una función neguentrópica, es decir, ordenadora. Un sistema monetario bien diseñado actúa como un canal de información de baja intensidad de ruido, capaz de coordinar expectativas, facilitar intercambios y promover cooperación entre individuos, empresas e instituciones. En este marco, el valor del dinero no reside en su capacidad de ser atesorado, sino en su función como señal social.

Esta distinción es crucial para comprender por qué el euro digital puede contribuir a reducir la entropía social. La entropía social se manifiesta en la fragmentación, la desigualdad extrema, la pérdida de confianza institucional y la incapacidad colectiva para afrontar desafíos comunes. Una moneda inestable, privatizada o sometida a dinámicas especulativas incrementa inevitablemente este desorden. Por el contrario, una moneda pública, transparente y estable, puede funcionar como un mediador entrópico, favoreciendo la coordinación y reduciendo la incertidumbre sistémica.

El marco teórico conecta esta idea con las aportaciones de Swanson y Bailey, para quienes el dinero mide y regula la entropía social. Desde esta perspectiva, el euro digital no es simplemente una innovación tecnológica, sino una herramienta de política social indirecta. Su potencial reside en la posibilidad de hacer visibles los flujos monetarios, reducir el ruido informativo del sistema financiero y reorientar la circulación del dinero hacia objetivos socialmente definidos. No por casualidad la banca privada ha sido el mayor obstáculo que ha retrasado la emisión del nuevo euro digital.

Este planteamiento dialoga de forma fecunda con la teoría del valor materialista de Piero Sraffa, que rechaza la idea neoclásica de que el valor se origine en preferencias subjetivas. Para Sraffa, el valor se ancla en los procesos productivos y en los costes materiales de reproducción del sistema económico. Desde esta óptica, la separación radical entre dinero y valor, característica del capitalismo financiero, constituye una patología política. Cuando el dinero se autonomiza y se convierte en mercancía, deja de reflejar la estructura productiva real y genera dinámicas ilusorias de autorreferencialidad.

El euro digital abre la posibilidad de reacoplar dinero y valor, al menos en términos normativos. No se trata de que el dinero determine el valor, pero si que el valor determine al dinero y que este deje de operar como un circuito cerrado ajeno a la producción material y a los límites biofísicos del planeta. En un contexto marcado por la crisis ecológica, esta reconexión es fundamental. La ficción del crecimiento infinito sostenido por dinero fiduciario privado es incompatible con un planeta finito. Una moneda pública digital puede, en cambio, incorporar criterios de sostenibilidad, trazabilidad y control democrático.

En este punto resulta clave la referencia al Antropoceno. Una TMM situada en el Antropoceno no puede limitarse a garantizar liquidez y estabilidad macroeconómica, debe asumir explícitamente objetivos ecológicos y sociales. El euro digital ofrece una infraestructura técnica que permite vincular la semántica financiera al metabolismo social sostenible. No se trata solo de saber cuánto dinero circula, sino para qué circula y con qué efectos materiales. Las potencialidades regulatorias del euro digital son múltiples. Entre ellas destacan la posibilidad de una emisión finita y autolimitada, la eliminación del flujo privado de creación monetaria, la transparencia y trazabilidad completas del dinero y una supervisión democrática reforzada. Estas características permitirían mejorar el control de la inflación, aumentar la eficacia de políticas como la renta básica y fortalecer la capacidad fiscal de los Estados sin recurrir a mecanismos regresivos.

El euro digital puede contribuir a reducir el poder estructural de la banca privada como creadora de dinero, una de las principales fuentes de inestabilidad financiera y desigualdad. Al desplazar la función de emisión hacia el ámbito público, se abre un espacio para una democratización real de la política monetaria, hoy ampliamente sustraída al control ciudadano. Desde una perspectiva politológica, el anuncio de Lagarde debe interpretarse como un intento de recuperar capacidad de gobierno frente a fuerzas que han erosionado la soberanía democrática, mercados financieros globales, plataformas tecnológicas y criptomonedas privadas. El euro digital no es una reacción conservadora, sino una apuesta por la reinstitucionalización del dinero como bien público.

No obstante, el propio marco teórico del archivo normativo de los acuerdos del BCE aconsejan prudencia, el potencial neguentrópico del euro digital no es automático. Depende de su diseño institucional, de los mecanismos de control democrático y de la orientación política que lo guíe. Una CBDC utilizada únicamente para reforzar la vigilancia o para reproducir lógicas de mercado no reduciría la entropía social, sino que podría incluso incrementarla. La tecnología, por sí sola, no garantiza resultados emancipadores. Por ello, el verdadero valor del anuncio de Lagarde no reside solo en la fecha de 2027, sino en el cambio de horizonte conceptual que implica. El euro digital reabre el debate sobre el dinero como instrumento colectivo, sobre su función social y sobre su papel en la transición hacia sociedades más justas y sostenibles. En un mundo marcado por crisis superpuestas, esta reapertura no es menor, es una condición necesaria para recuperar la capacidad de imaginar y construir futuros comunes.

En definitiva, el euro digital puede ser una muy buena noticia porque representa la posibilidad de transformar el dinero de mercancía entrópica en información neguentrópica, de desplazar la lógica de la acumulación hacia la de la coordinación y de reinsertar la política monetaria en un proyecto democrático y ecológicamente consciente. No garantiza por sí mismo ese resultado, pero sin una herramienta de este tipo, dicho resultado es sencillamente inalcanzable. Pero la coyuntura política actual revela una paradoja tan llamativa como inquietante, dos figuras procedentes de la banca central, Christine Lagarde y Mark Carney, aparecen hoy como garantes del orden democrático liberal frente a amenazas que provienen tanto del populismo autoritario como del poder desregulado de las grandes plataformas tecnológicas. Esta situación resulta paradójica porque los bancos centrales han sido tradicionalmente percibidos como instituciones tecnocráticas, alejadas del control democrático y asociadas a políticas de austeridad y disciplina fiscal.

Sin embargo, el contexto ha cambiado radicalmente. La irrupción de liderazgos como el de Donald Trump, con su desprecio explícito por las reglas institucionales, la verdad factual y la cooperación internacional, ha erosionado los fundamentos normativos del liberalismo democrático. A ello se suma el creciente poder de las big tech, que concentran capacidades de influencia económica, informativa y política sin una legitimación democrática equivalente. En este escenario, la amenaza ya no es un exceso de tecnocracia, sino el vaciamiento del orden institucional.

Es precisamente aquí donde figuras como Lagarde y Carney, ahora primer ministro de Canadá, pero con un largo trayectoria como gobernador de bancos centrales (Canadá e Inglaterra) y de bancas de inversión (Goldman Sachs) adquieren un nuevo significado político. Desde los bancos centrales, han defendido la estabilidad monetaria, la cooperación multilateral, la regulación financiera y, más recientemente, la necesidad de integrar criterios climáticos y sociales en la gobernanza económica. Sin presentarse como líderes políticos electos, actúan como diques institucionales frente a la arbitrariedad, el nacionalismo económico y la desregulación radical. La paradoja es clara, instituciones diseñadas para ser “no políticas” se convierten, de facto, en últimas defensoras del marco democrático liberal. Esto no resuelve el déficit democrático de la tecnocracia, pero revela una crisis más profunda, cuando la política se desinstitucionaliza, incluso los guardianes del dinero pasan a custodiar el orden.