Menores en una escuela infantil, en una imagen de archivo.
Menores en una escuela infantil, en una imagen de archivo.

La historia de las escuelas infantiles es la de historia de una supervivencia imposible. Cuando pensábamos que no podíamos tener un horizonte más complicado, ha llegado la Covid-19 para colocarnos entre la espada y la pared. O mejor, dicho, entre el ERTE o el cierre. Tristemente, pocas posibilidades vemos más ante las absolutamente insuficientes medidas que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía que, a propósito, aún no ha definido en ninguna de sus instrucciones.

Para empezar, tenemos que aclarar una cosa. La Junta de Andalucía no ha invertido ni un euro más del que ya tenía destinado al primer ciclo de educación infantil. Lo único que han cambiado han sido los destinatarios. Es decir, la Administración andaluza ha anunciado a bombo y platillo que va a destinar 15,5 millones de euros a las escuelas infantiles, pero ese dinero es el que ya tenía previsto bonificar a las familias para el pago de las cuotas. Deja de pagar a unos y paga a otros, pero no contempla hasta el momento ni un euro para superar esta crítica situación. Cero medidas extraordinarias para una situación sumamente extraordinaria.

Sin extenderme mucho, voy a explicar el motivo por el que aseguramos que esta cantidad es insuficiente y la conservación de los más de 10.000 puestos de trabajo, totalmente inviable. Actualmente, y desde hace doce años, el precio por plaza en los centros de primer ciclo de educación infantil es de 209,69 euros (sin comedor). Con el reparto que pretende realizar la Junta, la dotación por plaza sería de unos 180 euros, apenas 86,3%. Además, condicionan la ayuda a mantener a todo el personal de los centros en las mismas condiciones laborales a fecha 13 de marzo, y no llevar a ningún trabajador a ERTE. Ni siquiera al personal de cocina, servicio que no se abona entendiblemente, pero forman parte de la plantilla.

 En resumen, o los centros hacen un ERTE o eligen una ayuda con la que no llegan, ni por asomo, a costear los gastos de personal, no hablemos ya de pagar los suministros, el alquiler y otros gastos fijos. Y en ese limbo se encuentran desde hace más de 15 días unos 1.800 centros de  primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de Ayudas de la Junta. Mil ochocientos centros gestionados por pymes, que mueven más de 10.000 puestos de trabajo (un 98% ocupados por mujeres) y que acogen a la inmensa mayoría de los alrededor de 100.000 alumnos de la etapa educativa de 0 a 3 años.

Pero ni siquiera esta coyuntura ha frenado la profesionalidad del sector, que desde el mismo día del cierre de los centros ha estado trabajando desde casa mano a mano con las familias, a las que han proporcionado fichas, canciones, consejos y vídeos para seguir contribuyendo al crecimiento de los pequeños. Un ejemplo que no se ha visto recompensado con el reconocimiento social y político a su implicación, como sí ha ocurrido en otras etapas educativas. Por eso, desde Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, entidad a la que represento, quiero mostrar mi gratitud a todo el colectivo.

No obstante, el actual no es más que un atropello más a un sector históricamente olvidado, menospreciado y castigado, a pesar de ser la raíz del sistema educativo. De nada parecen haber servido los múltiples estudios que han ensalzado los beneficios sociales y cognitivos de la educación temprana, a lo que hay que sumar que las escuelas infantiles son la primera herramienta de conciliación que tienen las familias para continuar con su labor profesional.

Aunque de titularidad privada, las escuelas infantiles adheridas ponen año tras año la totalidad de sus plazas en manos de la Administración, que es la que establece los plazos, las condiciones y el precio por alumno, sin margen alguno de maniobra. En este punto, hay que recordar que los centros llevan aguantando doce años con el precio congelado. Doce años en los que sí ha subido la luz, el alquiler y los costes laborales. De hecho, en los últimos dos años los costes salariales han crecido más de un 20% por la aprobación del nuevo convenio del sector, así como los dos incrementos del SMI.

Es triste, pero la situación aboca a los centros al ERTE o al cierre. A falta de un giro de última hora en la postura de la Junta, el sector está herido de muerte. No somos grandes empresarios con un colchón que nos permita seguir viviendo en pérdidas más tiempo. Somos pequeños autónomos cuyos sueños se han convertido en la peor de las pesadillas. Porque no nos equivoquemos. El Covid-19 nos ha desconectado el monitor, pero ha sido la Administración la que durante años ha dejado que nos desangremos. 

María del Rosario de la Peña es presidenta de Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A)

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