El llamado Plan Montero para una sanidad 100% pública en Andalucía no es únicamente una propuesta técnica orientada a mejorar la gestión sanitaria. Es, también, una declaración política sobre el modelo de sociedad que se quiere construir. En el fondo, lo que está en juego no es solo cómo reducir listas de espera o reforzar plantillas, sino qué papel deben desempeñar lo público y lo privado en uno de los pilares esenciales del Estado del bienestar.
El documento parte de un diagnóstico contundente: la sanidad pública andaluza atraviesa una situación de creciente tensión, marcada por el aumento de las listas de espera, la sobrecarga de los profesionales y una mayor presencia del sector privado. Este planteamiento conecta con una percepción cada vez más extendida entre la ciudadanía: acceder a la atención sanitaria resulta hoy, en muchos casos, más difícil, más lento y más incierto que hace unos años.
Ahora bien, ese diagnóstico no puede analizarse de forma aislada. Factores estructurales como el envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas, la escasez de profesionales en determinadas especialidades o el impacto acumulado de la pandemia han puesto a prueba los sistemas de salud no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España y en buena parte de Europa.
Donde el plan muestra mayor nitidez es en su interpretación política de este deterioro. No lo atribuye únicamente a problemas de gestión o financiación, sino también a un cambio de modelo impulsado por el gobierno andaluz. Según esta visión, el refuerzo de la colaboración público-privada desarrollado en los últimos años no sería una solución coyuntural, sino el inicio de una transformación más profunda que podría debilitar progresivamente el sistema público.
Frente a este diagnóstico, la propuesta liderada por María Jesús Montero plantea una alternativa ambiciosa tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. El plan contempla un incremento de 3.000 millones de euros anuales en financiación sanitaria, la incorporación de un volumen significativo de profesionales y la fijación de tiempos máximos de espera exigentes: 48 horas en Atención Primaria y hasta 120 días para intervenciones quirúrgicas.
Sobre el papel, estas medidas responden a problemas reales y ampliamente reconocidos. Sin embargo, su viabilidad depende de factores clave. En primer lugar, la disponibilidad de profesionales sanitarios cualificados, lo que exige no solo ampliar plantillas, sino ofrecer condiciones laborales capaces de atraer y retener talento en un contexto de competencia entre territorios.
En segundo lugar, la organización del propio sistema. Reducir de forma sustancial los tiempos de espera no depende únicamente de aumentar recursos —aunque también— ni de limitar la compatibilidad entre la sanidad pública y la privada (algo que parece necesario), sino de revisar en profundidad los procesos asistenciales, mejorar la coordinación entre niveles y aprovechar de manera más eficiente las herramientas tecnológicas. Sin una reforma organizativa sólida, existe el riesgo de que los objetivos se conviertan en metas difícilmente alcanzables.
Otro de los ejes centrales del plan es la apuesta por limitar los conciertos con la sanidad privada y avanzar hacia un modelo plenamente público. Esta propuesta se apoya en principios como la equidad, la universalidad y la desmercantilización de la salud, además de los efectos perjudiciales de la privatización en la salud de la población.
En términos discursivos, el Plan Montero destaca por su capacidad de movilización. Construye una narrativa clara, basada en una dicotomía reconocible —derechos frente a mercado, igualdad frente a privilegio— que simplifica la complejidad del sistema sanitario y facilita su proyección en el debate público.
En definitiva, el plan acierta al situar la sanidad pública en el centro de la agenda política y al poner el foco en problemas que afectan directamente a la vida cotidiana de la ciudadanía. Sin embargo, como ocurre con cualquier propuesta de gran alcance, su credibilidad no dependerá únicamente de la solidez del diagnóstico o de la ambición de sus objetivos, sino de su capacidad real de implementación.
Porque en política sanitaria, tan importante como definir el modelo, aspecto fundamental y básico, es demostrar que puede llevarse a la práctica. Y es precisamente en ese terreno —el de la ejecución, la gestión y los resultados, con la capacidad gestora de María Jesús Montero, frente las debilidades del PP— donde se dirime el futuro efectivo de la sanidad andaluza.
