La ayuda a domicilio se ha convertido en uno de los pilares silenciosos del sistema de cuidados en España. Es un servicio que permite a miles de personas mayores o dependientes seguir viviendo en su hogar con apoyos básicos, evitando el ingreso en residencias y fortaleciendo la cohesión comunitaria. Sin embargo, bajo esa labor imprescindible se esconde una realidad de contrastes: mientras Andalucía se erige como un modelo de referencia por su despliegue territorial, los profesionales que sostienen este sistema —mayoritariamente mujeres— siguen atrapados en la precariedad.
Este equilibrio inestable fue analizado recientemente por José Luis Ruiz Espejo, diputado del PSOE en el Parlamento andaluz, y Manuel Fuentes, vocal de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, durante una intervención centrada en la situación actual de los servicios sociales y, específicamente, de la ayuda a domicilio, junto a Rosa Ramírez de SAPAD y Juan Antonio López de CGT.
Andalucía, un modelo singular en España
La comunidad andaluza atiende cerca del 50% de toda la ayuda a domicilio que se presta en el país. Según Manuel Fuentes, esto se debe a un modelo de “proximidad y corresponsabilidad” donde los ayuntamientos tienen un papel clave: “Las corporaciones locales gestionan más de mil millones de euros al año en este servicio, lo que supone más de la mitad del presupuesto autonómico de dependencia”, explicó. Esta estructura permite que incluso municipios pequeños, de 3.000 o 5.000 habitantes, puedan ofrecer una cobertura eficaz, algo que no ocurre en otras regiones más despobladas como Castilla y León.
El 37% del total de prestaciones de dependencia en Andalucía corresponde a ayuda a domicilio, una cifra muy superior al 17% de la media nacional. La clave, en palabras de Fuentes, ha sido confiar en la gestión local: “Las decisiones se toman con conocimiento inmediato del usuario, lo que genera confianza, eficacia y rapidez”.
Una cobertura alta con intensidad limitada
No obstante, la cantidad no siempre va de la mano con la calidad. Ruiz Espejo denunció que las horas de atención siguen por debajo de lo recomendado. Mientras la ley establece un mínimo de 20 horas mensuales para usuarios de grado 1, la media andaluza es de solo 13 horas, y en el grado más alto (grado 3), las tres horas diarias asignadas son insuficientes para cubrir las necesidades reales de personas encamadas o con altos niveles de dependencia.
“Necesitamos más intensidad en los cuidados y que las prestaciones se adapten con mayor flexibilidad a los cambios en la situación del usuario”, señaló Fuentes. “No podemos esperar meses para modificar un expediente porque la persona ya no puede esperar”.
El eslabón más débil: las trabajadoras
Pese a ser una comunidad ejemplar en volumen y cobertura, el sistema andaluz de ayuda a domicilio no escapa a su gran contradicción: el abandono institucional hacia quienes lo prestan.
“No se ha logrado aún convertir esta profesión en una ocupación estable y digna”, afirmó Ruiz Espejo. Los contratos parciales, los horarios partidos y los bajos sueldos siguen marcando la pauta. A ello se suma, como señaló Fuentes, la falta de especialización profesional: “Todas las trabajadoras son tratadas como un ‘soldado raso’, cuando no es lo mismo cuidar a una persona con Alzheimer que a otra con problemas de movilidad”.
Ambos expertos coincidieron en la urgencia de dotar a este colectivo de formación específica, reconocimiento de enfermedades profesionales, prevención de riesgos laborales y, sobre todo, de un estatuto propio que garantice derechos laborales acordes con la responsabilidad que asumen. Ese aspecto es planteado de forma muy clara por las personas de los dos sindicatos: precariedad para quienes cuidan, abandono para quienes necesitan cuidados.
Un sistema que recae (otra vez) en las familias
Pese al impulso inicial de la Ley de Dependencia para profesionalizar los cuidados, se está dando una preocupante regresión. “Más del 80% de los cuidados siguen recayendo en el entorno familiar, en su mayoría mujeres, y las prestaciones económicas apenas llegan a los 300 euros mensuales”, lamentó Fuentes. “Volvemos a un modelo familiar que creíamos superado”.
Esta tendencia también afecta a la equidad territorial. Según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el 42% de la población española vive en comunidades autónomas con servicios sociales débiles o irrelevantes. “Aún no conseguimos que todas las regiones inviertan al menos el 2% de su PIB en servicios sociales. Algunas lo hacen, como Extremadura, pero incluso allí falta eficiencia en el gasto”, señaló Fuentes.
Retos para consolidar un pilar del bienestar
Los dos especialistas ofrecieron propuestas claras para consolidar este servicio como un pilar del Estado del Bienestar:
• Compatibilidad de la ayuda a domicilio con otras prestaciones, para ofrecer una atención integral y no excluyente.
• Flexibilidad en la modificación de planes de cuidados ante cambios en la situación del usuario.
• Desburocratización, permitiendo a los municipios tomar decisiones sin que los expedientes tarden meses en resolverse en las capitales.
• Especialización profesional y mejor remuneración de las trabajadoras.
• Reforma del modelo de cuidados, apostando por recursos compartidos, atención grupal y estrategias contra la soledad no deseada.
Conclusión: cuidar con dignidad
La ayuda a domicilio no puede depender exclusivamente de la vocación y sacrificio de sus trabajadoras ni de la buena voluntad de las familias. Es hora de que las Administraciones Públicas, tanto estatales como autonómicas y locales, asuman el compromiso de transformar este servicio en una red sólida, profesional y digna.
Como concluyó Manuel Fuentes: “Yo me pregunto: si fuera yo quien necesitara cuidados, ¿qué tipo de servicio querría recibir? Seguramente, uno que me tratase con dignidad, en mi casa, con personas formadas, con recursos adecuados y con flexibilidad para adaptarse a mis necesidades. Y eso, hoy por hoy, sigue siendo una aspiración más que una realidad.”