Cada niño o niña en España recibe más de 4.000 impactos publicitarios al año de comida insana. No hablamos solo de anuncios en televisión: hablamos de redes sociales, plataformas digitales, patrocinios deportivos, personajes animados y, cada vez más, de influencers que normalizan el consumo diario de azúcares y ultraprocesados desde edades tempranas.
Mientras tanto, los datos de sobrepeso y obesidad infantil siguen siendo alarmantes. Según el Ministerio de Sanidad, el exceso de peso afecta a una parte significativa de la población infantil, con mayor incidencia en familias con menos recursos. La publicidad no es la única causa, pero sí es un factor determinante en la construcción de hábitos y preferencias.
El 80% de la población española apoya prohibir la publicidad de comida insana dirigida a menores. La pregunta ya no es si debemos regular, sino cómo hacerlo de forma eficaz y coherente.
Publicidad infantil: un vacío que urge cerrar
España cuenta con el Código PAOS, un sistema de autorregulación promovido por la industria alimentaria. Sin embargo, múltiples organizaciones de salud pública han señalado su insuficiencia. La autorregulación ha demostrado ser incapaz de frenar la exposición masiva de menores a productos con alto contenido en azúcar, grasas saturadas y sal.
La experiencia internacional demuestra que las medidas voluntarias rara vez funcionan cuando hay intereses comerciales en juego. Países como Reino Unido o Chile han avanzado hacia restricciones legales más estrictas, incluyendo limitaciones horarias, prohibiciones en entornos digitales y etiquetado frontal de advertencia.
España debe dar el siguiente paso: una regulación vinculante, con criterios nutricionales claros y sanciones efectivas.
Influencers y redes sociales: la nueva frontera
Hoy, buena parte de la publicidad que reciben los menores no se percibe como tal. Se presenta como contenido espontáneo, divertido o aspiracional. Influencers con millones de seguidores promocionan bebidas azucaradas, cereales ultraprocesados o snacks hipercalóricos sin advertencias visibles ni contexto sanitario.
Regular este ámbito implica:
• Prohibir la promoción de productos insanos por parte de creadores de contenido dirigidos a menores.
• Exigir etiquetado claro y visible cuando exista contenido patrocinado.
• Establecer responsabilidad compartida entre marcas y plataformas digitales.
No se trata de censurar, sino de proteger.
Regular desde lo público: comedores escolares, hospitales y residencias
Si queremos coherencia, la regulación no puede quedarse en la publicidad. Debe extenderse a los espacios públicos financiados con dinero de todos.
1. Comedores escolares:
Los centros educativos deben ser espacios libres de ultraprocesados y bebidas azucaradas. Los contratos de catering deben basarse en criterios nutricionales avalados por sociedades científicas y supervisados por las autoridades sanitarias.
2. Hospitales:
Resulta contradictorio que en centros dedicados a la salud se ofrezcan o vendan productos que contribuyen a enfermedades metabólicas. Las máquinas expendedoras y cafeterías hospitalarias deberían alinearse con recomendaciones dietéticas oficiales.
3. Residencias de mayores:
La alimentación es clave en la prevención de fragilidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Los pliegos de contratación pública deben priorizar alimentos frescos y de calidad frente a ultraprocesados baratos.
Regular estos entornos no es paternalismo; es responsabilidad institucional.
Una cuestión de equidad
La publicidad de comida insana afecta especialmente a los niños y niñas de entornos vulnerables, donde el acceso a alimentos frescos es más limitado y la presión comercial mayor. Regular es también una medida de justicia social.
No estamos ante un debate ideológico, sino ante una cuestión de salud pública. Igual que en su día se reguló la publicidad del tabaco o el alcohol, hoy debemos afrontar el impacto de la industria alimentaria en la infancia.
Proteger a la infancia no es prohibir comer una galleta; es evitar que el mercado convierta el consumo excesivo de azúcar en la norma desde los tres años.
España tiene el respaldo social, la evidencia científica y el precedente internacional. Ahora necesita voluntad política.