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La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho de todos los niños y niñas del mundo a recibir una educación gratuita y de calidad. La única herramienta capaz de garantizar la aplicación real de este Derecho incuestionable, es la existencia de una Escuela Pública al alcance de toda la población. En España y en Andalucía, gozamos de una formidable Escuela Pública, que presta un servicio público de enorme calidad. Los hechos así lo atestiguan. Pese a la reducción de las inversiones, los estándares de calidad de los centros educativos públicos han seguido mejorando en la última década. Se ha reducido el fracaso educativo, el alumnado español ha mejorado en todas las competencias educativas (PISA 2016), las alumnas y alumnos de los centros públicos copan los primeros puestos de los procesos selectivos de acceso a la universidad, de los premios extraordinarios a la excelencia, de las olimpiadas de matemáticas, biología, etc., o los centros y empresas de la Unión Europea no dejan de pedir más participantes de nuestro país, en los programas internacionales para alumnado de FP.

Aunque esto se debe varios factores, vamos a destacar dos. Por un lado la enorme profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública. Maestras y maestros, profesorado, que han pasado un severo proceso selectivo donde se ha evaluado su competencia científica y académica, y que desarrollan, además, una formación continua. Pero unos profesionales que demuestran día a día una implicación en su trabajo que ha sido capaz de anular la ceguera inversora manifestada por ministerios y consejerías del ramo.

Por otra parte, otro elemento que es seña de identidad de la escuela pública, la participación de las familias. En el ámbito educativo público el proceso de enseñanza-aprendizaje, se entiende en el marco de una comunidad educativa, donde las familias participan con el resto de componentes. Porque la escuela pública, por definición, es para tod@s y es de tod@s.

Pero cuando hablamos de calidad debemos plantearnos el significado profundo de este término. Cuando hace unos días Jesús Vidal, actor discapacitado daba su discurso de agradecimiento por recibir un premio Goya, toda España se emocionaba al comprender la realidad difícil de estas personas y todo lo que ellas también están dispuestas a aportar a esta sociedad. Pues bien, la escuela pública es la que escolariza a la inmensa mayoría del alumnado con necesidades educativas especiales, entre ellos el 87% de los niños de familias inmigrantes.

Si confundimos exclusivamente calidad con excelencia, si nos dejamos llevar por ese culto al rendimiento, si entendemos el “éxito escolar” como la excelencia y unos altos rendimientos escolares, si creemos en programas educativos estandarizados, selectivos y exclusivos, al servicio del desarrollo técnico de los intereses económicos dominantes, a la búsqueda del “éxito personal” —que conlleva, también “el fracaso” de otros muchos—, estaremos olvidando uno de los papeles esenciales que la escuela pública desempeña en la creación de ese Estado Social que sanciona el Título I de la Constitución Española. Para la escuela pública la diversidad es riqueza. Pretende un modelo educativo democrático e inclusivo, que respete y potencie las capacidades de cada individuo. Una escuela que forme rigurosamente, sí, pero cuya finalidad también sea la formación de una ciudadanía crítica y comprometida con la mejora de la sociedad en la que vive.

En el momento actual, algunas sombras amenazantes se ciernen sobre la Escuela Pública. España es una anomalía en el contexto de la U.E. La existencia de dos redes, una pública y otra privada-concertada, arranca del momento en que la primera era incapaz de satisfacer las necesidades de escolarización de la población escolar española.

Pero en la situación presente, los cambios demográficos y la extensión de la red pública, hacen en muchas ocasiones innecesario seguir manteniendo muchos de estos conciertos. Por otro lado, la disposición espacial de algunos de estos centros y la segregación social que se produce en los espacios, principalmente urbanos, han provocado un proceso de selección social acentuado en el alumnado matriculado en estos centros, que amenaza el principio de equidad, clave en cualquier sociedad desarrollada.

Estamos viviendo un momento de auge de falsas noticias, de mentiras, que a costa de repetirse una y otra vez, acaban pareciendo verdades. Bien, pues una de ellas es la apelación a una pretendida “libertad de elección” para mantener e incluso fomentar estos conciertos. La realidad es que esa pretendida libertad de elección es en realidad una “libertad de selección”. Como los estudios académicos demuestran, la elección de un centro “concertado” se basa en la creencia de los padres y las madres en que los "contactos" sociales y los compañeros y las compañeras de aula pueden influir en los resultados educativos y en el futuro sociolaboral de sus hijos e hijas.

Otra de esas mentiras persistentes, como la de esta “falsa libertad”, es la aseveración de que la Constitución Española ampara la existencia de conciertos educativos. Pues bien, ni en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, se contempla la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos.

Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, donde afirma: “...el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.”

La reducción de conciertos debe ser, por tanto, un proceso ineludible. No se trata de posicionarse contra nadie. Este debe ser un proceso no traumático, que respete los intereses de los trabajadores y trabajadoras de los centros privados concertados y las empresas propietarias. Existen multitud de antecedentes por todo el territorio español bien resueltos. De hecho, hace unos días se ha discutido en el Congreso de los Diputados, la elaboración de una normativa de marco estatal que facilitara esta transición.

La vuelta atrás, que supondría lo anunciado por algunos de los nuevos responsables de la administración andaluza. Con la resurrección del cheque escolar, o nuevos conciertos en modalidades posobligatorias, supondría un ataque en toda regla a un valioso patrimonio de la sociedad andaluza, como es la escuela pública.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a las familias que estén en proceso de escolarización de sus hijos e hijas a matricularlos en centros públicos. Pero queremos hacer también una llamada de atención al conjunto de la sociedad andaluza, a defender la escuela pública, como patrimonio que es de todas y todos nosotros.

Lola Sarazá, Fran Lozano, Pilar Torres y Federico Miguel son miembros de Marea Verde Jerez.

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