Más de 130 periodistas y trabajadores de medios, encarcelados en Turquía.
Las personas que defienden la libertad de expresión están sufriendo una gran represión en Turquía. La dura situación que está atravesando el país hace que muchas personas prefieran no criticar al gobierno, como sucedió en un acto de calle de Amnistía Internacional en Estambul hace unas semanas. Cuando activistas de esta ONG preguntaban a los viandantes si les preocupaba criticar al Gobierno en redes sociales, un señor contestaba que “si respondiese, podría tener problemas”.
Más de 130 periodistas y trabajadores de medios de comunicación están encarcelados en Turquía, según denuncia Amnistía Internacional (AI). Otras organizaciones como Reporteros Sin Fronteras elevan esta cifra. Lejos de sus familias, con las cuales tienen un contacto limitado, permanecen entre rejas sufriendo condiciones lamentables, como problemas psicológicos o físicos graves que merecerían, al menos, la libertad condicional.
Cuatro personas esperan en el salón de su casa la llamada de Ahmet Sik, periodista turco encarcelado por acusaciones que están directamente relacionadas con su actividad profesional, como explicaba él mismo en 2016. Yonca Sik, su mujer, salta del sofá cuando oye el teléfono sonar. Han tenido que esperar dos semanas para poder hablar con su marido.
“Hola cariño, ¿Cómo estás?” responde Ahmet desde el otro lado de la línea. Yonca, no está sola, hay otras tres personas en la sala que saludan por orden sin perder la sonrisa. Estas llamadas duran menos de diez minutos ya que Ahmet Sik es tratado como una amenaza a la seguridad nacional por tener supuestas relaciones con una organización terrorista. “Estoy cansado, estoy cansado de explicar que los periodistas no deben ser perseguidos” explica a su familia, con un tono claramente grave.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan explicó en sede parlamentaria que en la lista de periodistas no había tales profesionales de la información, sino “asesinos, ladrones, abusadores de menores y estafadores, no hay periodistas en esa lista”.
El juicio contra los 17 periodistas, abogados, empleados y gerentes del diario Cumhuriyet comenzó el pasado 24 de julio. El periódico, fundado en 1924 y con una tirada de 40.000 ejemplares, es uno de los escasos medios independientes turcos y opositores al Gobierno de Erdogan. La Fiscalía solicita penas desde los ocho a los 43 años para los trabajadores de este medio de comunicación por “colaborar con una organización terrorista, sin ser miembro”, según explicó el redactor jefe, exiliado en Alemania. Estos 17 profesionales de la información son acusados de estar relacionados con Fethullah Gullen, los kurdos o la extrema izquierda, al igual que sucede con otros defensores de los derechos humanos.
Cerca de 200 personas protestaron el pasado 25 de julio frente al Consejo de la Unión Europea para solicitar a los políticos comunitarios que se movilicen frente a estos abusos de los derechos humanos de Turquía.
El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, afirmó en declaraciones a un periodista de EFE que los activistas encarcelados sean “inmediatamente liberados sin condiciones”, entre los que se encuentran el presidente de AI en Turquía, Taner Kilic y la directora, Idil Eser.
Eser fue detenida hace unos días mientras realizaba un taller de derechos humanos en un hotel junto con otros seis activistas de AI y Özlem Dalkıran Avaaz. A Taner se le imputa la “pertenencia a la organización terrorista de Fethullah Gülen”, mientras que al resto de encarcelados se les acusa de tener la sospecha de “cometer un delito en nombre de una organización terrorista”. Según la ciberacción de Amnistía Internacional, “ambas acusaciones son ridículas y faltas de fundamento”.
Hace más de un año del golpe de Estado que tuvo lugar entre el 15 y el 16 de julio de 2016 y la situación de los derechos humanos en Turquía es cada vez peor. Erdogan ha aumentado su poder en el país con el objetivo de estabilizar la situación, sobre todo tras la aprobación mediante referéndum de convertir al país en una república presidencialista.
Las purgas en la Administración desde el decreto del estado de emergencia el 20 de julio de 2016 han permitido eliminar del sistema a funcionarios por supuestas relaciones con organizaciones terroristas.
Mientras tanto, las relaciones con Europa, sobre todo tras el llamado acuerdo de la vergüenza, es decir, la declaración por la cual el Gobierno turco se comprometía a poner fin a la ruta de personas desde el Egeo hacia Europa y a cambio recibía seis mil millones de euros, la posibilidad de liberalización de visados para ciudadanos turcos y el acercamiento para profundizar en las negociaciones de adhesión a Europa, se resquebrajan.
Ruth de Frutos es responsable de Comunicación de Amnistía Internacional en Málaga.
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