Resulta muy curioso cómo la coalición de facto de las tres derechas andaluzas actúa rápidamente para desmontar todo lo desmontable en materia educativa y de avances sociales. Y lo ha hecho en tan solo unos pocos meses. Sin embargo, las izquierdas se lo miran y remiran, para hacer pequeñas reformitas políticas acordes con su programa electoral.
El decreto de escolarización andaluz es un claro ejemplo de ello. Un asunto que prácticamente no provoca especiales conflictos, se regula aplicando los principios más radicales de pensamiento reaccionario común de las derechas y la ultraderecha. Con el único objetivo de fortalecer aún más la oferta de las escuelas privadas —es decir, la que está en manos de unos pocos— subvencionadas por los impuestos de todos, se cambian los criterios de admisión, de cara a ofertar centros de este tipo a los andaluces que no posean uno en su zona. También se incluye un Instituto público de referencia para cada centro concertado. Así los estudiantes que finalicen la ESO en un colegio privado subvencionado serán matriculados directamente en el IES público, sin pasar por un proceso de admisión.
Estos apartados del decreto benefician e incentivan el lucro de unos cuantos (Iglesia incluida) en detrimento de las escuelas públicas. Sin duda, este es el primer paso para eliminar las zonas educativas, tal y como anunciaron a los pocos días de tomar posesión.
El problema nace desde el momento en que la gestión de la escuela pública se pone en manos de un consejero que “estuvo” vinculado a una empresa privada de formación malagueña. Como se suele decir, poner al zorro a cuidar el gallinero. Solo en la cabeza de alguien que pretende desmontar poco a poco el sistema público de educación se le ocurre tal cosa.
Quizá para la ciudadanía en general, esto puede resultar exagerado. Pero no es así. Las medidas políticas impopulares en política se dosifican. Se gradúan. Cuando el legislador quiere aplicar una decisión polémica, la parcela. En primer lugar, se divide al colectivo afectado para que el resto considere que esto no va conmigo. Y, en segundo lugar, se va implantando lentamente, de forma gradual para que no se note. Cuando nos queramos dar cuenta, en unos años, las zonas habrán desaparecido, y si en algún momento llega al poder un Gobierno de izquierdas mojigato tardará, si lo hace, décadas en restablecerlas. Ahí tenemos como ejemplo los recortes de todo tipo realizados por la derecha, que aún sobreviven en nuestra legislación.
Además, para difuminar lo reaccionario de este Decreto, este gobierno busca medidas paralelas que supuestamente benefician a los menos favorecidos. Sin embargo, eso sí son nimiedades, porque en estos casos, tampoco había problema.
Eso sí. La libertad está por encima de todo. ¿Quién teme a la libertad? Ese es el mantra que se ha aprendido el Consejero. Pues la libertad de elegir, sepa ud. señor Consejero, en sociedades donde existe una gran desigualdad económica como la andaluza, prácticamente no existe. Se convierte en un concepto vacío, sin contenido. Se lo explico. Los centros privados subvencionados sólo los pueden elegir las familias que pueden pagar esas cuotas supuestamente “voluntarias”; solo tienen libertad para elegirlos aquellos andaluces que pueden costear menús en los comedores del colegio a precio de restaurante de tres estrellas Michelín; solo tienen libertad de escoger el tipo de enseñanza para sus hijos e hijas, los que pueden pagar un uniforme por un importe cercano a un vestido de Dior, o quienes tienen solvencia para costear una plaza en un autobús particular, por un monto que parece que te traen el niño en limusina con chófer…
A ver si nos enteramos. La libertad sin igualdad es papel mojado. La libertad “a secas” es discurso reaccionario. La libertad de elegir la condiciona la desigualdad económica de los andaluces.
Y, por último, sabemos de sobra que la libertad de enseñanza está en la Constitución. Lo repiten hasta la saciedad. Eso sí se lo han aprendido bien porque les conviene. Pero lo que no figura en ese texto es que tengamos que subvencionar los centros privados. Quien quiera y tenga dinero para elegir esos centros privados que lo pague de su bolsillo. ¿Está claro? Somos un país aún preso de los valores retrógrados del XIX. Se permite, y en el caso andaluz, se promueve, el negocio de la educación. Así nos va… A ver si vamos cambiando y en estas cuestiones nos ponemos a la altura de la inmensa mayoría de los países europeos, que ya va siendo hora.
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