El caso de Pedro Gómez Junquera, trabajador municipal de Jerez depurado por el franquismo

Cristóbal Orellana.

Licenciado en Filosofía (US), Diplomado en Geografía e Historia (UNED), Máster en Archivística (US), Máster en Cultura de Paz y Conflictos (UCA), de profesión archivero, de militancia pacifista, de vocación libertario, pasajero de un mundo a la deriva.

Fiesta de la Victoria en el 39.
Fiesta de la Victoria en el 39.

Cuando nadie hablaba de memoria histórica y democrática, el 26 de febrero de 1980, en el punto 9º del orden del día, encontramos una interesante noticia en las actas del pleno del Ayuntamiento de Jerez relativa a la reincorporación del trabajador municipal, depurado por el franquismo, don Pedro Gómez Junquera. Esa noticia dice: “Reincorporación del trabajador Pedro Gómez Junquera cesado el 18 de agosto de 1936 reconociendo su antigüedad a todos los efectos”. Sabemos de él que pertenecía, al parecer, a Izquierda Republicana y que era funcionario y oficial de las oficinas municipales. Fue detenido en 1936 según sabemos, entre otros documentos por  AMJF, Sección Archivo Hco. Reservado, c. 19, nº 6: Documentos relativos al Movimiento Patriótico Nacional, 1936.

Por el Protocolo Municipal nº 606, fº 615 y por el expediente nº 2562 del legº 1280 del Archivo Mpal. sabemos que tenía unos 40 años (aunque este dato no es preciso) en el momento de los acontecimientos, que era trabajador municipal desde 1927 y que estaba afiliado al partido Izquierda Republicana, siendo apartado del servicio en 18 de agosto de 1936. En definitiva, fue personal del Ayuntamiento de Jerez declarado cesante en virtud de las facultades conferidas a la Alcaldía por la circular del Gobierno Civil de la Provincia nº 2475 de 07‐08‐1936 (ver también: AMJF, Legajo de Personal nº 14, expe. 38 (1936); Registro Salida Correspondencia t.218). Todos estos datos los conocemos desde que J. Cabral, A. Fuego, J. Cabrera y yo hicimos, en 2008, una relación de la represión en Jerez que incluía las depuraciones de funcionarios municipales.

Los investigadores Gómez Palomeque y Ramírez López relacionan algunos de los trabajadores municipales depurados o asesinados: “1 de agosto: Antonio Chacón Ferral, Jefe de la Guardia Municipal; 7 de agosto, Salvador Rasero López, practicante del Hospital, quien fue mandado asesinar por el comandante Arizón por hacer pública su opinión contraria al golpe; 9 de agosto,José Díaz-Borrego Dianez, médico de Beneficencia; 9 de agosto, Edmundo Masero García, practicante de la domiciliaria.; 9 de agosto, Luis Paz Varela, jefe sección del laboratorio Mpal.; 10 de agosto, José León Rodríguez, guarda del cementerio; 11 de agosto, José Arboleda Parra, mozo del Hospital, que fue cesado acusado de haber sustraído dos paquetes de tabaco a un Askari de Regulares hospitalizado en el Hospital; 14 de agosto, José Aguilar Lozano, oficial de la imprenta Mpal; 18 de agosto, Fernando Barrera Saborido, oficial oficinas municipales; 18 de agosto, Manuel Tamayo Zaldívar, Id.; 18 de agosto, Pedro Gómez Junquera, Id.;18 de agosto, José Carrión Sánchez , Id.; 27 de agosto, José Vázquez Villagrán, jefe oficina Colocación Obrera; 27 de agosto, Luis Jarana Cárdenas, Guardia del Parque González Hontoria, que fue cesado al ser detenido acusado de ayudar a huir a Juan Cordero, directivo de la Sociedad de Viticultores que era perseguido por los facciosos. 2 de sept. Antonio Sepúlveda Rivas, chófer laboratorio Mpal.; 2 de septi., Fernando González Fabre, relojero Mpal.; 3 de septi., Blas Frontán Nieves, auxiliar Admón. Hospital.; 16 de septi., José Varela Gago, bombero Mpal.; 26 de septi., Gumersindo Moure Vázquez, sepulturero Cementerio; 26 de septi., José Longueira Carballeda, mozo del Hospital; 26 de septi. Antonio Carrasco Clavijo, mozo del Hospital”

En la lápida que se puso, el 14 de abril de 2018, en el acceso al salón de plenos del  Ayuntamiento de Jerez en honor de los concejales y trabajadores municipales asesinados (aunque la placa pone, erróneamente, represaliados) figuran los siguientes nombres: “Antonio Oliver Villanueva, Diego Gómez Serrano, Rafael Apolo Pérez, Juan Taboada Jiménez, Vicente Castilla Flores, Eduardo Díaz Martínez, Francisco Retamero Martínez, Manuel López Bellido, Carlos Cuevas González, FranciscoContreras Gómez, Manuel García Paradas, Rafael Orge Mejías, Agustín Pérez Cabello, Sebastián Romero Salguero, MiguelPedregal Roldán, Francisco Infante Gallardo, Juan Durán Orellana, Francisco Acosta Gaitero, José Carrión Sánchez, AntonioChacón Ferral, Fernando Couto García, José Díaz-Borego Dianez, Ramón Fernández García Robles, José Gómez Cantillón, Edmundo Masero García, Salvador Rasero López, José Varela Gago, Juan Manuel Bozanes del Río, Juan Antonio Pérez Jarillo”.

Merece mucho la pena rescatar el texto original —en un momento en que no se hablaba de memoria histórica y regía políticamente la ley del olvido derivada de la Ley de Amnistía— de la discusión en el pleno de la época antes de admitir, cosa que se hizo, a d. Pedro Gómez Junquera como administrativo municipal: “Usa de la palabra el concejal sr. León Moreno, expresando la congratulación de su partido el PSA por la reincorporación de este funcionario tras más de cuarenta años de vejatoria separación de su puesto de trabajo por razones meramente políticas, y sin la mayor garantía jurídica de defensa de sus legítimos derechos. Por su parte, el sr. Gutiérrez Blasco, dice que su partido el PCA se adhiere a las manifestaciones y criterios del PSA, rogando se envíe telegrama al Ministerio de Administración Territorial en protesta por la promulgación de esta legislación que si bien es justa en cuanto a su exposición de motivos de conseguir una plena reconciliación de todos los españoles, en esta etapa de plena normalidad democrática, en donde se debe ultimar el proceso de olvido de todo legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles, mediante una amnistía de todas las responsabilidades derivadas de acontecimientos de intencionalidad política o de opinión por hechos anteriores al 1º de abril de 1939, sin embargo no es justo que las consecuencias económicas de esta amnistía graviten sobre las Corporaciones Locales que, en su día, y como ha quedado demostrado con la lectura de los documentos del expediente hecha por el Sr. Alcalde, se limitaron a cumplir órdenes tajantes y fulminantes de los Gobernadores Civiles como Delegados y representantes del poder Central.

Si ha sido el gobierno quien ordenó el cese definitivo de estos funcionarios para depurar responsabilidades de orden político, y ha sido el Estado el que al cabo de cuarenta años ha impuesto a las Corporaciones Locales una legislación de amnistía política, no es justo, ni creo que sea legal obligar a los Ayuntamiento a que carguen con las consecuencias económicas de estos reingresos de funcionarios depurados, en edad de próxima e inmediata jubilación, y cuyas futuras pensiones no correrán a cargo de la Mutualidad Nacional, sino a cargo de los Presupuestos y de la Hacienda local.- Interviene a continuación el sr. González Ríos, diciendo que por su parte el PSOE se adhiere también a esta iniciativa, añadiendo que lo único que se pretende es asustarnos con ese nombre de “Frente Popular”. El Sr. Corchado Moreno, como portavoz del grupo UCD, manifiesta que damos la bienvenida a este funcionario, y solo podemos decir a estas alturas que todos los españoles esperamos que estos métodos y las circunstancias nacionales que los originaron no vuelvan a repetirse en la Historia de España”.

Investigando sobre los libros de entrada y salida de correspondencia del Ayuntamiento de la época, el profesor José García Cabrera, en un trabajo suyo bajo el título Notas sobre depuración y cese de empleados y funcionarios municipales en Jerez de la Frontera como consecuencia de la represión política puesta en marcha tras el golpe de estado de 1936 (Jerez, 2004) da cuenta también del caso, entre otros 79, de Pedro Gómez Junquera, oficial de las oficinas municipales, con calidad de funcionario, quizás el único trabajador municipal depurado que con el tiempo tuvo el necesario y democrático reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Jerez, haciéndole justicia y asumiendo el coste económico, que ciertamente debió asumir el estado español, de dicho reingreso y jubilación.

Este importante y temprano posicionamiento del Ayuntamiento de Jerez en materia de memoria democrática tuvo luego un bonito correlato, al año siguiente de dicho reconocimiento a Pedro Gómez Junquera, cuando el 19 de diciembre de 1981, también en el pleno, se decide trasladar “condolencia de la corporación por fallecimiento de don Francisco Germá Alsina, alcalde que fue de esta ciudad” entre 1931 y 1933. Gestos valientes, tempranos, de un Ayuntamiento de Jerez que luego con el paso del tiempo fue olvidando lo que debería haberse convertido en el centro del pensamiento y la acción democráticos de este país y esta ciudad: la resistencia antifranquista.

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