La educación constituye el cimiento sobre el cual se construye el presente y el futuro de cualquier sociedad. De ahí que cuando esta educación se imparte desde estructuras desiguales e injustas, perpetuando los roles y estereotipos de género que subordinan a las mujeres y niñas, la educación se convierte en un mecanismo que refuerza la discriminación y la violencia que sigue sufriendo la mitad de la población. A la luz de la Constitución, la normativa internacional y europea vinculantes y ley de igualdad, hoy, más que nunca, resulta imperativo abordar la formación del profesorado y las familias en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y entre niñas y niños; así como en la prevención de la violencia machista y el fomento de relaciones respetuosas, que atiendan la diversidad.
La magnitud de la gravedad de la desigualdad
Los datos nos ofrecen un panorama inquietante: “al ritmo actual de progreso, podría llevar cerca de 300 años lograr la plena igualdad de género”, según el informe Progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Panorama de Género 2022 de la ONU, ratificado en 2024 por la Fundación Microfinanzas BBVA y ONU Mujeres España. Y, si seguimos a este ritmo, dentro de 134 años habrá igualdad salarial entre mujeres y hombres a nivel global, según el Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2024 del Foro Económico Mundial. Y es que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aproximadamente el 90% de la población mundial mantiene algún tipo de prejuicio contra las mujeres, con base en el cual socialmente se sigue considerando que las mujeres somos inferiores a los hombres.
Esta percepción infundada de la superioridad de los hombres y niños, que conocemos como machismo, propicia el trato menos favorable que reciben las mujeres y niñas a lo largo y ancho del mundo, cuya expresión más extrema es el feminicidio. Según la ONU, cada diez minutos, en algún lugar del mundo, se denuncia el asesinato de una mujer o niña perpetrado por su pareja, varón o un hombre de su familia. En España, en los últimos 22 años, hombres violentos han asesinado a 1316 mujeres por violencia machista y a 65 menores por violencia vicaria. Y la violencia contra las mujeres es un hecho tan notorio que, según el Barómetro Juventud y Género 2023, elaborado por el Centro Reina Sofía de FAD Juventud de España, el 87% de chicos y chicas dicen reconocer alguna situación de violencia de hombres contra mujeres en su entorno cercano. Pese a lo escalofriante de las cifras, “hay un 52% de la población que afirma que en España se ha llegado demasiado lejos en promover la igualdad de género, tanto que se está discriminando a los hombres”, según señala el Informe de Ipsos de 2025.
El mandato legal de la coeducación
Estas cifras no son meramente estadísticas; representan la cristalización de siglos de construcción social patriarcal consolidada en la subordinación jurídica y social de las mujeres, que perpetúan sistemas de opresión que se manifiestan en múltiples formas, donde el negacionismo de la violencia machista es una más. El sexismo, entendido como el tratamiento desfavorable hacia una persona por razón de su sexo, encuentra en las estructuras educativas un terreno fértil para su perpetuación. Por ello, al ser la jerarquía sexual una construcción social, es decir, producto de la cultura, esto es, algo aprendido, no natural, también se puede desaprender a través de la educación no sexista o coeducación.
Este modelo educativo no sexista está basado en el concepto ético, filosófico, jurídico y político del feminismo, es decir, del que defiende el ideal de justicia que reconoce la igual dignidad y humanidad de mujeres y hombres. La coeducación no es solo una cuestión pedagógica, o una norma programática, es un mandato constitucional y legal, que la eleva a exigencia democrática, como requisito para construir una sociedad más justa, libre, pluralista e igualitaria y menos propensa a la violencia, las injusticias y a la manipulación por parte de élites dirigentes.
La formación del profesorado: agentes de avance
El profesorado ocupa una posición estratégica en la transmisión de valores y la formación del alumnado. Por ello, su formación en perspectiva de género resulta fundamental para analizar y comprender cómo las diferencias sociales entre mujeres y hombres influyen en el trato, las oportunidades, los roles, relaciones y los derechos. En este sentido, el profesorado juega un papel esencial como agentes de cambio en la construcción de una educación no sexista.
A través de su práctica diaria, pueden promover la educación igualitaria revisando críticamente los materiales y el lenguaje que utilizan, incluyendo referentes femeninos en los contenidos curriculares, fomentando la participación equitativa en el aula y el patio, abordando y corrigiendo conductas sexistas como oportunidades de aprendizaje y, entre otros, involucrando a toda la comunidad educativa y a las familias en este proceso, generando espacios de reflexión conjunta sobre igualdad, diversidad en todas sus variantes y el respeto mutuo.
Las familias: corresponsabilidad en la educación Igualitaria
La familia constituye el primer espacio de socialización donde niñas y niños interiorizan roles, normas, valores y expectativas. La formación en igualdad de madres y padres resulta imprescindible para garantizar la coherencia entre los mensajes transmitidos en el hogar y en la escuela. La formación conjunta de familias y centros educativos en igualdad entre hombres y mujeres es esencial para combatir los roles y estereotipos de género desde la infancia, prevenir violencia machista y el trato sexista. La coeducación promueve la corresponsabilidad en los cuidados, la conciliación familiar y laboral y el respeto mutuo.
Solo a través de una educación integral y coherente entre el hogar y la escuela se puede garantizar que niñas y niños crezcan en libertad, sin prejuicios, ni limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y con herramientas para prevenir y rechazar cualquier forma de discriminación o violencia. La igualdad no es un contenido abstracto, sino una práctica diaria que debe atravesar tanto la vida familiar como la escolar. Las familias, como agentes socializadores primarios, tienen un papel clave en la transmisión de valores y actitudes no sexistas. Por ello, es fundamental que ambas instituciones trabajen de forma coordinada para fomentarlo.
Beneficios integrales de la coeducación
La educación en igualdad no constituye una política sectorial que beneficia solo a las mujeres y niñas. Por el contrario, sus efectos positivos se extienden al conjunto de la sociedad. Las sociedades que educan en igualdad tienden a experimentar mayores niveles de bienestar social, seguridad ciudadana, prosperidad económica, convivencia pacífica y justicia social, porque fortalece la participación democrática, forma una ciudadanía crítica y comprometida con los valores de justicia, equidad y derechos humanos y potencia el progreso económico, al aprovechar plenamente el talento de toda la población, mujeres y hombres.
Para los hombres, supone la liberación de mandatos de masculinidad tóxica que limitan su desarrollo emocional y relacional. Para las mujeres, representa la posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades sin las limitaciones impuestas por los roles y estereotipos de género. La coeducación no es solo una política educativa; es un proyecto integral de sociedad que trasciende el aula y nos convoca a todas y todos a participar activamente en la construcción de un mundo más ético, estable, justo y promisorio para las generaciones presentes y futuras.