Decir que el acceso a la vivienda es el principal problema del país es una obviedad que, no por cierta, deja de ser necesario seguir recordando. Para que los gobernantes con competencias en esta materia lo aborden con la seriedad que merece.
Es fácilmente comprobable en la calle, y hace tiempo que las encuestas vienen alertando de esta situación. Porque el 42,6% de los españoles encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) durante el mes de enero lo sitúa como el principal problema del país, muy por encima de la economía (21,2%) y de los partidos políticos (16,6%).
Es un asunto cuyo diagnóstico pone de acuerdo a todo el arco parlamentario, pero hay muchas recetas distintas para atajarlo. Porque el PSOE, desde el Gobierno, opta por reducciones fiscales a propietarios para que no suban el precio de los alquileres, y otros partidos más a la izquierda, como Sumar, plantean prórrogas automáticas de los contratos, y Podemos, directamente, intervenir el mercado de la vivienda.
Porque las medidas fiscales que propone el ala socialista del Ejecutivo no convencen a casi nadie. Y posteriormente, tienen difícil aprobación en el Congreso de los Diputados, donde debe armar mayorías aglutinando a muchas sensibilidades.
Rebajar impuestos a propietarios para que no suban los alquileres, o medidas similares, no son del agrado de los partidos a la izquierda del PSOE. Y se ha demostrado que, en la práctica, no son efectivas para facilitar el acceso a la vivienda de una juventud que hace malabares para pagar el alquiler. Porque quienes pueden comprar son los menos.
El PP dice que la Ley de Vivienda del Gobierno progresista es un "fracaso" y opta por "más seguridad y proteger a los propietarios, a los inquilinos y los jóvenes", como fórmula para mejorar la situación de la vivienda.
Mientras, en mitad de la continua batalla política, en la calle los precios siguen disparatados y el enfado ciudadano aumenta, con razón. Porque independientemente de las medidas que se puedan tomar, a la desesperada en puertas de una convocatoria electoral aún sin fecha —las andaluzas serán en primavera, las generales no se sabe cuándo—, España sigue a la cola de Europa en inversión de viviendas de protección social.
El gasto por habitante y año es de 34 euros, cuando la media europea es de 161 euros por habitante, y en países como Irlanda es de 335 euros, o en Francia de 274 euros, según datos del Observatorio de la Vivienda y Suelo y de Eurostat.
Porque la construcción de vivienda protegida es muy inferior a la demanda. En los últimos diez años se han construido 86.000 inmuebles, unos 8.600 por año, cuando hacen falta unos 700.000, según datos del Banco de España. El parque de vivienda social en España es del 1,3% respecto al total de casas del país, mientras la media europea es de casi el triple, el 3,2%. El caso español no aguanta comparativa posible y urgen soluciones efectivas.