La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), una organización que engloba a unas 1.400 ONG y está considerada como una de las principales autoridades mundiales en esta materia, elabora desde hace décadas una prestigiosa lista, conocida como Lista Verde, en la que se reconoce el trabajo que realizan las Administraciones públicas en cuanto a la preservación y protección de espacios naturales singulares.
El caso es que el Parque Nacional de Doñana, según ha informado El País, estaría a punto de abandonar –ser expulsado, para ser más exactos— la Lista Verde. De hecho, después de la última evaluación llevada a cabo, Doñana ya habría sido expulsado, pero el trámite permite a la Junta de Andalucía presentar alegaciones. Y en eso están.
Huelga decir que si Doñana es finalmente excluida de esta lista, será un fracaso enorme para la Junta de Andalucía, que tendrá que dar muchas explicaciones –íbamos a decir al conjunto de los andaluces o de los españoles, pero no, este sería un tema sin duda de envergadura mundial– sobre cómo se ha llegado hasta aquí. La Junta forzosamente tendría un problema de credibilidad, imagen y prestigio que, en realidad, terminaría salpicando al conjunto del Estado, ya que en algunos países no es fácil de entender la configuración administrativa de España.
La UICN no ha tomado esta decisión a golpe de titular o de declaración política, al contrario: ha tenido durante dos años a un comité de diez técnicos independientes que ha estado evaluando distintos parámetros de funcionamiento del parque, que solo habría aprobado en 17 de los 50 parámetros analizados, por lo que la asociación ha concluido, en primera resolución, que no puede mantener el sello de calidad del que viene disfrutando.
Ni que decir tiene que, si la Junta sigue adelante con la idea de regularizar cientos de hectáreas de regadíos en la ‘corona norte’ del parque, principalmente para el cultivo de fresas, fresones y arándanos, no vendrá sino a agravar la situación, ya que buena parte de los problemas denunciados viene de una sobreexplotación de los acuíferos que, lejos de ver cómo se pone fin, ahora vendría a legalizarse de facto. Y todo en un contexto cortoplacista en el que la Junta sigue jugando a dos barajas: de un lado pide más ayudas para la sequía y, de otro, precisamente con lo que pretende hacer en las inmediaciones de Doñana, precisamente no hace nada para remediar la situación a la que ha llegado el Parque Nacional, al contrario.
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