El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado la razón al Ayuntamiento de Cádiz en su afán por poner orden a través de las ordenanzas municipales al asunto de los pisos y apartamentos turísticos en el pleito que ha mantenido al respecto con la Junta de Andalucía, que entendía que dicha regulación es una competencia propia. El Ayuntamiento gaditano ya ganó en primera instancia en la Audiencia Provincial y después de que la Junta recurriera, el TSJA le ha dado definitivamente la razón.
Este asunto se presta a múltiples análisis. En primer lugar, reconoce que la Administración local es competente para regular todo lo relacionado con este nuevo tipo de turismo que, de alguna manera, está empezando a crear polémica recientemente en algunas ciudades como Sevilla y Málaga, polémica que viene de antiguo en otras como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca. En Cádiz –por usar los palabros al uso– tal vez se esté produciendo más 'gentrificación' que 'turistificación' en algunos barrios de su centro histórico, pero el Ayuntamiento gaditano quería coger las riendas de este asunto y los tribunales, sencillamente, le han dado la razón.
Es curioso contrastar que lo que en Cádiz se empieza a ver como un problema que se quiere 'embridar' antes de que cale entre los vecinos, el ayuntamiento de la otra gran ciudad de la Bahía y su entorno, es decir, Jerez, sigue poniendo alfombra roja a cualquier inversión de estas características que se presenta en la calle Consistorio, entendiendo que se trata de un acicate para la revitalización del centro de la ciudad. Entre los alojamientos turísticos ya existentes y los que están previstos se superan claramente los 1.000, mientras los vecinos del casco histórico vienen reclamando que la zona se convierta en un lugar "habitable", no solo "visitable" por los turistas o los cientos de jerezanos que se acercan los fines de semana a disfrutar de sus terrazas, bares y restaurantes.
Pero esta victoria del Ayuntamiento de Cádiz sobre la Junta de Andalucía se da a otra interpretación. Desde el municipalismo andaluz se ha venido reivindicando históricamente la necesidad de que la comunidad afrontara una segunda descentralización, es decir, que el traspaso de competencias que se ha ido produciendo desde los años 80 del Gobierno central al autonómico no se quede en Sevilla, sino –y, en consecuencia, se dote presupuestariamente– que se filtre a los ayuntamientos como Administración que, al fin y a la postre, es la más cercana a la ciudadanía y sus problemas. Ahí también ha ganado Cádiz.