España ha puesto en marcha un proceso de regularización extraordinaria de migrantes que, sobre el papel, representa un avance significativo: al menos medio millón de personas en situación irregular —según las primeras estimaciones del Gobierno— podrán acceder a un permiso de residencia y trabajo, salir de la clandestinidad y cotizar en la Seguridad Social.
Es una medida sensata, respaldada por informes económicos independientes, por la Iglesia, por buena parte del empresariado y demandada hace años a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió más de 600.000 firmas. Y, sin embargo, el debate público ha quedado secuestrado por el ruido.
El Partido Popular ha optado por endurecer su discurso. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a afirmar que el Gobierno regularizará a personas que "han delinquido, han abusado de una mujer, han robado a un ciudadano, que han incumplido varias veces la legislación española", ignorando deliberadamente que el decreto exige acreditar la ausencia de antecedentes penales, que la Administración recabará de oficio el historial policial en España y en Europa, y que cualquier incidencia será revisada caso por caso.
Son afirmaciones que no resisten el contraste con el texto legal, pero que cumplen su función: alimentar el miedo, vincular inmigración con delincuencia y situar el debate en el terreno más favorable para la ultraderecha.
El PP, que apoyó aquella iniciativa popular de 600.000 firmas, ahora habla de la regularización como una amenaza. Un ruido que, en definitiva, dice más de quien lo genera que del asunto que pretende cuestionar.
Pero cuando el ruido se apaga, quedan las personas. Porque la regularización de migrantes pasa por ser una medida social de gran importancia, pero que aún así deja fuera a muchas personas en situación de vulnerabilidad.
Los apátridas, un grupo en el que se enmarcan los ciudadanos saharauis, quedan excluidos del proceso. Quienes ya están inmersos en trámites de renovación o modificación de permisos tampoco pueden acogerse. Y, sobre todo, aquellas personas que no pueden acreditar cinco meses consecutivos de estancia, que no tienen una oferta de trabajo ni pueden demostrar vínculos familiares en España, que no conocen sus derechos ni saben que existe un registro de entidades colaboradoras de Extranjería.
En el caso saharaui, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicaba esta semana que se intenta evitar solapamientos entre procedimientos, ya que los apátridas cuentan con un régimen específico de protección y tramitación administrativa. Un dictamen del Consejo de Estado advierte que mezclar apátridas y solicitantes de asilo crea tratamientos equivalentes a situaciones muy distintas y podría generar inseguridad jurídica. Pero ejecuta un agravio más a un pueblo que lleva muchos años olvidado.
La regularización extraordinaria tiene una lógica clara: integrar a quienes ya están en el país, ya trabajan y ya contribuyen. Pero una política migratoria verdaderamente humana no puede limitarse a regularizar a quienes ya demostraron ser útiles al sistema. Debe también proteger a quienes, por su situación de extrema vulnerabilidad, son incapaces de cumplir los requisitos administrativos que el decreto exige.