Dos noticias sacudieron ayer el escenario político jerezano. Por un lado, el presunto intento de captación de voto por parte de una militante del Partido Popular de Jerez sobre el sufragio de un octogenario con movilidad reducida que adelantó en exclusiva lavozdelsur.es. Por otro, la aparición en de una lista "fantasma" con el mismo nombre que Ganemos Jerez, encabezado en este caso por un individuo que responde al nombre de José María Rodríguez Cardoso, del que no se conoce nada y cuya papeleta podría confundir a los votantes el próximo mayo.
El correcto funcionamiento de los procesos democráticos debe ser una prioridad absoluta de nuestra sociedad y así es preciso defenderlo, con firmeza, esmero y transparencia desde el engranaje jurídico, también desde el papel vigilante de los medios de comunicación, que ante estos casos debe dar un paso adelante e informar con rigurosidad.
La estafa electoral nos debilita como proyecto de ciudad, como sociedad equilibrada y como país que se autoconsidera moderno y civilizado. El juego sucio, no solo es una actitud ética dantesca e impropia de quienes quieren llevar a los parlamentos la voz de sus coetáneos, sino que merma la credibilidad de nuestros vecinos y vecinas en las instituciones y sus representantes. En última instancia pierden los partidos políticos, todos perdemos.
Las instituciones han de permanecer vigilantes, establecer medidas para garantizar una elecciones limpias, pues de lo contrario podríamos regresar a tiempos recientes, en los que el Partido Popular acudió a las elecciones "dopado" mediante vías de financiación ilícitas, dando lugar a la primera moción de censura con éxito en nuestra democracia.
Con toda la razón, la ciudadanía exige a los partidos políticos juego limpio para que el resultado de las elecciones sea legítimo. Por tanto, la Junta Electoral tiene trabajo por delante; debe actuar con diligencia y rotundidad, tomando las medidas oportunas para garantizar un aseado desarrollo de los comicios. Los que se ofrecen y participan como piezas del engranaje de corrupción y farsa deben ser sancionados e inhabilitados, sin ambages.
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