En Andalucía hace mucho calor en verano. Lo hace ahora y siempre lo ha hecho, pero es cierto que, desde hace unos treinta años, es constatable un aumento de las olas de calor, tanto en número como en virulencia, hechos que no son discutibles, ya que están basados en datos estadísticos. Hace más calor determinados días –hay más olas de calor tanto desde el punto de vista técnico como las que perciben los ciudadanos, aunque no se cumplan todos los requisitos para hablar con propiedad de ola de calor–, y hace más calor más tiempo, durante más semanas al cabo del año. Se trata, en definitiva, no le demos más vueltas, de la subida de las temperaturas que trae consigo el cambio climático.
Sin embargo, las Administraciones públicas siguen sin acometer las necesarias inversiones en adecuar sus dependencias a los nuevos tiempos, tanto las de uso interno como las de atención al público. No se trata solo de un problema de la Junta de Andalucía, que también, sino de todas las Administraciones, incluidos los ayuntamientos (por cierto, en la provincia de Cádiz, salvo parcialmente en la Sierra, cabe hablar también en el sentido contrario: para dos o tres días que hace frío, como dice la expresión popular, para qué tener calefacción, cuando la realidad es que al final hay sitios gélidos, como el salón de plenos del Ayuntamiento de Jerez, sin ir más lejos).
Se trata, en definitiva, de que las Administraciones, empiecen a cumplir la ley de Bioclimatización aprobada en Andalucía y que año tras año cuenta con una dotación insuficiente. Poco a poco se avanza en su implantación en colegios e institutos, es cierto, pero a un ritmo que no es, ni de lejos, el más adecuado. Pero es que no queda otra. Hay que empezar a convivir con el cambio climático y la ley de Bioclimatización puede ser una buena herramienta. Desde luego, lo que no es de recibo, es que cuando llega puntualmente el calor en mayo o junio, facilitar la salida de alumnos antes –con el problema logístico que se crea en las familias– o autorizar a funcionarios a que abandonen determinadas dependencias, lo que no deja de tener un punto tercermundista impropio de una comunidad como Andalucía.