Sin apenas ruido, los principales sindicatos y las organizaciones empresariales han alcanzado un importante acuerdo de rentas salariales para los años 2024 y 2025, con un incremento de un 4% y un 3%, respectivamente, con cláusula revisión en caso de que la inflación siga desbocada y supere esas cifras. Este acuerdo deberá ir llevándose a los respectivos convenios colectivos, aunque todas las partes lo valoran como algo más allá de un documento meramente orientativo, por lo que marcará las negociaciones en ese sentido que se vayan produciendo.
Se trata de un documento base importante porque viene a poner orden donde no lo ha habido en los dos años de fuerte inflación que llevamos, 2022 y 2023, en los que los trabajadores en su conjunto han visto cómo perdían poder adquisitivo, con incrementos salariales que en muy rara ocasión han subido del 5%, muy lejos del incremento de la energía, la cesta de la compra o la hipoteca. Los trabajadores, las clases asalariadas, son los grandes damnificados de la crisis inflacionista. Este acuerdo alcanzado por sindicatos y empresarios, aunque en términos generales puede calificarse como positivo, encierra un evidente 'de ahora en adelante', porque la renta perdida, perdida está.
El acuerdo se valora también como un preludio de la firma del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, lo que significaría de facto la vuelta al diálogo y la concertación social, muy mermado por la falta de comparecencia de la patronal en distintos acuerdos que han marcado la legislatura en curso, como por ejemplo, las importantes subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha impulsado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Bien... bien están los acuerdos, la concertación y el diálogo social, pero no estaría de más que alguien se preguntara qué ocurre con ese 8-10% de pérdida de renta de los trabajadores que parece que directamente se ha barrido, pero para dejarlo debajo de la alfombra...