El Banco de España, que no es nada sospechoso de ir contra los intereses del Gobierno de coalición, ha presentado un estudio acerca de la situación de la vivienda en España cuyas conclusiones son taxativas: en España harían falta ya, de manera inmediata, para 2025, del orden de 600.000 nuevas viviendas.
Esta institución no duda de que, en efecto, en España puede haber del orden de 4 millones de viviendas vacías, pero estima que de ellas solo la décima parte, unas 400.000, sería interesante para una mayoría de los demandantes, atendiendo a criterios de todo tipo, desde los más modernos como la efectividad climática, a los de siempre, caso de ubicación, entorno, tamaño, antigüedad, etc.
Proyectando los números a medio plazo, las distintas administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas, el propio Estado), deberían disponer del orden 1,5 millones de viviendas en alquiler social, una cifra en línea con la media de otros países de nuestro entorno. El PSOE incluyó la construcción y el fomento de más de 250.000 viviendas de estas características a lo largo de la presente legislatura, pero poco o nada se ha avanzado en este sentido, mientras la situación social respecto a la vivienda se va volviendo cada vez más y más compleja e incluso amenaza con afectar negativamente al crecimiento económico.
En España, por ejemplo, cada vez hay más familias monoparentales, gente que vive sola... y también hay del orden de 6,5 millones de personas migrantes, todas con necesidad real de acceso a la vivienda. Por no hablar de un fenómeno que todo indica que va a ir a más en los próximos años y que puede ser fuente de nuevos conflictos, como es el crecimiento del número de viviendas que se destinan al alquiler turístico y que, en consecuencia, dejan de formar parte del parque de alquiler habitual, lo que lleva inevitablemente a una reducción de la oferta y el incremento de los precios. La manifestación de Canarias del pasado fin de semana debe ser un toque de atención para los políticos, que deben implementar medidas efectivas para que los ciudadanos no perciban a los turistas como un nuevo problema -como empieza a ocurrir, entre otras ciudades, en Cádiz, Málaga, o Sevilla- en el ya de por sí complicado acceso a la vivienda en España.
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