Los que vivimos en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar sabemos que el ir y venir de las olas, del viento, es el ritmo de la vida. Este ritmo de presencia y ausencia, es el mismo que marca nuestra vida. Y, sin embargo, cuando la ausencia es definitiva y el golpe nos rompe, el Derecho Laboral, esa estructura fría que rige nuestra subsistencia, nos arrojaba a un abismo de incomprensión.
Durante demasiado tiempo, España ha sostenido un sistema que, ante el fallecimiento de un ser querido, te concedía dos míseros días. Dos días. Un parpadeo burocrático, apenas tiempo para la gestión, menos aún para el alma. Dos días para enterrar a un familiar, a un padre, a un hijo, y ser obligado a regresar a la cadena de producción, como si la silla de la oficina pudiera curar una herida que es, por naturaleza, profunda e íntima. La ley nos trataba como máquinas con un reset rápido, no como seres humanos en pleno naufragio emocional.
La propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de ampliar este permiso retribuido hasta los diez días es, sencillamente, una bocanada de aire en un sistema asfixiante. No se trata de una "ocurrencia" populista, como algunos se apresuran a señalar desde la trinchera empresarial. Se trata, pura y llanamente, de una medida de justicia social y de una imprescindible corrección en el Estatuto de los Trabajadores.
¿Cuál es el coste real de obligar a un trabajador a ir a su puesto con la mente y el corazón rotos? La respuesta es simple: baja productividad, incremento del riesgo psicosocial y, en última instancia, un desapego real entre el individuo y su empresa. Una empresa que no entiende el dolor de su trabajador.
El Derecho Laboral no puede seguir siendo un territorio ciego al duelo. Reconocer diez días es asumir que el duelo es un proceso, no un evento. Es entender que la dignidad de un trabajador no se mide por las horas de presencialidad que acumula, sino por el respeto que el sistema le otorga para vivir sus momentos más vulnerables.
Si esta necesaria reforma se articula a través de un Real Decreto-Ley, como se ha anunciado, la letra pequeña debe ser tan firme como la intención. Debemos asegurar que estos diez días sean días laborables, tal como se ha interpretado en otras adaptaciones de permisos recientes. Si permitimos que sean días naturales, el efecto real del permiso quedará de nuevo al albur del calendario, robando fines de semana y festivos.
La nueva ley debe ser un faro que guíe a los trabajadores del Estado, indicándoles que, en el momento más oscuro, su derecho humano a estar ausentes y a vivir su pena no está a debate.
El duelo no espera al Boletín Oficial del Estado para comenzar. Es hora de que el Estado, a través de sus leyes, deje de forzar a la gente a pasar por la pena con la mirada en el reloj. Diez días de dignidad es lo mínimo que podemos conceder. El resto ya lo hace el mar, el Estrecho, llevándose el dolor, lentamente, a su propia inmensidad.