Hace una semana, el ministro federal de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, se expresó pidiendo que los ya vacunados pudieran visitar cines, teatros y restaurantes, que había que devolver, cuanto antes, el ejercicio de los derechos fundamentales y conjurar la ruina de la gastronomía, etc. Estamos en año electoral y muchos se preguntaron qué tiene que decir el jefe de la diplomacia alemana en un tema que no solo es enormemente proceloso sino ajeno a su competencia. Una semana más tarde, por la mañana del sábado, aparece el ministro presidente de Baja Sajonia en un diario para anunciar que 2021 será el último ‘año Corona’. Por la tarde, el Süddeutsche Zeitung, de Múnich, publicó una página interactiva donde todos los ciudadanos podíamos comprobar cuándo seremos vacunados, con dos hipótesis: según el ritmo actual o según el ritmo teórico que proponen los gobiernos en Alemania. A mí podría tocarme, con el ritmo optimista, en diciembre de 2021, y con el ritmo actual real incluso en diciembre de 2022. Como a mí a muchos millones más. La fantasía de que en 2021 todo habrá acabado solo es una fantasía y debemos prepararnos para un largo invierno. Si luego se acorta todo será estupendo, magnífico, maravilloso. Pero alimentar frustraciones no parece que sea una estrategia adecuada.
Del jefe de la diplomacia de cualquier país se espera, como mínimo, que sus propuestas no ahonden problemas de difícil solución. Otorgar el privilegio para moverse libremente a las personas que además han obtenido ya el privilegio de estar vacunadas e inmunes creo que provocaría, sin duda, una polarización y fractura social de dimensiones incalculables, entre las que incluyo la violencia. Este problema de polarización y fractura social llevaría en primer lugar a la falsificación de los documentos de vacunación con toda probabilidad. Es con estas hipótesis de trabajo con las que se debe tratar de calcular cómo han de ser las acciones desde la gobernanza en una situación extrema como la que estamos viviendo.
El problema es tan complejo que solo cabe el asombro ante el hecho de que un socialdemócrata plantee privilegios y una cancillera conservadora diga que de privilegios nada.
En primer lugar hay una imposibilidad de materializar ese privilegio. Si los vacunados pudieran ir a lugares de ocio no habría nadie que pudiera atenderlos, por cuanto la mayoría de los empleados no podrían estar vacunados según las normas legales establecidas. La preocupación que actualmente crece en Israel, por ejemplo, con un gran número de vacunados, 2,5 millones de unos 9 de población, y las nuevas infecciones en ascenso severo, es precisamente lo que los investigadores no terminan de poder establecer: si los vacunados pueden seguir, o no, contagiando a los no inmunes.
Este problema, que løs vacunadøs pudieran seguir extendiendo la pandemia, no aconseja precisamente, tampoco, darles una libertad de movimientos que el resto no tiene.
Pero además del problema epidemiológico, está el problema ético. ¿Cómo es posible pensar que en una sociedad que vive un problema común, cuya solución pasa exclusivamente por el esfuerzo común, se quiera establecer una nueva clase social doblemente privilegiada: vacunados y de jarana? Por supuesto que el problema ético alcanza también al inaceptable riesgo de que los vacunados pudieran seguir infectando a los no vacunados.
Tengo la impresión de que lo que más necesitamos ahora es articular una participación ciudadana directa en los niveles municipal y autonómico, a la manera de los Consejos Escolares, por ejemplo
Por si no tuviéramos suficientes problemas, llega la discusión legal y la legalista. Pretenden plantear que ante la Constitución solo cabría que el ejercicio de los derechos fundamentales sea restaurado cuanto antes, no importa para cuántas personas, dado que son derechos individuales que han sido suspendidos por una situación de emergencia. ¿No parece erróneo y leguleyo, quizá mal intencionado? ¿No debería acudirse a una interpretación connotativa, o sea en relación al contexto general, y no a una interpretación denotativa, o sea semántica pura de lo escrito, legalista? Hay un problema añadido, quizá, a la interpretación legalista, la falta se seguridad que produce el hecho de que la parte vacunada siga infectando a la parte no vacunada de la población. Ello sin considerar que el Estado debe garantizar la vacunación de la población y que esa vacunación no puede ser simultánea, lo que produciría indefensión y discriminación en las personas no vacunadas. No es lo mismo hablar de la discriminación positiva, absolutamente justificada, para vacunar primero a los más débiles ante el virus, que volverla negativa cuando a los vacunados se les permite ejercer unos derechos que a los no vacunados se les niega, aunque todos tienen derecho a su ejercicio: ir y venir por donde quieran.
Pero los problemas no acaban todavía y se nos presenta el derecho que tienen las personas que no quieren vacunarse a no hacerlo, y que desde el momento mismo que anunciaran su renuncia a vacunarse, en cuanto que una renuncia legal, tendrían los mismos derechos que los ya vacunados. Y siguen. Si una persona tiene el derecho, por estar vacunada, a ir a un restaurante, por otra parte fuera de servicio porque el personal del restaurante no debería estar todavía legalmente vacunado, debería imponerse la prohibición de ir al trabajo por no estar vacunado: ¿restaurantes, cines y teatro permanecerían cerrados por no ser servicios esenciales? ¿Será que la discusión de los privilegios de los vacunados nos va a llevar a la del derecho de protección de los trabajadores? Actualmente los restaurantes están cerrados, aunque solo sea parcialmente, por razón de la pandemia. En Alemania están cerrados al público y solo se pueden atender pedidos que se entregan en la puerta o por una ventana o a domicilio.
La discusión tiene su interés académico, sin duda, pero planteada como exigencia desde determinados sectores políticos o económicos se vuelve un riesgo de fractura social de incalculables peligros para todos.
Tengo la impresión de que lo que más necesitamos ahora es articular una participación ciudadana directa en los niveles municipal y autonómico, a la manera de los Consejos Escolares, por ejemplo. Los ciudadanos se sienten cada vez más alejados de la acción de los gobernantes; los ciudadanos sienten que falta una estrategia a medio y largo plazo para mantener unida a la sociedad con vistas a un objetivo de cero casos. Después de casi un año, la fatiga es cada vez más evidente y la ciudadanía podría aportar ideas y cohesión. Cohesión, y no coerción, debería ser uno de los objetivos de la estrategia que necesitamos. Entramos en una fase decisiva, por la fatiga, con un virus mucho más agresivo y sin la cantidad de vacunas que necesitamos.
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