En los últimos estertores de la dictadura era costumbre, de dudoso gusto, pero no por ello menos frecuente, hacer chistes en los que se estigmatizaba socialmente a los gitanos con el pretexto de provocar la risa ajena. Uno de ellos, de los muchos que tenían como antagonistas a gitanos y guardias civiles era aquel en el que una pareja de este cuerpo paraba en un camino a unos gitanos y tras registrarles a la búsqueda de armas blancas y no encontrar ninguna, tan sólo unas cuantas pesetas, les acusan con la frase que da título a esta columna: "Conque juntando pa navajita".
Pues eso mismo es lo que le ha pasado a Sánchez con las reformas legales que ha aprobado en primera instancia el Congreso de los Diputados el pasado jueves. La mayoría conservadora, en connivencia con el brazo jurídico del Partido Popular, ha asumido el papel de aquellos guardias civiles del chiste con una presunción infundada de ilegalidad. Nunca en la historia democrática de nuestro país habíamos asistido a un espectáculo tan patético y grotesco como el que nos ha brindado la derecha judicial y más concretamente la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. No sorprende a estas alturas de la vida política española este último episodio de utilización de la Justicia por parte del principal partido de la oposición después del espectáculo bochornoso que esa connivencia estratégica de derecha judicial y política nos vienen ofreciendo con la oposición a renovar el caduco Consejo General del Poder Judicial.
Llegados a este punto sorprende el hecho, sin precedentes, de que el Tribunal Constitucional, o mejor dicho su mayoría conservadora, pretenda suspender el trámite parlamentario de una reforma legal, que puede ser discutible en cuanto a fondo y forma por algunos, pero que sin lugar a dudas es legítima y legal en el ejercicio de las mayorías parlamentarias como la que la ha llevado al Congreso. Más aún cuando sólo se contempla la posibilidad de intervención a priori de este Tribunal cuando las leyes son referidas a Estatutos de Autonomía. Pareciera que se pretende actuar desde el Constitucional acusando a la mayoría parlamentaria, que ha aprobado la reforma en primera instancia, de estar juntando pa navajita.
Y todo ello en un contexto de crispación que recuerda los mejores momentos del “Váyase señor González” y “Zapatero, dimisión”, que marcaron hitos similares en esa estrategia bananera del Partido Popular y la extrema derecha de Vox. Uno tiene la sensación de que en España sólo son legítimos los Gobiernos del Partido Popular o de sus coaliciones con Ciudadanos y Vox. Quienes esto piensan olvidan que el actual Gobierno de coalición de nuestro país está liderado por el partido más votado en las últimas elecciones, que no fue otro que el Partido Socialista del presidente Sánchez, y que las mayorías parlamentarias para aprobar leyes y presupuestos en las Cortes Generales tienen la legitimidad mayor que pueda existir, la del voto libre y secreto de la ciudadanía española a la que esta derecha montaraz niega cada día el poder que le confiere la Constitución.
En el fondo todo esto responde a unas ideas muy primarias, magistrados cuyo mandato en el Constitucional o en Consejo General caducó hace ya mucho tiempo y no se quieren marchar y un partido político que teme perder las mayorías de derecha en ambos órganos judiciales. Tan sencillo y claro como esto, lo demás son adornos metafóricos tan del gusto de la prensa mercenaria.
Escribía Fernando Ónega en La Vanguardia: "Acabamos de pasar de la crispación al griterío. La sola mención de las urnas erotiza a los representantes políticos... Nos espera un periodo preelectoral tenso, duro, obsceno y largo. E histérico. A vida o muerte, ahora o nunca. Y el punto de partida, la convicción del PP de que hay que matar políticamente a Zapatero. Mejor dicho: Hay que rematarlo". Pues nada, sin novedad en el frente y la burra de Feijóo al trigo, juzguen ustedes mismos.
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