La frase "la culpa es de Podemos" opera como un mantra artificial en la política española, resultado de una estrategia deliberada para neutralizar a un actor percibido como amenaza por las élites arraigadas. Esta narrativa es fruto de una operación política y mediática coordinada por actores vinculados a las "cloacas del estado".
Comunicadores al servicio mantienen una relación simbiótica con estructuras estatales paralelas (especialmente ligadas al PP) para fabricar y difundir desinformación contra Podemos. La "Operación Kitchen" reveló el alcance de estas redes ilícitas dentro del aparato estatal, donde las "cloacas de Interior" apuntaron sistemáticamente al partido con la mediación del comisario Villarejo y la colaboración de Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz.
Casos como "Neurona" y el "Informe PISA" (sobre presunta financiación venezolana) fueron construidos con pruebas falsas y colapsaron por falta de sustento. El diario Público documentó la manipulación del "Informe PISA", evidenciando alteraciones de la noticia original y ausencia de respaldo oficial. El propio Villarejo calificó el informe de "basura", revelando el cinismo de operaciones donde los fines políticos priman sobre la verdad. La complicidad de determinados medios y periodistas vinculados mantuvieron más de 200 comunicaciones durante meses con altos cargos policiales (incluido Villarejo), estableciendo canales para la "guerra sucia". Esta colusión erosiona la ética periodística y el estado de derecho.
Podemos y sus líderes han enfrentado una campaña sostenida de lawfare: uso instrumental del poder judicial y mediático para desgastarlos. Jueces como García-Castellón (criticado por no imputar a Cospedal pese a evidencias en Kitchen). El caso de Mónica Oltra ilustra también la convergencia de ultraderecha, sectores judiciales y medios para forzar su dimisión, luego el archivo del caso primero y ahora abierto de nuevo y, donde la Fiscalía no ve delito alguno.
Un patrón revelador es el archivo masivo: más de 20 querellas o investigaciones contra Podemos desde 2015 fueron archivadas (incluyendo PISA y Neurona), demostrando su falta de base probatoria. Sin embargo, cumplieron su objetivo: generar titulares negativos, consumir recursos y crear una percepción pública de corrupción infundada. El lawfare socava la confianza institucional al convertir la justicia en herramienta de persecución política.
El PSOE percibió a Podemos como "amenaza existencial" que podía llevarlo a la "extinción". Pedro Sánchez actuó como "salvador" del partido, incluyendo múltiples y reiterados esfuerzos para "echar a Podemos del Gobierno" desde 2019. SUMAR (Yolanda Díaz), con IU empujando, hizo el trabajo sucio y mantuvo un "perfil bajo”, cuando no proactivo, ante prácticas despreciables del PSOE, priorizando la farsa sobre la defensa de Podemos. Esta dinámica permitió a esos actores políticos debilitar a Podemos en lugar de unirse contra el lawfare.
La persecución se arraiga en el temor a alterar el orden económico heredero del franquismo. El status quo temía que Podemos "ocupase el espacio del PSOE", desafiando el bipartidismo. Este miedo proviene de élites económicas y mediáticas cuyas fortunas se forjaron o expandieron bajo el régimen fascista. Grandes empresas (Acciona, Naturgy, Iberdrola, ACS) y familias (Entrecanales, Koplowitz) mantienen vínculos históricos con el régimen, habiéndose beneficiado de políticas como mano de obra forzada. La frase "Somos 400 familias y siempre somos los mismos" sintetiza esta estructura de poder. Para muestra un botón: el registro realizado por la UCO en la trama corrupta Santos Cerda-Ávalos y Koldo ha alcanzado a todos los implicados, incluido el Ministerio de Transportes, menos a Acciona.
Este poder económico controla gran parte de los medios españoles (herencia de la Cadena de Prensa del Movimiento y medios conservadores como ABC), asegurando la difusión de narrativas favorables al status quo y contrarias a fuerzas disruptivas. La demonización de Podemos y el *lawfare* son síntomas de una resistencia sistémica al cambio por parte de élites que defienden su influencia histórica.
El cuento "la culpa es de Podemos" es una herramienta cuidadosamente construida de guerra política, que utiliza la manipulación mediática, la persecución judicial y el oportunismo de otros actores políticos. Su objetivo primordial es proteger un status quo profundamente entrelazado con élites económicas históricas. Comprender esta campaña orquestada es crucial para un discurso democrático saludable que implica que otra política es posible y se está haciendo evidente y, ese es el temor y el motivo, turbador, de acusar de todos los males a Podemos.
La narrativa “la culpa es de Podemos”, aun su patetismo, es un instrumento de guerra política basado en manipulación mediática, persecución judicial y cálculo partidista. Su fin último es proteger un status quo ligado a élites de origen franquista. A pesar de las desestimaciones judiciales, el lawfare logró debilitar a la formación morada, si bien se está recuperando, sobre todo por la consistencia de sus lideres, el discurso limpio de izquierda que posee, que lo sitúa como alternativa real, y la consistente militancia que tiene.