Este mes se ha cumplido cuatro años del retorno del régimen talibán al poder en Afganistán, un período marcado por la instauración de un sistema ilegítimo que ha despojado a las mujeres y niñas afganas de su humanidad, dignidad y derechos humanos fundamentales. Desde 2021, las autoridades de facto han promulgado más de 70 disposiciones que violan de forma sistemática la legalidad internacional y los derechos de las mujeres y niñas, en especial, el acceso a la educación, la libertad de movimiento y expresión, el trabajo, la salud y, entre otros, la participación en la vida social, cultural y política, cuyo cumplimiento deben garantizar los hombres de su propia familia.
La violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas afganas
Las perversas medidas adoptadas contra las niñas y mujeres por el régimen talibán incluyen la prohibición de la educación secundaria y superior; así como severas restricciones en la educación elemental, donde prima el enfoque religioso. En 2024 se prohibió la formación en enfermería y obstetricia, amenazando con agravar la salud de las mujeres y niñas, porque tampoco pueden ser atendidas por hombres. Las afganas enfrentan exclusión del empleo en la inmensa mayoría de los sectores, incluyendo el público, los medios y las ONG, y sólo pueden trabajar en roles y sectores muy limitados, como en ciertos hospitales, bajo estrictas condiciones; empujándolas en muchos casos a la mendicidad. La libertad de movimiento está severamente restringida, requiriendo de un acompañante masculino (mahram) para viajes largos, el uso de transporte público y la asistencia a la escuela de las niñas.
Afganistán es Estado parte de instrumentos internacionales clave como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Sin embargo, el régimen talibán incumple de manera flagrante sus obligaciones internacionales, sometiendo a las mujeres a un régimen de segregación extremo por razón de sexo que les niega sus derechos humanos más básicos y las obliga a vivir bajo una “prisión textil”, el burka, que las priva de estímulos sensoriales, donde ni siquiera tienen derecho a usar su voz. En 2024, se aprobó la llamada “ley para la propagación de la virtud y la prevención del vicio”, que considera la voz femenina como awrah, es decir una parte íntima que no se puede expresar en público, salvo casos de estricta necesidad.
En 2025, el régimen profundizó la aplicación más extrema de la Sharía (la ley islámica), implementando una política de violencia institucionalizada contra las mujeres, con nuevas medidas que incluyen las lapidaciones y castigos corporales; detenciones arbitrarias; matrimonios forzados de niñas; agresiones, desapariciones forzadas; tortura y tratos crueles durante la detención. Estas prácticas constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario, calificadas como crímenes de lesa humanidad. Khadija Amin, periodista afgana refugiada en España, ha dado su testimonio en su reciente entrevista con la periodista española Nuria Coronado. Frente a esta grave realidad, sobre la que día a día nos informan organizaciones feministas como WDI Afganistán, WRN Afghanistan, la tibieza de la ONU y la pasividad de la comunidad internacional resultan jurídica y éticamente inaceptables.
El Informe de los procedimientos especiales de la ONU
En el cuarto aniversario del retorno de los talibanes, los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (expertos independientes en diversos ámbitos) presentaron un informe a la comunidad internacional, a fin de solicitar que se “rechace el régimen violento y autoritario de los talibanes y resista cualquier intento de normalizar el régimen de las autoridades de facto”.
Los expertos denuncian que el régimen talibán ha instaurado un sistema de discriminación tan severo que constituye un crimen de lesa humanidad por persecución de género. Las restricciones impuestas afectan todos los ámbitos de la vida de las mujeres y niñas. Esta represión no sólo vulnera tratados internacionales de derechos humanos, sino que atenta contra su dignidad.
Los expertos advierten que las órdenes de arresto contra dos altos líderes talibanes emitidas por la Corte Penal Internacional son un avance, pero no es suficiente; y apelan a que la comunidad internacional adopte un enfoque multidisciplinario que combine presión diplomática, mecanismos de investigación eficaces, apoyo directo a la sociedad civil, especialmente a las organizaciones lideradas por mujeres, un aumento de la financiación para la asistencia humanitaria, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y, lo que es más importante, solicitan que se incluya la tipificación del delito de apartheid de género, a efectos de perseguir los crímenes cometidos contra mujeres y niñas.
El posicionamiento de la Relatora de la ONU para la mujeres y niñas
Reem Alsalem, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y niñas, señaló que convenía con gran parte del contenido del informe de los Procedimientos Especiales, pero que no lo había suscrito al considerar que resultaba insuficiente, y discrepaba en dos cuestiones básicas:
Por un lado, porque la declaración no reconoce que las mujeres y niñas afganas están siendo discriminadas por razón de su sexo. Reem Alsalem ha argumentado en diversas ocasiones que la violación de los derechos de las mujeres y niñas afganas es por razón de sexo, no de género, es decir, sufren violencia por el hecho biológico de ser mujeres; no por identificarse con los roles y estereotipos sociales de la feminidad. Para Alsalem la violencia contra las afganas constituye “una forma de destrucción física o psicológica de las mujeres”, lo que podría considerarse una forma de femigenocidio.
Y por otra parte, rechaza la tipificación del "apartheid de género" planteado en el informe. Si bien no indica cuáles son las razones, es de suponer que es porque aboga por tipificarlo como “apartheid por razón de sexo", es decir, por el hecho biológico de ser mujeres, señalando que la construcción social del sexo (el género), y de las políticas de exclusión extremas, se imponen a las mujeres y niñas por el hecho de ser mujeres, y sin contar con el respaldo de la mayoría de la sociedad afgana; por lo que el régimen talibán impone una opresión y violencia basada en el sexo, no en el género. De hecho, si las niñas y mujeres afganas se identificaran como hombres, vistiéndose con su indumentaria y alegando que se sienten hombres, no podrían librarse del yugo talibán.
Apartheid por razón de sexo contra las mujeres y niñas afganas
El término "apartheid de sexo" es el que corresponde a la arquitectura de las ilegítimas leyes de deshumanización de las mujeres y niñas del régimen impuesto por parte de los talibanes, dado que existe: segregación y exclusión sistemática de todos los espacios públicos; control absoluto sobre la autonomía personal y la movilidad; denegación de derechos humanos básicos, violando tratados internacionales que Afganistán ha firmado, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y CEDAW; violencia y coerción institucionalizada que incluye detenciones, torturas, violencia sexual y física, matrimonios forzados de niñas, lapidaciones públicas, asesinatos y la deshumanización extrema que pone en peligro la salud física y mental de las mujeres, como demuestra este estudio de 2023 que advierte del grave deterioro que sufren, configurando el crimen de femigenocidio, es decir, el exterminio material y/o social de las mujeres y niñas por el hecho de serlo.
Esta exclusión sistemática de las mujeres y niñas de su condición de sujeto de derechos, que incluye violencia, humillación, privación de derechos humanos fundamentales, configura un caso inequívoco de apartheid que, en el marco del Derecho Internacional, debe ser reconocido y perseguido como crimen de lesa humanidad bajo los apartados h y j del artículo 7.1. del Estatuto de Roma.
Es tiempo de que la ONU reconozca el apartheid por razón de sexo contra las mujeres y niñas afganas y que la Corte Penal Internacional haga cumplir la ley, procesando y castigando a los criminales del apartheid y protegiendo a las afganas dentro y fuera del Afganistán. Igualmente, es hora de que EEUU, la UE y los demás países de la comunidad internacional actúen cumpliendo la legislación internacional que obliga a proteger los derechos humanos.
Lo que está ocurriendo en Afganistán no se limita a sus fronteras. El apartheid representa un precedente jurídico, político y social muy peligroso que podría inspirar retrocesos similares de los derechos de las mujeres y niñas en otros países islámicos, donde la Sharía se va imponiendo sobre las leyes civiles, con el ánimo de despojar a las mujeres de su dignidad y derechos más básicos. La lenidad de la ONU y de los países de la comunidad internacional frente al apartheid contra las mujeres afganas no es mera pasividad porque, en casos de flagrante y grave violación de derechos humanos, el silencio es complicidad.
Las feministas españolas no olvidamos a nuestras hermanas afganas, y seguimos exigiendo que se reconozcan sus derechos y las protejan.